Ricardo Raphael
Vicente Fox convoca a pactar una tregua con los criminales y propone una ley de amnistía. (Por fortuna ya no es presidente). Felipe Calderón reclama a sus adversarios políticos: según él, la situación por la que atraviesa el país se debe a la mezquindad de los partidos. Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, dice que no es el momento de buscar responsables.
Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, culpa a la secretaría de Gobernación. La Procuraduría General de la República sospecha que pudo haber complicidad de los policías municipales. La empresa que administraba el Casino Royale, en voz de su abogado, aclara que los dueños también son víctimas y que por tanto no pagarán indemnización a los deudos. ¡Fueron 52, carajo, y la infamia moral es la actitud que prevalece! Señalar al de enfrente con tal de zafarse es lo único para lo que hay destreza. Que a las víctimas y sus familiares se los lleve de nuevo el infierno. La justicia no es para ellos sino para quien tiene el micrófono. ¿Quiénes fueron los sujetos que a las 15:48 del pasado jueves descendieron de tres vehículos y vaciaron gasolina frente a la puerta principal de ese centro de juego?
El presidente Calderón los ha llamado terroristas pero a diferencia de los que sí lo son, éstos de Monterrey no dejaron nota, ni enviaron un comunicado, ni se adjudicaron la tragedia. Tampoco iban encapuchados; asunto que no es menor. Quien va a asesinar a media centena de seres humanos y no se cubre el rostro, o está loco o bien tenía previsto originalmente hacer otra cosa. Según los testimonios que la prensa ha ido recogiendo entre los sobrevivientes, antes de encender el fuego los criminales advirtieron que aquello no iba dirigido hacia los clientes.
Trascendió también que esta ocasión no fue la primera en que el Casino Royale tuvo una visita tan siniestra. Hace seis meses otro grupo armado acudió al mismo sitio pero los empleados de seguridad cerraron las puertas de emergencia para que los mafiosos no pudieran entrar. ¿Qué querían aquellos criminales? ¿Son los mismos del jueves? Una hipótesis es que en ambos casos se buscara amenazar a los dueños por no pagar la cuota que en estos tiempos las organizaciones ilegales exigen a los establecimientos regulares.
Otra, que se trató de un escarmiento porque el casino lava dinero para la banda delincuencial opuesta. En cualquier caso, los propietarios tendrían varias cosas que declarar. El problema comienza cuando ni siquiera el secretario de Gobernación sabe el nombre del dueño del lugar. Resulta que su dependencia no ha visitado durante los dos últimos años el establecimiento; hecho harto sospechoso si se supone que el gobierno federal está metido de cabeza en una guerra contra el crimen organizado y firmas como ésta suelen ser refugio para blanquear dinero. Más grave se pone la circunstancia cuando al menos tres distintos grupos empresariales son acusados de regentear el negocio y aún no se sabe a quién —con nombre y apellido— pertenece el bien incendiado.
La periodista Sanjuana Martínez dio con una pieza central de esta trama cuando entrevistó a alguna de las sobrevivientes. Todo indica que las puertas de emergencia del centro de apuestas estuvieron cerradas durante el accidente. El acceso norte del Casino, por lo general abierto durante las 24 horas del día, fue bloqueado. Lo mismo que la salida exclusiva para el personal. ¿Por qué se obstruyeron esas entradas? ¿Quién lo ordenó?
Estas preguntas tienen importancia porque, según los médicos legistas, la gran mayoría de las víctimas no murió por quemaduras sino por asfixia. Cabe desde luego interrogarse también sobre el papel jugado por protección civil. Como en el caso del ABC, aquí también la autoridad podría haber sido negligente en sus inspecciones.
Resulta además sospechoso que elementos de la policía municipal hayan estado apostados a escasos 200 metros del casino y no sospecharan nada. Ahora que supuestamente la autoridad local detuvo a dos de los perpetradores acaso podrán irse despejando algunas de estas dudas. Claro está, si es que no se trata de meros chivos expiatorios.
El jueves 25 de agosto de 2011 ocurrió uno de los episodios más tristes en la vida de la ciudad de Monterrey, y por tanto en la historia del país. En lugar de asumirlo así y colocar a las 52 personas que perdieron la vida en el corazón de las preocupaciones, algunos parecen andar ocupados en asuntos más pueriles. Escupen palabras, recriminaciones y excusas que atinan justo en el centro del lugar donde no está el problema. El dolor palpita en otra parte y merece mucho más respeto. Analista polírico
Vicente Fox convoca a pactar una tregua con los criminales y propone una ley de amnistía. (Por fortuna ya no es presidente). Felipe Calderón reclama a sus adversarios políticos: según él, la situación por la que atraviesa el país se debe a la mezquindad de los partidos. Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, dice que no es el momento de buscar responsables.
Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, culpa a la secretaría de Gobernación. La Procuraduría General de la República sospecha que pudo haber complicidad de los policías municipales. La empresa que administraba el Casino Royale, en voz de su abogado, aclara que los dueños también son víctimas y que por tanto no pagarán indemnización a los deudos. ¡Fueron 52, carajo, y la infamia moral es la actitud que prevalece! Señalar al de enfrente con tal de zafarse es lo único para lo que hay destreza. Que a las víctimas y sus familiares se los lleve de nuevo el infierno. La justicia no es para ellos sino para quien tiene el micrófono. ¿Quiénes fueron los sujetos que a las 15:48 del pasado jueves descendieron de tres vehículos y vaciaron gasolina frente a la puerta principal de ese centro de juego?
El presidente Calderón los ha llamado terroristas pero a diferencia de los que sí lo son, éstos de Monterrey no dejaron nota, ni enviaron un comunicado, ni se adjudicaron la tragedia. Tampoco iban encapuchados; asunto que no es menor. Quien va a asesinar a media centena de seres humanos y no se cubre el rostro, o está loco o bien tenía previsto originalmente hacer otra cosa. Según los testimonios que la prensa ha ido recogiendo entre los sobrevivientes, antes de encender el fuego los criminales advirtieron que aquello no iba dirigido hacia los clientes.
Trascendió también que esta ocasión no fue la primera en que el Casino Royale tuvo una visita tan siniestra. Hace seis meses otro grupo armado acudió al mismo sitio pero los empleados de seguridad cerraron las puertas de emergencia para que los mafiosos no pudieran entrar. ¿Qué querían aquellos criminales? ¿Son los mismos del jueves? Una hipótesis es que en ambos casos se buscara amenazar a los dueños por no pagar la cuota que en estos tiempos las organizaciones ilegales exigen a los establecimientos regulares.
Otra, que se trató de un escarmiento porque el casino lava dinero para la banda delincuencial opuesta. En cualquier caso, los propietarios tendrían varias cosas que declarar. El problema comienza cuando ni siquiera el secretario de Gobernación sabe el nombre del dueño del lugar. Resulta que su dependencia no ha visitado durante los dos últimos años el establecimiento; hecho harto sospechoso si se supone que el gobierno federal está metido de cabeza en una guerra contra el crimen organizado y firmas como ésta suelen ser refugio para blanquear dinero. Más grave se pone la circunstancia cuando al menos tres distintos grupos empresariales son acusados de regentear el negocio y aún no se sabe a quién —con nombre y apellido— pertenece el bien incendiado.
La periodista Sanjuana Martínez dio con una pieza central de esta trama cuando entrevistó a alguna de las sobrevivientes. Todo indica que las puertas de emergencia del centro de apuestas estuvieron cerradas durante el accidente. El acceso norte del Casino, por lo general abierto durante las 24 horas del día, fue bloqueado. Lo mismo que la salida exclusiva para el personal. ¿Por qué se obstruyeron esas entradas? ¿Quién lo ordenó?
Estas preguntas tienen importancia porque, según los médicos legistas, la gran mayoría de las víctimas no murió por quemaduras sino por asfixia. Cabe desde luego interrogarse también sobre el papel jugado por protección civil. Como en el caso del ABC, aquí también la autoridad podría haber sido negligente en sus inspecciones.
Resulta además sospechoso que elementos de la policía municipal hayan estado apostados a escasos 200 metros del casino y no sospecharan nada. Ahora que supuestamente la autoridad local detuvo a dos de los perpetradores acaso podrán irse despejando algunas de estas dudas. Claro está, si es que no se trata de meros chivos expiatorios.
El jueves 25 de agosto de 2011 ocurrió uno de los episodios más tristes en la vida de la ciudad de Monterrey, y por tanto en la historia del país. En lugar de asumirlo así y colocar a las 52 personas que perdieron la vida en el corazón de las preocupaciones, algunos parecen andar ocupados en asuntos más pueriles. Escupen palabras, recriminaciones y excusas que atinan justo en el centro del lugar donde no está el problema. El dolor palpita en otra parte y merece mucho más respeto. Analista polírico
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