Legisladores priístas pugnan ahora por aplicar "soluciones globales" en lucha contra el narco

El ataque al casino de Monterrey no es un hecho de esa naturaleza: Muñoz Ledo

Al hablar de terrorismo, Calderón abre puertas a una intervención

Reprueban perredistas que la agenda nacional gire según la necesidad mediática del Presidente

Las secretarías de Seguridad Pública federal y de la Defensa Nacional empezaron a enviar ayer otros 3 mil elementos a Nuevo León para combatir el crimen organizado. En la imagen, agentes en el Centro de Mando de Iztapalapa que fueron comisionados a esa entidadFoto Carlos Cisneros

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 5

Derivada de la tragedia en Monterrey, Nuevo León, la demanda de Felipe Calderón al Congreso federal de aprobar las reformas a la ley de seguridad nacional, que otorgarían nuevas y amplias atribuciones a las fuerzas armadas, propició respuestas divergentes en la Cámara de Diputados, donde ahora se pretende aplicar un cúmulo de soluciones globales a las causas de la violencia criminal y el sicariato.

Mientras los priístas claman ahora por la búsqueda de soluciones de fondo y su postura coincide con la celebración de un foro llamado Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, al que asistirán, entre otros, el magistrado español Baltasar Garzón, Leoluca Orlando, ex alcalde de hierro de Palermo, y José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, otra visión, que parte desde algunas posiciones del PRD y del PT, advierte que nada detendrá la espiral de violencia en el país más que la solución de la vergonzosa pobreza y el abandono de la mayoría de los mexicanos, quienes son considerados números prescindibles antes que personas.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, reprobó el calificativo de terrorismo al trágico suceso en Monterrey. “Es muy grave. En su afán por hacerse el irresponsable, (Felipe) Calderón debe tener mucho cuidado con lo que dice. Al decir en nombre del Estado mexicano que fue terrorismo, está anunciando que abre la puerta a militarizar el país.

Sin duda es un acto abominable, de violencia extrema. Es, posiblemente, la respuesta a una tentativa de extorsión o negativa a recibir protección, un acto de relación entre particulares y criminales. Esto es barbarie, pero no terrorismo.

–La palabra terrorismo había estado ausente del discurso oficial –se le comentó.

–El terrorismo tiene que ver con aterrorizar a la población, con el propósito de cambiar un régimen político. Es una tontería calificar eso de terrorismo. Que causa terror, pues da, es abominable, pero no es el 11 de septiembre. ¡No lo es! Aquello tenía contenido ideológico. Y ahora, al calificarlo así, Calderón está justificando la presencia de tropas estadunidenses en México. ¿No hay en México un Congreso que pueda llamar a cuentas a los gobernantes? El nivel de irresponsabilidad de Calderón no tiene límites, y el PRI prefiere deteriorar a Calderón para ganar las elecciones. Esto es el caos y todos nos preguntamos cómo es posible que el torpe de Vicente Fox regañe a Felipe Calderón.

En tanto, los priístas, mediante la Comisión de Derechos Humanos, manifestaron que debido a las condiciones de vulnerabilidad social es urgente elaborar propuestas de solución global para la lucha contra la delincuencia, a partir de experiencias de diversos países en el combate al narcotráfico, con el fin de abrir un espacio de reflexión del cual surjan propuestas legislativas en materia de inseguridad y crimen organizado para configurar un nuevo escenario político de cara a la problemática en materia de seguridad que enfrenta el país, con respeto irrestricto a los derechos humanos.

Jorge Rojo García de Alba, diputado del Revolucionario Institucional, expuso que es inadmisible utilizar los hechos de violencia para medrar políticamente en favor de un partido, con el propósito de alcanzar el poder político o conservarlo.

Si esa es la intención, se debe tomar en cuenta que la sociedad está cansada de las pésimas decisiones que los políticos adoptan bajo el supuesto del bien común. El desbordante fenómeno de la violencia, que afecta el ánimo, la seguridad y los bienes de millones de mexicanos, demanda una respuesta pronta y global a los históricos problemas de pobreza, abandono social, escasas oportunidades de desarrollo, equilibrio en el reparto de la riqueza, educación de calidad para todos y servicios de salud que den respuesta a la dignidad de las personas.

En el foro mencionado también participarán Diego Valadés, Luis de la Barreda Solórzano, Ruperto Patiño Manffer, Luis Ocampo Moreno, Dolores Delgado García y Fernando Andreu Merelles.

Por su parte, la diputada perredista Esthela Damián reprochó que la agenda nacional esté girando y tomando prioridades de acuerdo con las necesidades mediáticas y de propaganda de Felipe Calderón. Si bien la postura es apostar por la seguridad y la legalidad, el problema se presenta con la iniciativa que el jefe del Ejecutivo envió al Congreso, porque es claramente violatoria de los derechos humanos.

La diputada argumentó que en el debate se presenta desorden normativo, el cual debe ser resuelto. Comentó que la legislación recién aprobada sobre derechos humanos contradice en su esencia el proyecto de minuta que se encuentra en proceso de dictamen en la Comisión de Gobernación.

Ya nos metimos en un laberinto, porque se violaría la ley de derechos humanos. Estamos entrampados y tenemos que darnos la oportunidad de revisar el papel del Ejército, porque cualquier decisión que asumamos será clave para el desarrollo del país y la evolución o involución de la democracia.

Enrique Ibarra, diputado por el PT e integrante de la Comisión de Gobernación, reprochó con dureza la presión de Calderón para aprobar con urgencia las reformas a la ley de seguridad.

Calderón no halla a quién echarle la culpa de su ineficiencia, ineptitud y estrategia fallida, y quiere repartirla a instancias ajenas a la responsabilidad que tiene. No vamos a variar, y por los sucesos trágicos en Monterrey se quiere presionar para legalizar lo ilegal: la suspensión de garantías individuales.

–El reclamo, la demanda, es abierta –se le planteó.

–Es un intento efectista que le dura algunos días a Calderón, pero no nos debe llevar a legislar irresponsablemente para colocar a los mexicanos en un régimen de mayor vulnerabilidad.

Hasta el cansancio lo hemos dicho. Los problemas de esta naturaleza se deben encarar desde las causas que los originan: pobreza, falta de oportunidades para los jóvenes y trabajos con buenos salarios. Lamentablemente la obcecación de Felipe Calderón es irracional. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro papel de representar las garantías de la gente y pugnar por un cambio.