Ricardo Raphael
La ingenuidad radica en pensar que vivimos en un país corrupto porque faltaba una institución dedicada a perseguir delincuentes. Atrapados en la lógica de un western hollywoodense, suponen los legisladores que basta con inventarse un alguacil, de esos que portan una lucidora estrella plateada sobre el pecho, para que al final del largometraje los buenos triunfen y seamos todos felices.
La Comisión Anticorrupción es una invención demagógica, una medicina inadecuada para la enfermedad. En México no se requiere de un emblemático bombero para apagar el fuego sino de un robusto sistema de alarmas para combatir el incendio que hoy nos significa la corrupción. Sin embargo, el sistema necesario quedó pospuesto para mejores tiempos.
¿Cómo atacar un problema complejo y sistemático sin una solución que tenga características similares?
La corrupción en México no es la obra de unos cuantos personajes muy deshonestos, sino de todo un entramado de arreglos, prácticas, instituciones, actores y valores. No basta por tanto con perseguir y meter a la cárcel a dos docenas de malosos para que el país se vuelva honesto. El reto es mucho mayor. Para dotarse de un código de honor distinto al imperante, la República está necesitada de un renovado sistema de cuentas, de controles, de instituciones y de personas que, coordinados y coherentes, se dispongan con eficacia para combatir la corrupción.
Este sistema no puede ser sustituido por un solo actor. Uno más que se añada a la larga lista de piezas sueltas que ya hay y que, por su fragmentación, no han sido capaces de resolver el problema: órganos internos de control, órganos superiores de fiscalización, procuradurías locales y federales de justicia, institutos de transparencia, tribunales de todos sabores y más.
Durante los últimos tres lustros el país ha invertido mucho dinero y salarios en organizaciones del Estado dedicadas a la rendición y la exigencia de cuentas. Sin embargo, poco se ha hecho para lograr que estas instancias se conecten entre sí y operen con armonía. En revancha, lo que tenemos en México es una coladera de anchos agujeros donde se cuelan los peces más gordos y también los delgados.
A tan contrahecha arquitectura ahora se sumará un gran bombero Anti-Corrupción (a nivel nacional) y otros treinta y dos (uno para cada estado).
Más burocracia para dar la impresión de que se está en contra de la deshonestidad, pero menos eficacia a la hora de enfrentar el problema real.
Es cierto que un sistema no se vende tan bien ante la opinión pública como la creación de un nuevo superhéroe pero, a la postre, lo segundo se revelará ocioso y tendremos que regresar a lo que era fundamental.
Mientras este despropósito avanza, el Estado mexicano se aleja del modelo de control que ha probado virtudes en otras partes del mundo. La prevención es muy importante cuando se trata de erradicar actos ilícitos dentro del Estado y en esa tarea los órganos internos de control son muy importantes. No se trata propiamente de instancias persecutorias de delito sino de órganos que se anticipan a los hechos para que los funcionarios públicos, por acción o por omisión, no tuerzan la ley.
Hasta antes de que arrancara el presente sexenio, a nivel federal los órganos internos de control debían ser coordinados por la Secretaría de la Función Pública. Este ministerio desapareció justo para dar paso a la Comisión Anticorrupción. Pero en el nuevo diseño la instancia coordinadora desapareció y la nueva no puede tomar sus atribuciones. Con ello, la prevención de los actos corruptos ha sido desplazada y sin ella el sistema incrementa sus posibilidades de fallo.
Otro conflicto evidente del nuevo diseño tiene que ver con que la naciente agencia solo atenderá actos de “corrupción”, dejando fuera el resto de irregularidades que no son propiamente episodios de deshonestidad (error, mala interpretación, asignaciones equivocadas, cuentas llevadas de manera inadecuada) y, sin embargo, deberían también ser reconducidos gracias a la actuación de los órganos de control.
Una última observación: este órgano autónomo —bombero o alguacil— solo podrá imponer sanciones administrativas (multas o prohibiciones para ocupar cargos públicos) porque no pudo ser facultado para privar de la libertad a los inculpados. Esa sigue siendo solo facultad de las procuradurías.
Se trata en efecto de un gran monigote desdentado que abona poco a la solución y que sin embargo no podrá pasar desapercibido. Un Gólem mexicano para sumar a la colección.
Analista político
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