REPORTAJE
Ven a mexicanas como vulnerables y no garantizan derechos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-Sin una idea clara de política pública con visión de género, los mecanismos para el adelanto de la población femenina consideran a las mexicanas como un grupo vulnerable al que deben atender.
La falta de interés gubernamental para asegurar los derechos de las mujeres también se refleja en la visión que se tiene de ellas como un grupo “vulnerable” al que hay que brindar programas asistencialistas, postura que han replicado los institutos estatales de la Mujer.
Creados
para transversalizar la política de género en toda la administración
pública, esos mecanismos centran su labor en talleres, capacitaciones o
asesorías, que –como critican expertas en género– no tienen un impacto
real o a largo plazo en la vida de las mexicanas.Lo anterior se debe a que existe un erróneo entendimiento de lo que son las políticas públicas con perspectiva de género, a la falta de capacidad o voluntad política de las titulares de las instancias, e incluso a que no se tiene claro cuál es el papel de los mecanismos a nivel gubernamental.
En 2010 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizó la evaluación “Estrategias implementadas por las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, y reconoció que existía una confusión sobre las funciones de estas dependencias.
Según la evaluación, a los institutos estatales les faltaba definir claramente su papel como actores de la conformación y seguimiento de políticas públicas en materia de género y combate a la violencia.
Asimismo, los institutos lograron solamente capacitar a funcionarios, certificar en perspectiva de género a dependencias, sensibilizar a la población sobre violencia, crear sistemas estatales contra la violencia, e instalar centros de atención especializada, entre otras acciones de menor alcance.
Un ejemplo es el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social estatal–, que tiene una línea telefónica para atender a víctimas de violencia y cuenta con unidades de asesoría jurídica y psicológica.
También ofrece talleres sobre “maternidad responsable” o cursos para elaborar cloro, pino, champú, gel para el cabello o gel antibacterial, y como la instancia atiende por igual a personas adultas mayores también brinda despensas.
CERO EMPODERAMIENTO
La investigadora de la UNAM Gabriela Delgado explica que la concepción errónea de lo que es una política pública ha llevado a muchas directoras de los institutos a trabajar de manera asistencial, “lo que realmente no incide en las estructuras mentales de las personas para que haya un cambio de expectativas sobre el rol y papel de las mujeres”.
Señala que en muchos casos las mujeres son consideradas como “un grupo vulnerable que necesita ser asistido” y desde esa visión se diseñan sexenalmente los programas, cuyo objetivo debería ser empoderar a las mexicanas, lo que inicia con el reconocimiento de sus Derechos Humanos.
Y aunque hay programas que tienden al empoderamiento, “el problema es dónde se ubican”, ya que una de las funciones de los mecanismos estatales es lograr la coordinación con otros sectores de gobierno, y “de nada sirve capacitar a las mujeres en plomería o creación de microempresas” si no hay un vínculo con otras instancias para que esa capacitación mejore la vida de las mujeres.
Delgado agrega que tampoco beneficia la asesoría psicológica si no se da un seguimiento real a los casos de violencia para saber qué ocurrió tras la atención. La académica cuestiona si tales asesorías abarcan plenamente la situación de violencia de género que atraviesan las mujeres en los estados.
Un ejemplo de la falta de cobertura en ese sentido es Chihuahua – entidad marcada por un agudo feminicidio–, donde el instituto estatal ofrece clases de yoga y talleres de “crianza segura y amorosa para madres de familia”.
En 2012 el mecanismo reportó haber brindado asesoría inicial psicológica a 458 mujeres, mientras que en el área jurídica la cifra de atención apenas llegó a 279 chihuahuenses.
En 2010 Inmujeres argumentó que estas instancias debían coordinar las acciones de las demás dependencias estatales, además de que estaban obligadas a dar atención en centros especializados, ya que es una condición para recibir presupuesto federal.
Paola Monroy, consultora en género y quien a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un análisis sobre las capacidades de los institutos de las mujeres, apunta que aún es complicado que se entienda que un instituto no es una instancia de atención a las mujeres.
Para la especialista si bien una instancia puede tener una ventanilla de atención a la población femenina, en realidad ello deber ser parte de una acción afirmativa más amplia para establecer estrategias en aras de la igualdad de género.
Explica que en el caso del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), actualmente se empieza a abandonar el trabajo desde la perspectiva de familia, por lo que ha tomado acciones como sumarse a la campaña de la ONU “Código naranja” (contra la violencia de género), y si bien el mecanismo está inmerso en la capitación, ya empieza a diseñar programas estratégicos de atención a las mujeres.
Lograr que todos los institutos locales comiencen a trazar programas realmente enfocados al empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos, es una acción –a decir de las especialistas consultadas– de carácter urgente, una transición que debe ir acompañada por la sociedad civil, cuyas propuestas serán el colofón de esta serie de reportajes.
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