Las reformas que se acaban de aprobar abren una nueva era para México, pero no será una aurora, sino un retorno a las páginas más negras de la historia de despojo y abuso que pueblan nuestra memoria histórica.
La
aprobación del paquete legislativo relativo a la reforma energética que
cerró esta semana, concluye lo que podríamos considerar el primer
tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Primer tercio que consistió
en completar la serie de reformas estructurales indispensables para
terminar de establecer en México el Estado Mínimo, que habían quedado
pendientes desde el año 2000, cuando el PRI tuvo que ceder el poder
presidencial y legislativo y se dio paso al México de la Alternancia
política. Así, y a pesar de por diversas razones, las reformas
estructurales no han dado los frutos prometidos y esperados, México
sigue en la ruta marcada por el neoliberalismo desde 1982. Ruta de la
que se alejan cada vez otros países de la región como Brasil, Perú,
Bolivia, Argentina y Uruguay.
La privatización de empresas
paraestatales, se trocó en monopolios privados ineficientes y onerosos
para la economía doméstica; la privatización del ejido llevó al
desmantelamiento de la economía campesina y al flujo migratorio
internacional de jóvenes mas grande en la historia del país; la
apertura indiscriminada y abrupta llevó al desmantelamiento de la
industria nacional y elevó al triple el componente de importación de lo
que se produce y se consume en México.
No ha habido crecimiento
del empleo, con lo que nuestro bono demográfico (jóvenes en edad
productiva) languidece y envejece (en 2027 el porcentaje de población
mayor a 65 años será 60%), 30% de la poblaciónestá fuera del Estándar
de trabajo cubierto por la Ley del Trabajo y por tanto sufre violación
en su derecho al salario justo; los salarios actuales tienen 70% del
poder adquisitivo que en los años 80’s. Solo 5% de la población cubre
los requisitos de tener un Trabajo Decente (OIT). Por lo que tener
empleo en México no significa escapar de la pobreza ya que más del
18.5% de la fuerza laboral no cuenta con el ingreso suficiente para
cubrir sus necesidades básicas (OCDE, 2014).
La reforma laboral
largamente aplazada que finalmente se logra en 2012, no ha cumplido la
promesa con la que fue promocionada por Felipe Calderón, en el sentido
de crear empleos y reducir la informalidad. Por el contrario, ha
contribuido a crear informalidad ahora aún dentro el sector formal del
empleo. Ya que de acuerdo a los datos de la ENOE (INEGI, 2014-I) uno y
medio de cada cuatro empleados en el sector formal de la economía,
labora sin contrato y sin prestaciones laborales. Y la tasa de
informalidad laboral en el primer trimestre de 2014 cubre a 62% de la
población ocupada total.
Desde el punto de vista de las
instituciones y la democracia, las cosas no han sido mejores. Cierto
que la vía electoral se ha consolidado como la forma de acceso al poder
en México y la calidad de las mismas ha ido mejorando en comparación a
lo que ocurría en la primera mitad del siglo XX. Pero esta mejoría ni
se ha estabilizado, ni está generalizada en todo el país. En el primer
caso hemos asistido desde 2006 a un descenso en la calidad y confianza
ciudadana en este tipo de procesos por prácticas de mercadeo de los
votos. Asimismo la confianza de la ciudadanía en el sistema de
partidos es descendente exhibiendo niveles de confianza semejantes a
los que se tenían en los años previos a la reforma electoral de 1978.
Ciertamente
la Alternancia del 2000 representó una especie de “aurora democrática”
fortaleciendo la percepción de que el régimen político mexicano,
caracterizado por una especie de “autoritarismo incluyente” (Cavarossi,
2000) o por una “dictablanda” o “perfecta” (Vargas Llosa) finalmente
iría adoptando los perfiles institucionales de los regímenes
democráticos avanzados: equilibrio e independencia de poderes;
transparencia, rendición de cuentas, neutralidad burocrática; imperio
de la ley sin distinciones ni excepciones; pluralismo en la
comunicación social; ciudadanía informada y participativa. No obstante
si bien hubo avances para nada menores en algunas de estas vertientes,
la fragmentación del poder y la ausencia de reformas en el sistema de
gobierno para hacerlo afín y funcional a la pluralidad partidaria que
arrojaban las urnas; terminaron por ahogar esta aurora y el
estancamiento político y económico hicieron el resto.
Pero no
se reformó a fondo el poder legislativo, anclado en las viejas
prácticas de legislar al vapor; sin hacer análisis exhaustivo de las
implicaciones jurídicas de cada legislación que se introduce, dando
origen, en su conjunto, a un cuerpo normativo abigarrado,
contradictorio, ambiguo, redundante, que facilita la discrecionalidad
en la interpretación y aplicación de las leyes. El debate es
insuficiente y poco informado y la cultura de mayoritear sigue
predominando aún en reformas de gran calado que requieren una base de
consenso sólida para tener toda la certidumbre y aceptación social que
serían deseables en una visión de Estado.
El Poder Judicial con
todo y sus avances, sigue siendo un poder opaco, con escasa rendición
de cuentas y talante conservador, rodeado de un halo de divinidad con
la cual se dan el lujo de tomar sus decisiones sin dignarse exponer
ante la ciudadanía los argumentos jurídicos que orientaron sus votos.
Mientras el sistema de justicia permanece postrado en la más supina de
la ineficiencias (92% de delitos impunes).
El Poder Ejecutivo
tampoco se ha renovado. La neutralidad burocrática y la capacidad
técnica que son santo y seña de un aparato público eficiente, están
lejos de ser realidad, por lo que tenemos la burocracia mas cara y mas
ineficiente de todos los países de la OCDE.
La llegada de la Segunda Alternancia no ha anunciado una aurora sino un Dejá Vu
pretendiendo la imposible restauración del poder presidencial, que no
la consolidación democrática. Y digo imposible porque la base material
y las fuentes sociales del poder político que hicieron posible el
presidencialismo mexicano (1945-1996) ya no están ahí para
sustentarlo. El Estado mexicano carece hoy de las palancas efectivas
para reactivar la economía y su debilidad será mayor cuando pierda la
mayor parte de la renta petrolera.
Por otra parte el talante de
las reformas, tanto la de telecomunicaciones como la energética apuntan
mas que al restablecimiento, a un nuevo tipo de corporativismo en el
Estado: el corporativismo de las grandes empresas en vez del
corporativismo de las grandes centrales sindicales y campesinas. Porque
fueron éstos nuevos actores los convocados y escuchados en la
confección de ese enjambre de nuevas disposiciones que intersectan de
arriba a bajo y en muchos aspectos, las bases jurídicas del
constitucionalismo político y social del Estado mexicano.
Las reformas que se acaban de aprobar en efecto, abren
una nueva era para México, pero no será una aurora, sino un retorno a
las páginas más negras de la historia de despojo y abuso que pueblan
nuestra memoria histórica.
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