Otro freno a los transgénicos

Silvia Ribeiro*

El 22 de julio, un juez de distrito en Yucatán, respondiendo al amparo de organizaciones de apicultores, campesinos y ambientalistas, anuló un permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica en Yucatán, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Jorge Fernández, del Colectivo MA OGM, refirió que con esta decisión se prohíbe, por ahora, la siembra de soya transgénica en el estado de Yucatán, lo cual se suma a las sentencias en el mismo sentido que se emitieron en Campeche, en marzo y abril de 2014, a favor de apicultores mayas. Un soplo de aire fresco, tan necesario frente a la guerra múltiple contra el campo, contra la vida campesina, comunitaria, de los pueblos, contra la salud de todos.

En febrero de 2012, las organizaciones Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Miel Integradora SA de CV, la Sociedad de Solidaridad Social Apícola Maya de Yucatán, la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos y Greenpeace demandaron a Sagarpa y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) por la inconstitucionalidad que significa permitir la siembra comercial de soya transgénica. No obstante, en junio de 2012 la Sagarpa, con el aval de Semarnat, autorizó la siembra comercial de 235 mil hectáreas de soya transgénica en siete estados del país, entre ellos Yucatán.

El fallo actual, concediendo el amparo a favor de los apicultores mayas, establece que no se cumplió con el derecho a la consulta libre previa e informada a las comunidades mayas y que la siembra de soya transgénica los puede afectar en sus bienes jurídicos (económicos, laborales y ambientales) por las consecuencias que pudiera generar en el entorno natural la liberación de ese cultivo. Reconoce también el interés legítimo de las comunidades mayas, cuya actividad económica tradicional es la apicultura y la vulnerabilidad a la que quedan sometidos con esta siembra. La apicultura es uno de los principales rubros de exportación de México y la mayoría la producen en la península de Yucatán unas 25 mil familias campesinas e indígenas.

La sentencia expone la violación cometida por Semarnat al avalar ante Sagarpa la siembra de transgénicos, contradiciendo arbitrariamente y con alevosía los dictámenes negativos vinculantes de las autoridades técnicas oficiales que son expertas en la materia. En este caso, al igual en que muchos casos de siembras experimentales de maíz transgénico, decidió ignorar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) dictaminaron que no se debía autorizar la siembra de soya transgénica en la península, por los riesgos que significa.

En una tónica similar de cinismo, el 18 de julio el titular de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, inauguró el foro Biotecnología, insumos estratégicos y equipamiento, parte de la supuesta consulta para la reforma al campo planteada por el Ejecutivo. Martínez y Martínez declaró a la prensa que las modificaciones legales en materia energética traerán muchos beneficios al campo mexicano, como la fabricación de fertilizantes nitrogenados. Obvió mencionar que la inclusión en esas mismas leyes de cláusulas que garantizan prioridad a las trasnacionales para ocupar, apropiarse y contaminar cualquier territorio campesino, indígena o cualquier otra tierra que se les antoje, van a dejar a los campesinos y agricultores sin tierra que fertilizar.

Cundió en ese foro la falta de objetividad, la parcialidad y el uso de argumentos falseados a favor de los transgénicos, a menudo disfrazados de argumentos científicos. Científicos amigos de la industria biotecnológica se dolieron que la ley de bioseguridad –que ni las autoridades respetan, como señala la sentencia en Yucatán– es muy complicada y debe ser simplificada. En esa lógica podría suceder que la Semarnat –que ya cambió su reglamento interno para que los dictámenes de las dependencias que saben sobre transgénicos no sean vinculantes– proponga eliminar totalmente su propia participación en el proceso, ya que de todas maneras le basta con que lo que digan las transnacionales y unos cuantos científicos pro-transgénicos.

Varios ponentes del foro repitieron el absurdo de que los transgénicos aumentarán la producción y ayudarán a contrarrestar el cambio climático. Cada argumento allí vertido es falso: según estadísticas oficiales de los principales países productores de transgénicos, el promedio de dos décadas muestra que rinden menos, son más caros, aumentan exponencialmente el uso de agrotóxicos. La agricultura industrial es oficialmente una de las tres principales causas del cambio climático y los transgénicos la aumentan. Consciente de la falacia de sus argumentos, el gobierno nunca organiza ni acepta debates que tengan un equilibrio de participantes, tiempos y recursos, para que científicos, productores, campesinos y organizaciones críticas a los transgénicos los confronten.

Las sentencias de Yucatán y Campeche, así como la continuación de la demanda de suspensión nacional a la siembra de maíz transgénico –que se sostiene pese a 70 apelaciones en su contra de empresas y gobierno– son por todo ello elementos importantes que nos dan aliento en los vericuetos de esta pelea tan desigual. Son otras de las muchas caras de la defensa del maíz, de las semillas, de tierras y bosques, de los pueblos y de lo colectivo, que desde comunidades y organizaciones del campo y la ciudad seguiremos construyendo, pese a lo vasto del ataque.

*investigadora del Grupo ETC