Cuando el poder ejecutivo no puede evitar las manifestaciones en las calles, o es condenado por la represión, interviene el legislativo para legalizar el uso de la fuerza y la restricción de derechos.
Carlos A. Ventura Callejas
México. Existe una
andanada de intentos por restringir la participación de las personas y
pueblos en las decisiones medulares del país. La organización social es
mal vista por los gobiernos, y poco a poco se construyen entramados
legales que dejan al libre arbitrio de las autoridades la “pertinencia”
de las protestas sociales.
En medio
de reformas neoliberales, despojos de territorios y bienes comunes,
adelgazamiento de derechos sociales y falta de acceso a la justicia,
las personas y colectivos denuncian esta avalancha de violaciones
sistemáticas a sus derechos. En su mayoría, las organizaciones sociales
se visibilizan precisamente a través de manifestaciones en el espacio
público. La protesta social se configura como un mecanismo que debe ser
considerado por los gobiernos como privilegiado para la resolución de
los asuntos públicos. Es un indicador del grado de descontento o
exigencia que existe entre la población. Sin embargo, pretenden
eliminarla.
Si aumentan las
manifestaciones de protesta, es porque hay más demandas, exigencias y
desavenencias con un Estado que no cumple sus obligaciones respecto a
la realización de la justicia, la paz y la vida digna de las personas y
pueblos. Las protestas también son muestra de la crisis del sistema
representativo, y a través de éstas surgen nuevas formas de
participación política directa. Si se limitan las protestas, se coarta
la vida de los pueblos y se invisibilizan problemáticas que conocemos
por medio de ellas.
En México, en
los últimos meses entramos en un debate sobre manifestaciones y
espacios públicos. Los congresos federal y local iniciaron la
aprobación de legislaciones que limitan derechos asociados con la
protesta social, por ejemplo, los reconocidos en los artículos 13, 16 y
17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los
artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
El poder legislativo
asume con estas nuevas propuestas de leyes la restricción de derechos,
y argumenta falsamente la protección de personas a las que se les
impiden derechos como el libre tránsito, la protección de sus
propiedades, o bien su derecho a la paz y el orden público. Privilegian
la protección de las instituciones políticas y económicas antes que a
las personas que se manifiestan. En realidad, buscan acabar de tajo con
el derecho fundamental a la protesta social.
Las
legislaturas pretenden, a través de estas argucias, consolidar un marco
regulatorio para las protestas e incluso usar la fuerza pública para
impedirlas. Si la parte administrativa del poder ejecutivo no puede
detener por la fuerza que las personas salgan a la calle a protestar,
entonces la legislación se endurece, y so pretexto del Estado de
Derecho y el orden público, se violentan derechos humanos.
Desde
2012, con el ascenso del nuevo gobierno federal, el país es testigo de
represiones violentas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos
en contextos de manifestaciones públicas. La política del Estado, en
lugar de privilegiar las vías del diálogo y la negociación, invierte el
sentido de la fuerza pública y la impulsa hacia las personas titulares
de derechos: pone la yunta delante de los bueyes.
Después
de más de un año de este escenario, y ante la reprobación generalizada
de los actos violentos de cuerpos de seguridad, el Estado giró la
estrategia y llevó al campo de lo legal la posibilidad de reprimir el
disenso. Esto es una práctica recurrente en países donde la brutalidad
policial en protestas es evidenciada; el siguiente paso entonces es
legalizar esa represión: se promulgan leyes penales o administrativas
restrictivas de derechos, se penalizan los actos de organización social
y se estigmatizan como dañinos para la sociedad, se procesa como
delincuentes a activistas y líderes comunitarios, y en los procesos
judiciales se anula el debido proceso. Esto genera un artefacto usado
por el Estado que denominamos criminalización de la protesta social.
La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló, en repetidas
ocasiones, que el uso de la criminalización para inhibir la
participación política de las personas y pueblos hace imposible la
construcción de Estados democráticos. Los Estados tienen que concebir a
la protesta, organización y participación social como conductos para el
ejercicio de muchos otros derechos económicos, sociales, políticos y
civiles. Por ello, deben abstenerse de acallar las voces en las calles,
de lo contrario son, como ahora lo vemos, proclives al autoritarismo.
La
ONU estima que las protestas son una alternativa a la violencia, y un
medio principalísimo de expresión que atrae la atención hacia las
preocupaciones relativas a los asuntos públicos y el logro de cambios
favorables para la sociedad, por tanto, es obligación del Estado
respetar, promover y proteger la realización de este ejercicio entre la
población[1].
También es obligación
estatal atender el tema del género en las manifestaciones, pues existen
actos brutales contra mujeres por parte de los grupos de seguridad, que
por lo general repercuten en el ámbito sexual. Es decir, se les ataca
intencionada y selectivamente, y con ello se inhibe su participación en
espacios de debate público, porque ven amenazada mayormente su
integridad y seguridad personal en medio de protestas por el hecho de
ser mujeres.
Si existen amplios
consensos sobre la importancia de las protestas sociales para las
democracias, entonces ¿qué es lo que temen los malos gobiernos? ¿Por
qué se oponen a las manifestaciones públicas, sobre todo a las de
índole política? ¿Tienen miedo de perder poder, privilegios y
comodidad? El Estado está obsesionado por el control extremo no sólo en
el espacio público, sino también en el digital. Quienes gobiernan
piensan que de esta manera pueden mantenerse estables en el poder, y
por ello no dudan en generar políticas de vigilancia y control de la
sociedad.
Diversas organizaciones,
movimientos y colectivos sociales emprendimos una fuerte denuncia
contra los intentos de limitar el derecho a la protesta. Hacemos
evidente que existe una tendencia a criminalizar a toda persona o grupo
que se presente en los espacios público y digital con reclamos hacia
los gobiernos. El Estado en su conjunto, mediante un engranaje perverso
de los órganos que le conforman, restringe los derechos de personas que
se expresan, defienden sus derechos y hacen uso legítimo de mecanismos
de exigencia de sus causas[2].
Este
tipo de regulaciones cobran sentido cuando vemos el clima político que
vive el país: existe un rechazo hacia la clase política y empresarial
que despoja a las comunidades y pueblos de sus bienes y sus derechos.
Los conflictos aumentan por las disputas entre comunidades y empresas
transnacionales. La falta de consulta y participación en las
principales decisiones del país, el clima de violencia incontenible y
la lacerante impunidad y corrupción en las instituciones hacen que la
sociedad levante la voz, intente transformar y cambiar el rumbo de la
realidad de México. Frente a ello, el Estado se erige como salvaguarda
de los intereses económicos que están en juego, y no titubea en aplicar
el “rigor de la ley” a quiénes osan “desestabilizar el país” y oponerse
al desarrollo.
Este Estado usa su
maquinaria para contener el descontento social por la fuerza y en
beneficio de enormes capitales nacionales o extranjeros. Es él quien
dicta las reglas del juego y dice quién es peligroso, violento y
contrario al “orden y progreso” del país. Este Estado ya no está
legitimado por el pueblo, sino por la fuerza, el miedo y la presión. A
este Estado nos enfrentamos, y lo denunciamos ahora como autoritario,
violento y contrario a los derechos de personas y pueblos. Sigamos
entonces protestando.
El autor
es colaborador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de
Vitoria OP”, A.C. e integrante del Frente por la Libertad de Expresión
y la Protesta Social.
21 de julio 2014
[1] Pueden consultarse diversos informes sobre el tema, por ejemplo: Informe
del Relator sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_sp.pdf
También véase: Seminario sobre medidas efectivas y mejores
prácticas para asegurar la promoción y protección de los derechos
humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, Informe de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, A/HRC/25/32, 29 de enero de 2014, disponible en:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx
[2] Uno de los ejercicios al respecto fue la conformación del “Frente
por la Libertad de Expresión y la Protesta Social” que integran nueve
organizaciones sociales y la Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. En abril de
2014, este Frente emitió un primer informe sobre los retrocesos en
relación con el derecho a la protesta social: Control del Espacio del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el espacio público, disponible en: http://www.redtdt.org.mx/media/descargables/INFORME_Protesta%20Final%202.pdf
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