Para
repudiar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, que permite
el despojo de ejidatarios, comuneros y minifundistas; en defensa del
territorio y el derecho a la alimentación; reforma integral del agro,
contra el extractivismo y respeto a los derechos de pueblos, ejidos y
comunidades; por una Ley de Consulta libre, la libertad de los presos
políticos y otras demandas agrarias, contingentes provenientes de 20
estados de la República, el 23 de julio celebraron en la Ciudad de
México una gran manifestación de 35 mil campesinos, indígenas y
pescadores, con la participación del Frente Popular Francisco Villa
México Siglo XXI, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento
Nacional, el Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala,
Puebla y Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la Coordinadora Nacional
de Organizaciones Populares Línea de Masas, El Barzón, el Sindicato
Independiente de Trabajadores de INCA Rural, la Unión General de
Obreros y Campesinos de México, la Central Campesina Cardenista, la
Central Campesina Independiente, la Central de Organizaciones
Campesinas y Populares, la Unión Campesina Democrática, la Unión
Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la Unión
General Obrera, Campesina y Popular, la UGOCM Jacinto López y otras
organizaciones representativas del campo. Se desarrolló, así, la
respuesta de masas campesinas, indígenas y pesqueras a la reforma
energética y sus leyes secundarias.
La gran manifestación en la capital federal formó parte de una Jornada Nacional en Defensa del Territorio y el Derecho a la Alimentación,
que culminó este 23 de julio. En ella marcharon unidas, organizaciones
bajo la influencia de diversos partidos políticos, incluido el PRI. Su
carácter fue definitivamente unitario.
El documento que
sirvió de base a la gran marcha, plantea: “En medio de una intensa
campaña mediática para sacar adelante la llamada reforma energética,
los impulsores de la misma dijeron en diciembre de 2013 que con ello
sería más barata la vida, que sería más barato el gas y la gasolina;
argumentaron mayores inversiones, y así ‘abrir el sector energético a
la inversión privada nacional y extranjera’. Al efecto modificaron los
artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana, y dieron entrada a la
inversión privada en sectores estratégicos como petróleo, gas y
electricidad. Pero mes con mes continúan los aumentos a la gasolina,
diesel, gas y tarifas de luz para uso doméstico e industrial.
“Y la aparente rectoría del Estado, es ahora cercenada en la
profundización de reformas a través de las llamadas leyes secundarias
en materia energética y que con la Ley de Hidrocarburos, modificaciones
a la Ley Minera, Ley Geotérmica, Ley de Inversión Extranjera y Ley de
la Industria Eléctrica conducen a la legalización del despojo de la
tierra social y el territorio de los pueblos indígenas y comunidades
campesinas.
“Las organizaciones campesinas, indígenas y
pesqueras hemos convenido frenar este despojo descarado, luchar por
acabar con esta desigualdad, contra la ingente pobreza y hambre.
Reivindicamos que a través de la reactivación de la economía campesina
en sus unidades familiares podremos construir una vida digna en el
campo, priorizando el uso de la tierra para la producción de alimentos
y no para la siembra de monocultivos comerciales. Es necesario detener
la embestida a la vida campesina, detener la política extractivista y
depredadora de nuestros recursos naturales”.
En mantas y
carteles los manifestantes expresaron ideas esclarecedoras: “ El hambre
no se combate con despensas, sino con producción de alimentos en
comunidades”, “Si Zapata viviera, que friega les pusiera”, “México
exige soberanía alimentaria y energética”. Y en consignas verbales,
manifestaron su repudio a senadores corruptos y pro gringos, su
decisión de impedir el despojo vendepatria pueblos, ejidos y
comunidades, así como su disposición de emprender acciones que
conduzcan a revertir el reformismo antinacional y entreguista de Peña
Nieto y compañía. Quedan evidenciadas, pues, las amplias posibilidades
de movilización.
La marcha masiva de campesinos e indígenas,
acompañada de manifestaciones en muchas ciudades del país, contra la
política de entrega antinacional de la tierra de ejidatarios, comuneros
y propietarios agrícolas a los monopolios petroleros, gasíferos y
eléctricos, por la reforma del agro y contra la dependencia
alimentaria, representa un paso de enorme importancia para la
recomposición avanzada y progresiva del movimiento de masas, que
permita derrotar a los agentes “mexicanos” del capital extranjero y del
gobierno intervencionista y criminal de Estados Unidos. Los campesinos,
en esta ocasión, señalan a la clase obrera y el pueblo el camino a
recorrer. Queda abierta la posibilidad de grandes acciones de masas que
hagan confluir a campesinos e indígenas, trabajadores asalariados,
estudiantes y pobladores, partidos políticos, sindicatos y otras
organizaciones sociales, sin discriminaciones de ningún tipo, en un
solo torrente antineoliberal, patriótico y popular.
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