Activistas del continente condenan leyes represivas
En
América existe una tendencia creciente a criminalizar la protesta
social, que se evidencia con la creación de leyes que regulan las
manifestaciones callejeras, el uso excesivo de la fuerza y de la
justicia penal, así como con las detenciones arbitrarias y otras
acciones violatorias de los Derechos Humanos (DH).
De ello fue informada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por un total de 30 organizaciones civiles del hemisferio, que
denunciaron las formas en las que los gobiernos buscan inhibir el
derecho a la manifestación, y con ello impedir que se denuncie que las
políticas públicas no son adecuadas.
En la audiencia temática “Protesta social y Derechos Humanos en
América” –celebrada durante el 154 periodo de sesiones de la CIDH en
Washington–, grupos como Cauce Ciudadano y los centros de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria; de Estudios Legales y Sociales, y
Nacional de Comunicación Social (Cencos), entregaron al mecanismo de la
Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre la creciente
criminalización de la protesta social, que también impide la labor del
gremio periodístico en el continente.
Stephanie Brewer, del área internacional del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), señaló que en los países de
América existe una fuerte tendencia a criminalizar la protesta, “en
lugar de reconocerla como un derecho y una oportunidad para solucionar
los problemas y los conflictos sociales”.
Ello al señalar que las manifestaciones públicas se vinculan con el
fortalecimiento de la vida democrática, y a su vez “representan la
última expresión (de la ciudadanía) ante un ciclo de demandas y falta
de atención, que busca dar a conocer la problemática denunciada antes
de dar paso a una conflictividad mayor”.
Brewer informó que en años recientes en al menos 17 países del
hemisferio se ha documentado el uso abusivo de la fuerza policiaca
durante las manifestaciones, el uso de la justicia penal para castigar
las participaciones, y la adopción de legislaciones que intentan
regular la protesta.
Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó sobre la
tendencia a crear leyes como en Colombia, país sudamericano donde se
creó la Ley de Seguridad Ciudadana, que tipifica como delitos el cierre
de vías y la afectación al transporte.
En 2013, en México se presentaron al menos 20 iniciativas legales para
reglamentar la manifestación pública; mientras que el número de
iniciativas presentadas en Brasil llegó a 21.
Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales de
Argentina, enfatizó que la represión de la protesta y el uso abusivo de
la fuerza han provocado incluso lesiones de muerte. Puso como ejemplo
que en Venezuela se registran 43 personas fallecidas por
responsabilidad de militares armados.
Chillier destacó que un grupo especialmente afectado son las y los
periodistas y comunicadores, quienes se enfrentan, además de la
criminalización y la agresión, a la confiscación de sus materiales y
equipos de trabajo, a la represión, así como a los cordones policiales
que impiden la cobertura de la prensa.
“Las agresiones al ejercicio periodístico también limitan el derecho a la protesta porque se limita su difusión”, observó.
El defensor argentino también denunció el uso de las llamadas armas
“menos letales” que también resultan violatorias, el vacío normativo en
los estándares nacionales para prevenir la criminalización de la
protesta, y la impunidad en la que prevalecen los casos de represión y
las agresiones.
Al finalizar la audiencia, las y los activistas pidieron a la CIDH
desarrollar un trabajo de visibilización de estos temas, fijar
estándares internacionales en materia de protesta social, y
pronunciarse en contra de las leyes que estipulan permisos previos para
realizar protestas sociales.
Es de mencionar que activistas, feministas y defensoras de los DH
nacionales e internacionales –como la Nobel de la Paz Jody Williams–
han señalado que en México la criminalización de la protesta social, en
el caso de las mujeres, tiene un componente sexual.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario