MÉXICO,
D.F. (apro).- Apenas se concretó el despido de Carmen Aristegui de MVS
Noticias y en la prensa oficiosa el mensaje fue que se trataba de un
conflicto laboral, no un caso de libertad de expresión. Al unísono, esa
prensa preparó el terreno de la opinión pública para que el gobierno de
Enrique Peña Nieto saliera a decir, en defensa propia, que se trataba
de un asunto entre particulares.
El objetivo de esa estrategia era desvincular al gobierno de Peña de
la supuesta decisión empresarial de la familia Vargas de desconocer el
contrato con Aristegui. Alegó sentirse agraviada por el uso sin su
permiso de la marca MVS en Méxicoleaks, una innovadora plataforma en la
que participan distintos medios -entre ellos la revista Proceso- para la filtración de datos e información que puedan conducir a investigaciones periodísticas.
Fue un mero pretexto, como lo señaló Aristegui el jueves al fijar su
posición sobre el conflicto, que en realidad tiene mucho de artificio.
Con la idea del conflicto laboral entre particulares se pretende
ocultar la molestia de la Presidencia de la República con la revelación
en el espacio de Aristegui en MVS de la llamada “Casa Blanca” de Peña
Nieto y su esposa, Angélica Rivera, con la intervención de la
omnipresente Televisa y del contratista del peñismo Juan Armando
Hinojosa. La noticia tuvo un alto impacto negativo en la imagen
internacional de Peña Nieto.
Desde Los Pinos se quiso esconder la mano en la medida represiva de
MVS y lanzó a sus periodistas a sembrar la idea del conflicto entre
particulares. Contra ese argumento, la audiencia de Aristegui y la
opinión pública necesitan conocer la historia en la que la periodista y
la empresa aún tienen mucho que explicar. Para empezar, la negativa de
MVS de difundir la investigación sobre la “Casa Blanca” más allá del
espacio matutino de noticias que tenía Aristegui.
Se ha insistido en que se trata de una regresión al autoritarismo.
No es así por la sencilla razón de que no lo hemos superado. La
alternancia política no ha sido suficiente para considerarlo como cosa
del pasado político. Aristegui lo sufrió en el gobierno panista de
Felipe Calderón, también en MVS, por preguntar si el presidente tenía
una problema de alcoholismo.
Ese gobierno fue también el que acabó con el espacio radiofónico de
José Gutiérrez Vivó, el precursor de las barras de noticias como hoy
las tenemos en México. Otro conflicto empresarial, en este caso con
Grupo Radio Centro, ahora ganador de una de las dos cadenas nacionales
de televisión, fue el motivo de la desaparición de Radio Monitor.
Pero detrás estuvo el chantaje del recién llegado gobierno de
Calderón de que Monitor cambiara línea editorial, supuestamente
favorable al opositor Andrés Manuel López Obrador, a cambio de
facilitar el arreglo con Grupo Radio Centro.
Otra agresión del panismo fue en contra de Proceso,
cuando la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, demandó a
la revista por supuesto daño moral. Después de un largo litigio, el
caso se resolvió a favor de la libertad de expresión en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El autoritarismo no se ha ido sencillamente porque no hemos
evolucionado hacia una sociedad democrática de hecho. Sólo lo somos en
el dicho. La prensa oficiosa es responsable de ese estancamiento,
convertida es una auténtica rémora para la democracia.
Aun cuando esa prensa insista en que se trata de un conflicto
laboral entre particulares, el caso puede derivar en tribunales si no
hay arreglo entre Aristegui y MVS. En la dimensión jurídica quedará en
claro que se trata de un asunto de libertad de expresión.
Sin ser una casualidad en la coyuntura, la SCJN resolvió este jueves
un litigio en relación con la libertad de expresión y un “conflicto
entre particulares”.
A falta de una legislación específica, que los dueños de las
empresas periodísticas oficiosas han impedido que se construya bajo el
argumento de la autoregulación con sus quimeras llamadas códigos de
ética, la SCJN ha venido estableciendo en años recientes una serie de
criterios siempre en favor de la libertad de expresión.
En su resolución, define ese derecho como la plena libertad que
tienen las personas para expresar, recolectar, difundir y publicar
informaciones e ideas, “imprescindible… para ejercer plenamente otros
derechos fundamentales y… elemento funcional que determina la calidad
de la vida democrática de un país”.
La Primera Sala de la Corte estableció: Si los ciudadanos no tienen
plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de
expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar
en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos,
comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a
las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que
les corresponde en un régimen democrático.
Aun cuando acabara en un litigio, el caso Aristegui-MVS tiene que
ver con la calidad de la vida pública de México: cuando un tribunal,
resolvió la Corte, decide un caso de libertad de expresión, imprenta o
información, está afectando no solamente las pretensiones de las partes
en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará
asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como
el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su
conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado
funcionamiento de la democracia representativa.
Eso es lo que está en juego.
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