Aunque los partidos políticos tienen reglas para elegir candidatos y están obligados a realizar un proceso interno de selección, los líderes eligen sin tomar en cuenta a los militantes.
El 90% de las candidaturas para diputados y senadores fueron decididas por los dirigentes de cada partido sin que los militantes tuvieran alguna participación.
Ni siquiera la obligación legal de contar con un “proceso de
selección interna” para definir a los candidatos ha forzado a los
partidos a modificar esta práctica.
Por esto mismo, las candidaturas siempre recaen en dirigentes
partidistas, representantes de grupos económicos o de poderes fácticos,
en caciques locales, familiares o colaboradores de dirigentes o
gobernadores, o en personas sin mérito o trayectoria política conocida,
concluye el informe Participación y Reciprocidad en los Partidos Políticos Mexicanos que este martes 17 de marzo dio a conocer la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C.
El reporte muestra cómo estas malas prácticas provocan que la elección de candidatos sea la principal causa de conflictos intrapartidistas.
Según los datos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la mayoría de los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales de ciudadanos están vinculados a la elección de candidatos: mil 437 sólo en 2012, en la última elección federal y motivo del informe.
“El abuso de estas prácticas antidemocráticas viola los derechos de la militancia
y de la ciudadanía para acceder a cargos de elección popular
restringiendo los espacios de acceso al poder a los más influyentes,
mediante el incumplimiento de la normatividad federal e interna de los
partidos políticos respecto a garantizar procesos de elección
democráticos y con equidad”, concluye el informe.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe) obliga a contar con un procedimiento de selección interna,
pero, además, esta también es una regla de todos los partidos
políticos, o al menos de los que tenían registro en 2012: PRI, PAN,
PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Panal.
Entre los hallazgos de este informe están que de esos siete partidos, en la última elección federal sólo el PAN sometió 293 de 596 candidaturas al voto libre y secreto de su militancia.
Los otros partidos optaron por métodos indirectos: el PRI por asambleas
de delegados y comisión política permanente; el PVEM por su Consejo
Político Nacional —integrado por 30 dirigentes políticos—; el PRD por
un consejo nacional, integrado por delegados y dirigentes partidistas,
de cerca de 300 personas; el PT y Movimiento Ciudadano por una
convención nacional electoral, integrada por poco más de 100 personas;
y el Panal en sus consejos políticos estatales y nacionales.
Precandidatos únicos
Por la falta de procesos internos, los partidos impulsan en su mayoría precandidaturas únicas.
“En el proceso electoral 2011-2012 se detectó que de las 257
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa que debía elegir el
PRI, sólo en 11 se registró más de una precandidatura. En el caso del PVEM, de las 145 candidaturas de mayoría relativa que se debían elegir, sólo en los distritos 3 y 8 de Chiapas se registraron cuatro y dos precandidaturas, respectivamente. Mientras que, de las 51 candidaturas a senadurías de mayoría relativa, en todas se registró una sola precandidatura”.
El informe de Incide Social A.C. destaca que el PRD fue el partido con más precandidaturas registradas en 2012 para legisladores federales, pero la mayoría de éstas no fueron parte de la lista de candidatos
que se presentó ante el Instituto Federal Electoral. Al final, el
partido se presentó a las urnas con otros postulados: 47 de las 181
personas que encabezaron las candidaturas no se inscribieron en el
proceso de selección interna.
Los derechos de los militantes no sólo se violan con estos procesos poco transparentes, sino que ningún
partido reconoce explícitamente que los ciudadanos inscritos en sus
filas tienen derecho a participar en la elaboración y aprobación de la
plataforma política o estatutos.
“Ningún partido tomaba en cuenta a la militancia ni a la ciudadanía
para la definición y modificación de sus documentos básicos
(declaración de principios, programa de acción y estatutos), la
elaboración de sus plataformas electorales o la determinación de
posiciones políticas. Son aislados los casos en los que se consulta a
las militancias”.
La conclusión del informe es que en México no existe un
marco normativo que garantice que los militantes de cada partido
político tengan una participación efectiva y que ello derive en una correcta elección de candidatos vinculados a la ciudadanía.
“Por esto militancia y ciudadanía no encuentran condiciones de
certeza, imparcialidad, transparencia y equidad en el acceso a
candidaturas de elección popular o, en su caso, a puestos de dirección
partidista; y mucho menos la posibilidad de participar en los procesos
de modificación de los documentos básicos o de la adopción de
posiciones políticas, porque estas decisiones son determinadas
exclusivamente por las cúpulas partidistas, conformadas por grupos de
funcionarios y líderes que actúan en función de sus intereses y los del
grupo al que pertenecen; y no en función de los interés de los
militantes, simpatizantes y ciudadanos que sostienen con su apoyo a los
partidos políticos”.
A continuación puedes consultar el informe íntegro de Incide Social, A.C.
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