Entrevista: Gladys Tzul, activista
Periódico Diagonal
| Los gobiernos comunales índigenas cuestionan el gobierno liberal al hacer políticas desde la experiencia cotidiana. |
Gladys
Tzul Tzul, activista e investigadora maya kich’e comparte su trabajo en
torno a los sistemas de gobierno comunal en las comunidades indígenas
en Guatemala, en concreto en el cantón Paquí en Totonicapán de donde
ella y su familia provienen. Tzul nos muestra, a partir de experiencias
concretas, formas de hacer política que, partiendo de lo comunal, se
alejan de la forma liberal de la política dominante, la de Gobiernos
estatales y muncipales.
En tu trabajo has investigado en torno a los
sistemas de poder y las formas de gobierno comunal indígenas que,
coexistiendo con los gobiernos municipales, tienen unas dinámicas
propias que no pueden ser leídas como algo esencial o étnico sino que
es posible comprenderlas en tanto que entramados de relaciones.
¿Podrías darnos algunas claves de lo que tú llamas entramados de poder
comunitarios?
Creo que es preciso desprenderse de lo individual
para pensar lo político. En las sociedades indígenas organizadas
comunitariamente se dan redes ampliadas que organizan la vida
cotidiana, defienden el territorio y recuperan los medios concretos de
los que han sido despojadas. Una de las estrategias decisivas para que
esta red se sostenga es la producción de la decisión. La decisión
tiene que ser producida en el ámbito cotidiano, en las unidades
familiares, y luego aparecer en el lugar de la asamblea. Si una
examina solo el lugar de la asamblea, allí hay pocas mujeres que
hablan. Es la entrada principal que tendría el feminismo liberal. La
participación en la asamblea está relacionada con la propiedad de la
tierra, titulada mayoritariamente a nombre de hombres, aunque su uso es
universal. El padre está obligado a decidir por el uso común de su
familia, hay un imperativo ético que lo obliga a participar pensando en
trama, no pensando individualmente. Esta es una diferencia radical
entre la política liberal y la política comunitaria. Yo puedo usar la
tierra, alegar uso, pero no puedo alegar propiedad. Se cambia el lugar
de la política, no pensamos la política como propiedad sino la
propiedad como uso.
Es
una relación tensa. Hay un discurso ambivalente de uso estratégico y de
relación problemática. Los indígenas conocen el Estado como cobrador de
impuestos, ejército y escuela, que no son precisamente las
instituciones más democratizadoras. El retorno del Estado
postneoliberal vía el otorgamiento de la bolsa familia y las políticas
condicionadas, hace que la gente tome el dinero y lo use, aproveche sus
beneficios, pero esto no hace que mi proyecto político vaya a fallar.
Es una relación como de más allá, no puedes negarlo, ahí va a estar
pero ese no es tu objetivo. Las comunidades están concienciadas de
que es necesario ponerle límites al Estado, que el estado no se meta a
decidir cómo tenemos que organizar la vida cotidiana, y cuando lo ha intentado ha habido levantamiento contra esas intromisiones estatales.
La
preservación de la autonomía es un trabajo fundamental. Por un lado, la
alcaldía municipal ejecuta los programas de gobierno, por otro lado,
nos reunimos en la alcaldía indígena que es el rostro representante
contra el Estado y el lugar de deliberación sobre la reproducción de la
vida cotidiana. Las instituciones municipales intentan convencer a
gente dentro de la organización comunitaria ofreciéndoles dinero para
que empujen decisiones de injerencia. Pero el Estado no entiende la
política comunitaria, lo ve como costumbre, tradición, como folclorismo.
El
juicio contra Ríos Montt, no en sí el proceso jurídico, sino el habla
de las testigos, de las mujeres indígenas. Eso abrió la historia
nacional completamente. Ellas declararon un delito oculto, el de la
violación sexual, que se tiene que castigar. Eso no lo han logrado ni
las feministas, ni la académicas, ni los medios de comunicación,
ninguna campaña lo logró. Creo que desnudó la política. Para las
jóvenes indígenas nos abrió la Historia, nos abrió el tiempo y nos
quitó el miedo. El juicio solo es una parte de la justicia, se
condenaron los crímenes de lesa humanidad. Pero solo se va a reparar el genocidio cuando nos devuelvan las tierras. Nos quitaron la dignidad pero también la tierra.
Además, aunque el juicio haya sido anulado, un decreto no borra la
Historia. Ahora éramos nosotros, los indígenas, que íbamos a declarar
como acusación y este momento de nombrar y señalar la dominación por lo
menos simbólicamente dislocó el sentido de la justicia colonial que hay
en Latinoamérica.
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