Alai
Una semana sí y la otra
también las redes sociales, las aisladas pero nunca sofocadas voces de
la auténtica oposición en el Congreso, las redes sociales y los pocos
media que mantienen una posición crítica, dan cuenta de un nuevo
atropello a las instituciones y a las libertades democráticas de este
país.
Los botones de muestra, tan sólo de la segunda semana de marzo, son por demás significativos y preocupantes.
El Senado de la República, con los votos a favor del PRI, por supuesto,
de su sempiterno aliado el Partido Verde y la mayoría del PAN, designó
como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia a Eduardo Medina
Mora, hasta hoy Embajador en Washington. Fue propuesto por el
presidente Peña Nieto, en una terna en que los otros dos candidatos
fueron simplemente de relleno. Medina Mora es compadre de Peña, ha
estado muy vinculado a los negocios del grupo Televisa, la cadena de
medios más poderosa del país. Fue Procurador General de la República en
el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, durante los años más
sangrientos de la fallida guerra contra las drogas. No tiene
experiencia judicial y nunca ha fungido como juzgador, lo que ha
indignado a un buen número de jueces y magistrados del Poder Judicial
de la Federación. Estará en el cargo por quince años, para garantizar
impunidad transexenal a Peña Nieto, al PRI y al duopolio televisivo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha obrado con total tibieza ante
los continuos y graves desacatos a la ley del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM). Este partido expulsado de la internacional de los
verdes, se ha convertido en aliado incondicional y "plan B" del PRI.
Favorecedor de la pena de muerte, omiso ante la grave problemática
ambiental del país, ligado a múltiples escándalos de corrupción, el
Verde se ha convertido también en el instrumento del duopolio
televisivo: Televisa y Tv Azteca para hacer pasar las leyes favorables
a ellos y contener la legislación que busca reducir o controlar su
enorme poder. Gracias a estos enormes apoyos, el Verde ha desplegado
una intensa cuanto ilegal campaña publicitaria, demagógica por todo el
país para posicionarse en la opinión pública. Lo increíble es que ante
los cuestionamientos, quejas e impugnaciones presentadas por los
partidos de oposición como el MORENA y el PAN ante el INE, éste ha
respondido imponiendo multas muy tibias y de una cuantía que hacen al
verde morirse de risa. Con esto el PRI está fabricando una posible
opción de recambio por si acaso su imagen continuara derrumbándose ante
los pobres resultados económicos y sociales del gobierno de Peña Nieto.
La libertad de expresión está experimentando una escalada en su contra
en todo México. El país sigue siendo el más letal de América Latina
para ejercer la profesión periodística. En los diferentes estados de la
República los gobernadores se han convertido o en amos de los medios
por el control económico que ejercen sobre ellos o en señores de horca
y cuchillo de la comunicación independiente. Pero sin duda el más
destacado hecho de represión a la libertad de expresión es el despido
de la periodista Carmen Aristegui del noticiario de la empresa MVS. Se
trata del mejor programa de noticias de la nación, de la mujer con más
poder en la opinión pública mexicana. La escalada comenzó con el
despido de los dos reporteros más importantes de la unidad de
investigación de dicho noticiero. Precisamente quienes descubrieron el
fraude y la evasión fiscal en el caso de la "Casa Blanca", de Angélica
Rivera, esposa de Peña Nieto, valuada casi en 8 millones de dólares. Es
la unidad que investigó toda la red de prostitución montada por el
dirigente del PRI en la Ciudad de México. Junto con Aristegui, los dos
reporteros despedidos, han iniciado la plataforma digital "Mexico
leaks", versión azteca de la "wikileaks" a la que el gobierno de Peña
le tiene pánico.
Esto sucedió entre la segunda y la tercera
semanas de marzo. La primera, el Senado, ahora con los votos del PRI,
de sus aliados, de una parte del PAN y del PRD, apoyó la designación
como Procuradora General de la República de la persona propuesta por
Peña Nieto: Arely Gómez, abogada también muy vinculada al grupo
Televisa. Pero eso no es todo, lo más posible es que, conforme a las
reformas legales, Arely Gómez, sea designada Fiscal General de la
República, con una permanencia de nueve años en el puesto. Es decir,
con la garantía de trascender el sexenio de Peña Nieto y convertirse en
su protectora sistemática en caso de que la oposición gane las
elecciones de 2018.
Esa misma semana estuvo a punto de
imponerse la iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por el
director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David
Korenfeld, con una visión privatizadora de la extracción, conducción,
distribución y cobro del vital líquido. Concibe al agua sólo como bien
económico, objeto de lucro, la expropia a las comunidades e impide la
participación ciudadana en su vigilancia y su manejo. Incluso llega a
prohibir el estudio y la investigación sobre los recursos hídricos, su
explotación y el impacto de ella. Sólo gracias a una intensa campaña de
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y algunos
parlamentarios de oposición se pudo suspender la aprobación de esta
ley. Sin embargo, el vampiro aun no tiene la estaca en el corazón y la
iniciativa privatizadora del agua se revivirá en un momento político
menos inoportuno para el PRI y su sempiterno y convenenciero aliado,
los verdes.
Este creciente ejercicio dictatorial del poder
no sería posible si los partidos que se dicen de oposición no
condescendieran con el PRI-Gobierno. Si no negociaran con él para
parecer una “oposición civilizada” y alegar el “respeto a las
instituciones”. Así, para lograr el apoyo a sus iniciativas
autoritarias y excluyentes, el régimen ha acudido alternadamente al
“voto razonado”, más bien, negociado, de la derecha (PAN) o de la más
numerosa representación de izquierda (PRD). Si se conformara un bloque
parlamentario amplio de verdadera oposición se estaría levantando un
primer cerco al golpe de estado técnico.
La dictadura que se
impone a nivel federal está fincada sobre las dictaduras que imponen en
los estados de la República los gobernadores que actúan sin
contrapesos, comprando o liquidando las voces opositoras. Está fincada,
sobre todo, en las prácticas corruptas en el acceso, el ejercicio y la
conservación del poder público. La ingente cantidad de recursos
necesaria para ganar una campaña electoral implica enormes apoyos
financieros de grandes compañías y del crimen organizado. Favores que
luego tienen que pagarse con impunidad y con tráfico de influencias
desde el poder.
Por todo esto, no puede definirse de otra
manera el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, sino como una
dictadura cimentada en la corrupción y en los pactos, no con las
fuerzas políticas reconocidas, sino con los señores del dinero lícito,
y sobre todo del ilícito.
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