Proyecto de ley violenta tratados internacionales: especialistas
La
Ley General de Aguas –cuyo dictamen está “congelado” en la Cámara de
Diputados–, además de no garantizar que el agua será un bien público
accesible y de calidad para toda la población, vulnera normas
internacionales ratificadas por México, incluidos los tratados que
protegen los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
Rodrigo Gutiérrez Rivas, doctor en Derecho e investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), explicó que el estatus legal del DH al agua “es
constitucional por doble vía: porque está explícitamente señalado en el
artículo cuarto constitucional y porque además se han firmado tratados
internacionales que lo consagran”, y que en México tienen el mismo
rango jerárquico que la Constitución.
Al participar en el foro “El agua ¿de todos y todas?” –organizado por
la Fundación Heinrich Böll y realizado ayer en Casa Lamm, en esta
capital–, el especialista señaló que en el marco internacional de DH,
el derecho al agua es un tema ampliamente discutido y que su
cristalización jurídica inició con la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés), ratificada por México en 1981.
El artículo 14 de la CEDAW –que establece las obligaciones de los
Estados para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra las mujeres en las zonas rurales– señala que las
naciones deben asegurar que las mujeres gocen de “las condiciones de
vida adecuadas, particularmente en las esferas de vivienda, los
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua”.
Gutiérrez Rivas recalcó que el DH al agua ha sido incorporado en
diversos tratados, incluida una resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas, pero el más importante es el Pacto Internacional de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales, del cual se desprende la
Observación General número 15, que “establece de forma contundente el
DH al agua”.
Desde junio de 2011 –recordó– los tratados internacionales de DH
tienen el mismo rango jerárquico que la Constitución mexicana, y en
febrero de 2012 se consagró el derecho al agua en la Carta Magna, por
lo que “no hay duda de que esta garantía legalmente es una realidad en
México”.
En ese contexto, apuntó que la Ley General de Aguas debía ser la vía
por la que se garantiza ese derecho, pero de manera contraria “la
iniciativa presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
tergiversa el DH al agua y lo intenta manipular para llevarlo a una
dirección completamente contraria a la que ese derecho establece”.
El derecho al agua está relacionado con la vida digna de las personas,
pero la norma “está diseñada para abrir los mercados, pues establece
una serie de principios para que el agua sea considerada como un bien
económico, y por lo tanto se pueda vender o explotar”.
Rodrigo Gutiérrez llamó a la comunidad académica, la sociedad civil y a
la ciudadanía en general a no bajar la guardia ante la eventual
aprobación de la ley, pues la creación de una norma es la oportunidad
que tiene México para finalmente asumir su compromiso de hacer del
derecho al agua una realidad, pues las y los mexicanos enfrentan
severos problemas en cuanto a la calidad, disponibilidad y
accesibilidad de este recurso.
Actualmente –según cifras dadas por el especialista– el porcentaje de
cobertura de agua potable es de 89.2 por ciento, lo que se traduce en
que 10.6 millones de personas no cuentan con el vital líquido, ya que
se abastecen de agua de pozos, ríos o arroyos,
Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha
disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil metros
cúbicos por habitante al año; para 1950 se redujo hasta un poco más de
18 mil metros cúbicos; y para 2010 bajó a 4 mil 230 metros
cúbicos anuales por habitante, según reporta el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi).
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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