.-
Ayer, luego de más de cinco horas de discusión, el pleno de la Cámara alta aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención.
En votación económica, las y los senadores desecharon las reservas presentadas al dictamen previamente avalado por las comisiones de Anticorrupción, Estudios Legislativos y Gobernación del Senado, entre ellas la que proponía incluir la apertura total para investigaciones de delitos graves, lesa humanidad y agresiones a periodistas.
El artículo 5 de la ley aprobado determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
Sin embargo, no se reconoció la facultad del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) para definir la información que esté vinculada con violaciones a los DH, y así ordenar la apertura de expedientes que dependencias o instituciones se nieguen a brindar.
De acuerdo con la lectura de grupos civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, esto limita que el Ifai pueda intervenir de manera inmediata cuando se niega el acceso a esta información, y deriva en que el proceso que enfrentarían las organizaciones ciudadanas para acceder a los expedientes podría demorar mucho tiempo.
Cabe recordar que el pasado 18 de febrero, el Ifai ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública de la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, perpetrada en septiembre de 2014, al considerar que se trata de un caso de graves violaciones a DH.
Dentro de los avances logrados en la Ley de Transparencia se incorpora el hecho de que los sindicatos ahora también son considerados como sujetos obligados a transparentar su información; se deberá justificar mediante “la prueba de daño” la reserva de información; y los sujetos obligados a transparentar sus cuentas se harán acreedores a sanciones si no cumplen con la norma.
El dictamen aprobado fue enviado a la Cámara de Diputados para su eventual ratificación.
Por: Anaiz Zamora MárquezCimacnoticias | México, DF
No hay comentarios.:
Publicar un comentario