Testigo de la ilegalidad y el ascenso de la criminalidad
Entre
diciembre de 2000 y septiembre de 2009, Eduardo Medina Mora ocupó
puestos clave en los órganos federales de seguridad, de inteligencia y
de procuración de justicia, pues tuvo los siguientes nombramientos:
director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
dependiente de la Secretaría de Gobernación y encargado de las labores
de inteligencia contra las organizaciones guerrilleras y enemigas del
Estado, desde diciembre de 2000 hasta septiembre de 2005. Después, pasó
a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública, entre septiembre
de 2005 y noviembre de 2006. Las dos posiciones anteriores las ejerció
bajo el sexenio de Vicente Fox Quesada. Luego desempeñó el cargo de
procurador General de la República, entre diciembre de 2006 y
septiembre de 2009, siendo presidente del país Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa.
Durante sus años de importante burócrata en los
gobiernos del PAN, Medina Mora jugó un rol destacado en la observación
de los acontecimientos que se desarrollaron en México: la muerte de
decenas de miles de mexicanos por la supuesta guerra contra el narcotráfico;
el crecimiento del trasiego de narcóticos y la delincuencia organizada
como nunca antes; la extensión a otros campos de las actividades
criminales de los capos de la droga; la ocupación de amplias áreas y
regiones por el crimen organizado en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa,
Guerrero, Michoacán y otras entidades federativas, y penetración de la
delincuencia organizada en el seno del Estado mexicano. Por donde se le
vea, el balance para nada es positivo.
En paralelo, el país se
vio inundado por la presencia de elementos de las fuerzas armadas y
policíacas de Estados Unidos, que se expresa en la apertura de oficinas
de sus agencias de seguridad, espionaje y provocación; el arribo masivo
de sus “asesores”, agentes, mercenarios (“contratistas”), provocadores,
espías y otros cuadros policiales y militares, y la participación de
agentes yanquis en la persecución y aprehensión de delincuentes, entre
otras acciones antinacionales, anticonstitucionales y de sumisión ante
los gobiernos intervencionistas de allende el río Bravo. Son
actividades enemigas de la soberanía nacional. De este tamaño es la
responsabilidad del señor Eduardo Medina Mora.
El michoacanazo
Poco antes de las elecciones federales intermedias, en mayo de 2009, el
gobierno panista de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa organizó un golpe
de mano en el estado de Michoacán: 38 alcaldes y funcionarios estatales
y municipales fueron aprehendidos, por supuestos vínculos con el
narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta acción ilegal e
inconstitucional se dio durante el ejercicio de Eduardo Medina Mora
Icaza como procurador General de la República. Los políticos arraigados
militaban, en su mayoría, en las filas del Partido de la Revolución
Democrática y el Partido Revolucionario Institucional; para taparle el
ojo al macho, se incluyeron algunos afiliados del Partido Acción
Nacional.
Esta acción fue conocida como el michoacanazo.
Sin duda, fue expresión del uso partidista de la justicia, pues la
maniobra electoral era clara: buscar desprestigiar a la oposición
política y fortalecer las candidaturas del PAN. Sin embargo, fue una
maniobra fallida y mal programada, organizada y ejecutada. Los
políticos y burócratas detenidos fueron excarcelados, por falta de
pruebas, por absolución o por revocación de los autos de formal
prisión, con excepción de uno que se dio a la fuga. Con esto quedó
demostrada la incompetencia proverbial de Eduardo Medina Mora Icaza.
Un burócrata no idóneo, derechista y agente de los monopolios
El periodista Jenaro Villamil, en un artículo publicado en Regeneración,
señaló acerca de los impedimentos del ex jefe policíaco para ocupar un
puesto en la SCJN: “3. No cumple con los requisitos de residencia e
idoneidad. Es público y notorio que desde 2010 a 2015 Medina Mora ha
sido embajador de México en Gran Bretaña y Estados Unidos sin tener
carrera diplomática. Eso no le genera ningún rubor para negar que tenga
problemas de residencia. Y, peor aún, no tiene ninguna experiencia
jurisdiccional que avale su ascenso al máximo órgano de justicia del
país. La idoneidad es uno de los principales requisitos para llegar a
la Suprema Corte de Justicia.
“4. Adversario de la propia Corte
a la que quiere integrarse. Aunque no lo admita, Medina Mora fracasó
rotundamente en 2007 al promover una acción de anticonstitucionalidad
contra la legislación del Distrito Federal que despenalizó el aborto.
Por 8 votos en contra y sólo 3 a favor de los integrantes de la Sala
Superior de la Suprema Corte, Medina Mora perdió ese litigio. Durante
su comparecencia ante el Senado, presumió que “ganó” el 97 por ciento
de las más de 230 acciones de inconstitucionalidad que interpuso contra
reformas de los Congresos estatales, pero los asuntos fundamentales los
perdió.
“5. Pertenece a poderosos grupos de interés. Un juez con
tantas amistades en la élite económica, política y mediática no
garantiza confiabilidad sino crecientes conflictos de interés. El mismo
admite que su trayectoria antes de integrarse al servicio público fue
como abogado de grandes grupos corporativos como DESC, como cabeza de
los empresarios que respaldaron a Carlos Salinas en la negociación del
TLCAN con Estados Unidos y amigo de muchos años de personajes centrales
que dominan Grupo Televisa, como Bernardo Gómez o Alejandro Quintero,
los vicepresidentes más ambiciosos de este corporativo mediático”.
Un funcionario represor y racista
Eduardo
Medina Mora Icaza era titular de la Secretaría de Seguridad Pública
cuando fueron reprimidos, en 2006, los movimientos sociales de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, Estado de México, que
fueron tratados con exceso de violencia y negación del orden
constitucional, lo que se tradujo en asesinatos, heridos, presos
políticos, desaparecidos, violaciones sexuales y otros actos que
mostraron el talante represivo del nuevo ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Los testimonios audiovisuales no dejan lugar
a dudas: en Oaxaca y San Salvador Atenco se violaron en forma general y
sistemática los derechos humanos de los participantes en ambos
movimientos sociales, con el objeto de impedir la organización de los
campesinos, los maestros y el pueblo, además de apoyar las medidas de
fuerza de los gobiernos de la Federación, encabezado por Vicente Fox, y
de la entidad mexiquense, dirigido por Enrique Peña Nieto. Argumentar
que el entonces secretario de Seguridad Pública estuvo al margen de
estos hechos es una necedad, que no vale la pena refutar.
Medina
Mora no sólo sobresalió como burócrata represor, sino que también
destacó como racista típico del panismo en el poder, como queda
demostrado hoy día con el trato dado por el gobernador poblano Rafael
Moreno Valle Rosas a las comunidades indígenas nahuas y el gobernador
sonorense Guillermo Padrés Elías a la tribu yaqui, ambos “estadistas”
del Partido Acción Nacional. En una carta enviada a la Cámara de
Senadores, firmada por decenas de miles de ciudadanos, se afirma: “Como
procurador General de la República, fue responsable [de] la violación
grave de los derechos de Alberta Alcántara Juan, Teresa González
Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas ñhä-ñhú
(otomíes), detenidas en 2006 y encarceladas por más de tres años
acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de
Investigación (AFI). La irregular integración de la averiguación previa
por la institución que él encabezaba resultó en la recomendación
47/2009 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En dicha recomendación se afirmó que servidores públicos de la PGR
violaron los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y
procuración de justicia de Alberta, Teresa y Jacinta. Jacinta salió
libre en septiembre de 2009 cuando la PGR se desistió de la acusación
en su contra, poco después de que el Lic. Medina Mora abandonara la
Procuraduría. Alberta y Teresa, por su parte, no fueron liberadas hasta
abril de 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
—de la cual se pretende que el entonces procurador ahora forme parte—
revocó la sentencia y las declaró inocentes”. La propuesta de terna que
envió Enrique Peña Nieto al Senado, el 17 de febrero del año en curso,
que incluyó el nombre de Eduardo Medina Mora, concitó de inmediato una
ola de repudio de defensores de derechos humanos, grupos feministas,
comunidades indígenas, organizaciones sociales, partidos políticos,
periodistas e intelectuales, que expusieron con lujo de detalles por
qué el enemigo de los derechos básicos de la mujer no debía llegar a
ser ministro de la SCJN. Empero, todas estas opiniones fueron
ninguneadas por Peña Nieto, que no retiró el mencionado nombre de la
terna, y por los senadores que eligieron, ciertamente por un mínimo
margen, al nuevo ministro peñista de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Queda evidenciado, así, que el marco jurídico de la nación será
utilizado para lograr los objetivos del grupo en el poder.
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