La Jornada
México, DF. El
porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de
infraestructura, explotación,distribución, facturación y cobro de agua
potable al usuario final será decidido por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), como se define en el dictamen de la Ley General de
Aguas promovido por el gobierno federal a través del PRI y PAN en la
Cámara de Diputados.
"La intervención de las empresas en los proyectos
hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua, que no
conocen los legisladores porque no se nos permite acceder a él",
cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo
Gaudiano Rovisora (PRD).
El legislador explicó, en entrevista, que si bien
participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones
iniciales para la iniciativa que se dictaminó la semana pasada, el
gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original,
que van hacia la privatización del agua en México.
"Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un
capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron
el dictamen, incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar
la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento", dijo.
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