Similitud con el caso Atenco por las agresiones a mujeres
Investigadoras
de la violencia de género aseguran que el Estado mexicano debería
esclarecer la posible violación sexual perpetrada contra maestras de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
(CETEG), por policías federales durante un enfrentamiento en el puerto
de Acapulco, el pasado 24 de febrero.
Ese día, en un acto represivo contra una protesta de la CETEG en
demanda de mejoras laborales y salariales, policías federales
arremetieron con golpes y ofensas contra más de 200 mujeres que
conformaban el contingente. Horas e incluso días después del ataque
algunos medios de comunicación locales y nacionales informaron que
cuatro maestras habrían sido agredidas sexualmente.
El testimonio de una de las profesoras que tuvo que ser hospitalizada
por las fuertes agresiones que sufrió –difundido por Cimacnoticias–
reveló que fue desnudada mientras estaba inconsciente y sus órganos
sexuales presentaban lesiones.
Al respecto, Rogelio Ortega Martínez, gobernador interino de Guerrero,
negó tales violaciones, ya que –aseguró– ninguna maestra fue detenida y
nadie denunció tales hechos.
Edith Escareño Granados, integrante del Colectivo contra la Tortura y
la Impunidad, dijo en entrevista con esta agencia que las víctimas de
tortura sexual –como podrían haber sido las maestras de la CETEG–
enfrentan múltiples obstáculos para hablar de lo que les sucedió y,
posteriormente, decidirse a denunciar ante las autoridades.
La experta detalló que en primera instancia el miedo, la culpa y la
vergüenza invaden a las mujeres, lo que “las paraliza” para hablar de
los hechos. Se añade que cuando los agresores son agentes del Estado
que deberían resguardar su seguridad –advirtió Escareño–, las mujeres
no conciben posibilidad de acceder a la justicia.
Si deciden denunciar, las víctimas son sometidas a interrogatorios,
procesos judiciales largos e irregulares, y al desgaste de su salud
física y mental, abundó la activista.
Escareño Granados detalló que en México aún no existen los medios ni
las vías para que las mujeres víctimas de tortura sexual puedan
denunciar ante un sistema que les garantice seguridad y justicia,
porque los agresores están dentro del mismo cuerpo penal.
Además, las investigaciones son tardías, se estigmatiza a las personas
denunciantes, y hay impunidad en el 100 por ciento de los casos,
detalló.
La especialista agregó que las agresiones sexuales contra mujeres
manifestantes es una forma de “terrorismo de Estado”, en el que el el
cuerpo de las mujeres se usa como “botín de guerra” para acallar sus
protestas, por eso son consideradas como tortura sexual.
Explicó que la violación sexual no es la única manifestación de la
tortura, sino que las vejaciones verbales, las amenazas de violación
sexual, los tocamientos y los golpes en los genitales durante las
detenciones o la represión de movimientos sociales, son una forma de
tortura que el Estado debe investigar y sancionar, según establece la
Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
LA HISTORIA SE REPITE
La académica de la UNAM Alicia Pérez Duarte y Noroña señaló en
entrevista que la posible violación sexual contra las maestras tiene
elementos similares a la represión cometida contra habitantes de San
Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, que derivó en las
vejaciones contra 26 mujeres por parte de policías estatales.
Pérez Duarte, que en ese entonces era fiscal especial para la Atención
de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, como
parte de la Procuraduría General de la República, reveló que en ese
momento enfrentó muchas trabas –interpuestas por la propia PGR– para
iniciar las investigaciones del caso.
La experta en Derechos Humanos (DH) de la población femenina afirmó que
“es común” que en violaciones sexuales contra mujeres por parte de
elementos del Estado, éstos primero se nieguen y luego desmientan las
acusaciones de las víctimas.
Incluso –advirtió la académica del Instituto de Investigaciones de la
UNAM– el Estado llega a desprestigiar y poner en entredicho el relato
de las mujeres, a fin de no culpar a ningún agente de haber violado DH.
En el caso de Atenco, recordó Pérez Duarte, el entonces procurador
general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, le dijo que
las acusaciones por violencia sexual eran “falsas” porque las mujeres
detenidas eran “gente activista y guerrillera y como tal saben que
tienen que decir que las violaron”.
Es un vicio del aparato de justicia no partir de la presunción de que
los hechos ocurrieron, sino de no creerle a la víctima principalmente
cuando se trata de mujeres y activistas, reconoció.
Pérez Duarte recordó que para iniciar la averiguación previa de
violaciones sexuales en el caso Atenco hizo uso de una fotografía del
diario La Jornada, en la que aparecía una mujer indígena en el suelo y
una bota de un policía a lado de ella.
Posterior a esto, buscó a las mujeres para que prestaran su declaración
y fue así como la PGR inició la investigación por “actos libidinosos”,
pero no por tortura sexual.
Bajo esos argumentos, la académica observó que diversas instituciones
del Estado –principalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos–
deberían estar buscando a los responsable de la agresión contra las
maestras en Guerrero, sobre todo en el contexto de desapariciones y
narcotráfico que enfrenta la entidad.
Refrendó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, ya tiene los
elementos suficientes para buscar a las docentes y brindarles
acompañamiento.
Alicia Pérez Duarte informó que gran parte de las violaciones al debido
proceso durante el caso Atenco fueron ocasionadas por los prejuicios y
el desconocimiento de quienes dirigían el sistema penal, quienes
consideraron entonces “muy costoso” reparar el daño y aplicar el
Protocolo de Estambul, manual de la ONU que ofrece parámetros médicos y
físicos para detectar probables casos de crueldad ejercida por el
Estado.
A 14 días del enfrentamiento entre la CETEG y la Policía Federal en
Acapulco, ninguna autoridad federal ni estatal –como las comisiones de
Derechos Humanos o las instancias para la mujer– ha hecho pública su
postura al respecto, y mucho menos ha buscado a las posibles víctimas
de tortura sexual.
Algunos grupos civiles que protegen los DH dijeron a esta agencia que
ya están investigando la posible violación sexual contra las maestras,
y que incluso están documentando que ese día hubo un “excesivo uso de
la fuerza” para reprimir el movimiento. Pero criticaron que ninguna
autoridad o institución oficial les haya abierto las puertas para
fortalecer la búsqueda.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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