Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
Las protestas de grupos civiles de académicos y ambientalistas y el rechazo de la izquierda, por lo que consideran “la privatización de las aguas nacionales”, hicieron que ayer, en San Lázaro, evitaran una regada con la iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto. El dictamen, previsto para votarse ayer, fue detenido de última hora por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, a propuesta de la bancada priísta.
Fue el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien anuncio que se posponía la votación ante la “desinformación” que, dijo, había sobre el proyecto. Horas antes del anuncio Beltrones encabezó una reunión de diputados priístas con Jesús Reyes Heroles, ex director de Pemex, convocado en calidad de “experto” para asesorar al PRI; Reyes Heroles se pronunció a favor de la ley pero recomendó ampliar su análisis; al salir de esa reunión, el líder priísta convocó a una encerrona de la Junta de Coordinación Política, y junto con Ricardo Anaya, coordinador del PAN, y Miguel Alonso Raya, del PRD, Manlio anunció la posposición.
La propuesta enviada por la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, bautizada por los opositores como “ley Korenfeld” —por el director de Conagua, David Korenfeld, político mexiquense cercano a Peña Nieto— generó rechazo del PRD y de grupos civiles como el colectivo “Agua para todos” formado por académicos y ambientalistas, que alertan de un esquema de privatización en el que grandes empresas podrían fijar tarifas para vender el agua a la población o utilizarla en explotación de gas shale (fracking) contemplada en la reforma energética.
Los priístas, sin embargo, niegan la privatización y acusan una campaña de desinformación de los opositores. Ese fue uno de los argumentos esgrimidos ayer en la reunión de la bancada del PRI, donde se decidió frenar la iniciativa: que la oposición está haciendo una campaña de “manipulación política” para meter el tema de la supuesta privatización en las campañas electorales para los comicios de junio próximo.
La nueva Ley General de Aguas sustituiría a la vigente Ley de Aguas Nacionales, y sin tocar el artículo 27 constitucional, que establece la propiedad del Estado sobre las aguas nacionales, la iniciativa abre la puerta a modelos de privatización del vital líquido, vía la concesión de grandes obras hidráulicas a la iniciativa privada, en la que, además de la construcción y operación de la infraestructura (presas, acueductos, trasvases) se les concesionaría el agua hasta por 30 y 70 años. Un ejemplo, dice el colectivo “Agua para Todos”, es el Acueducto Monterrey VI que construye Grupo Higa —el de las casas Blanca y de Malinalco— al que se le daría el negocio del abastecimiento de agua a través de ese nuevo acueducto.
El PRI propuso consultar más especialistas sobre el contenido de la ley y buscar el acuerdo de todos los partidos en la Cámara, algo que aceptó el PAN, que no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la ley, mientras el PRD celebró ayer como un triunfo. Serán varias semanas las que se lleven las consultas y la iniciativa podría votarse después de las elecciones de junio, con lo que el PRI buscaría quitar a la oposición una redituable bandera electoral como la “privatización del agua”.
Por lo pronto, ayer la polémica Ley General de Aguas fue parada y, mientras son peras o manzanas, los diputados de todos los partidos evitaron la regada.
NOTAS INDISCRETAS… Los cálculos anoche hablaban de al menos 92 votos seguros para sacar hoy la controvertida nominación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, cuando según la Constitución se requerirían 82 votos en caso de que estuvieran presentes al momento de la votación los 124 senadores. En los 90 hipotéticos que calculan esa cifra, se cuentan los 54 votos del PRI, unos 30 del PAN, 1 de Nueva Alianza y 7 del PVEM, e incluso se estimaba que hay 5 perredistas que podrían votar a favor del embajador en Washington. En todo caso, la cifra final depende de cuántos asistan y cuántos estén presentes al momento de la votación, pero por lo pronto una cosa es cierta: al PRI le saldrá muy caro el nombramiento de Medina Mora, no sólo por las fuertes críticas y cuestionamientos externos y del Poder Judicial, sino por lo que tuvo que pagar (en negociaciones y acuerdos) para asegurar los votos de la oposición a favor del cuestionado ex procurador. Ya se sabrá…Los dados mandan Serpiente. Mal augurio.
sgarciasoto@hotmail.com
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