Gobierno y partidos condenan muerte de precandidata Aidé Nava
El
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó enérgicamente el
secuestro y la ejecución de Aidé Nava González, precandidata del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio
de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero.
Alrededor de las 22 horas de este martes 10 de marzo fue localizada sin
vida la precandidata, en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa,
cerca del lugar donde un día antes fue secuestrada por sujetos armados.
De acuerdo con medios locales, la mujer fue encontrada decapitada y al
parecer con signos de tortura, y con una manta que amenazaba a los
políticos “que no se alinearan”.
En un comunicado, Inmujeres declaró que el asesinato “constituye un
acto de barbarie que no puede tener cabida en una sociedad democrática
y en un Estado de Derecho. Exigimos una investigación pronta,
exhaustiva e imparcial de estos lamentables hechos, que permita conocer
la identidad de quienes lo perpetraron, averiguar el paradero de sus
autores, y ejercer una pronta y expedita acción penal en su contra”.
La instancia dijo que este hecho obliga a que las autoridades
establezcan mecanismos de seguridad, que impidan que estos sucesos de
violencia política se repitan.
De igual forma, Inmujeres llamó a las autoridades estatales y
municipales para que durante el proceso electoral en curso se garantice
la seguridad y protección de quienes contienden por un puesto de
elección popular, particularmente de las mujeres.
Ayer el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, condenó el
crimen y en redes sociales aseguró que se debe garantizar seguridad
total a todos los candidatos en este proceso electoral, así como a los
ciudadanos y participantes del mismo.
Cabe recordar que en marzo de 2013 el Senado reformó la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el entonces
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe),
para incluir el delito de “violencia política de género”.
Tal delito se definió como “agresiones cometidas por una o varias
personas, directamente o por terceros, para causar daño físico,
sicológico o sexual en contra de una o varias mujeres, con el objetivo
de impedirles el acceso o desempeño de un cargo de representación
política”.
No obstante, la propuesta no fue ratificada en la Cámara de Diputados.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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