PGR debe atraer investigación de asesinato, exigen activistas

Organizaciones y redes defensoras de la libertad de expresión y los Derechos Humanos exigieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), que investigue el homicidio de Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Sol de Orizaba, quien fue secuestrada y apareció sin vida este martes 9 de febrero.

En un pronunciamiento, las y los activistas llamaron a la FEADLE a atraer el caso, y realizar una investigación apegada a derecho y basada en la labor periodística de la reportera, quien tenía dos hijos menores de edad, uno de ellos de 15 días de nacido.

El pasado lunes 8 de febrero alrededor de las 2:00 de la madrugada hombres armados entraron al domicilio de Anabel, en el municipio de Mariano Escobedo, conurbado a la ciudad de Orizaba, en Veracruz, y se la llevaron. Al día siguiente su cuerpo fue localizado en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Tehuacán, Puebla.

Organizaciones como Artículo 19, Propuesta Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), así como redes de periodistas, exigieron también a los medios de comunicación no revictimizar a la reportera por medio de imágenes que vulneran su dignidad y la de sus familiares.

De acuerdo con estos colectivos, es necesaria una investigación fidedigna, pero también un seguimiento en los medios que tome en cuenta el contexto de violencia contra las y los periodistas y contra las mujeres, por lo que es necesario que se desechen fundamentos sexistas para determinar móviles que terminan criminalizando a las víctimas.

De 2002 a 2015, el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC registró y documentó 331 casos de violencia contra mujeres periodistas en México; pero tan sólo en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz (de 2010 a la fecha) se han documentado 35 hechos violentos contra comunicadoras, incluidos dos casos de feminicidio: el de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, del diario Notiver, y el de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Xalapa, capital de la entidad.

A esos dos últimos crímenes se sumó el homicidio del fotoreportero Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera Pérez, ambos veracruzanos que fueron asesinados junto con otras tres mujeres en la Ciudad de México, en julio de 2015.

En esos hechos las autoridades y algunos medios de comunicación difundieron información con la que se criminalizó a las víctimas.

A Yolanda Ordaz se le relacionó con el crimen organizado por cubrir la fuente policiaca; al asesinato de Regina Martínez se le consideró un “crimen pasional”, y en el caso de Nadia y Rubén se cuestionó que fueran asesinados después de una fiesta, y asegurando que otra de las víctimas tenía nexos criminales.

De acuerdo con las organizaciones, hace cuatro meses se declaró la “Alerta Temprana en Veracruz”, un mecanismo para hacer frente a las amenazas constantes y asesinatos contra periodistas en la entidad, pero ni el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ni el gobierno de Duarte han tomado medidas al respecto.

Las agrupaciones criticaron la incapacidad para implementar medidas urgentes de prevención y protección, además de garantizar que el gremio periodístico no sea agredido ni perseguido, por lo que llamaron a las autoridades a hacer su trabajo, y cumplir las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de atención contra la violencia hacia periodistas y la violencia de género.


CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-