Pedro Miguel
Ante las informaciones
en el sentido de que el dólar ronda los 20 pesos y el kilo de tortilla,
los 17, el gobierno federal manifiesta que tales cifras no han sido inducidas
de manera alguna por el ejercicio gubernamental en curso. El problema
está en las turbulencias financieras internacionales; enfrentamos la
volatilidad y aversión al riesgo que existe con respecto a los mercados
emergentes utilizando de manera coordinada los diferentes instrumentos
de política fiscal y monetaria.
La relación de la moneda nacional con respecto al dólar no puede
interpretarse como una devaluación de la primera, sino como una
repreciación del primero debido a fenómenos foráneos y seguiremos
trabajando en forma responsable para preservar la estabilidad
macroeconómica. Si en la presente coyuntura en México el litro de
gasolina cuesta el doble que en el país vecino del norte y si allá el
salario mínimo equivale a 14 salarios mínimos nacionales ello debe verse
como una expresión de asimetrías que escapan a nuestro control.
Algunos integrantes del Grupo Internacional de Expertos
Independientes han sido objeto de críticas por parte de malquerientes
pero no hay en ello responsabilidad alguna del gobierno federal: la
administración pública ha acatado puntualmente los señalamientos de esa
instancia, le ha brindado todo su respaldo, y si sus miembros son
odiosos eso es un asunto de opinión pública. El primer interesado en
establecer la verdad en torno a los dolorosos hechos acaecidos en Iguala
es el Poder ejecutivo Federal y, en consecuencia, se deslinda
rotundamente de tales críticas. Por otra parte, la administración
pública ya estableció más allá de toda duda razonable que los culpables
de esos sucesos fueron el señor José Luis Abarca y el grupo delictivo
conocido como Guerreros unidos, como lo han reconocido de
manera voluntaria y espontánea decenas de autores materiales hoy sujetos
a proceso. No hay, en consecuencia, fundamento en los señalamientos que
buscan vincular el actual ejercicio presidencial con los trágicos
hechos referidos.
El tema de las residencias de algunos funcionarios ya fue plenamente
esclarecido por las instancias pertinentes a las que corresponde,
conforme a derecho, investigar tales situaciones. Si la empresa Grupo
Higa y el señor Juan Armando Hinojosa Cantú decidieron prescindir de
algunas utilidades lo hicieron en estricto ejercicio de las libertades
que las leyes les otorgan, ello no representa irregularidad de ninguna
especie y la generosidad para con los altos funcionarios no está
tipificada como delito en el marco jurídico nacional.
Cabe recordar que el transporte aéreo presidencial que está
por entrar en servicio y que ha sido objeto de expresiones adversas
procedentes de algunos individuos insatisfechos con su propio nivel de
vida fue adquirido en el curso de la administración anterior y que no
existió, por ende, participación alguna del actual gobierno en la
decisión respectiva. Debe agregarse que una vez realizada la adquisición
habría sido sumamente oneroso cancelar o readjudicar la aeronave de
referencia; en esta circunstancia, debe reconocerse la prudencia y el
espíritu de sacrificio de la Presidencia de la República, la cual optó
por resignarse a incorporar dicho avión a su conjunto de medios de
transporte aéreo.
La fuga del recluso Joaquín Guzmán Loera del penal de alta seguridad
del Altiplano (antes La Palma, antes Almoloya) no contó con la
participación de altos funcionarios de la administración pública
federal; tal acción fue resultado de una conjura entre celadores de base
y algunos directores de área, todos los cuales han sido ya consignados.
Prueba de la firme voluntad del actual gobierno en contra de la
delincuencia organizada y sus principales exponentes es la recaptura del
sujeto mecionado en un tiempo récord, en una acción concertada de las
instituciones policiales y militares con la colaboración de autoridades
de Estados Unidos y la producción de una prestigiosa empresa televisiva.
El gobierno federal está convencido de que la violencia en algunas
zonas aisladas del país es un fenómeno que está siendo contrarrestado
mediante la decidida actuación de las autoridades estatales y federales y
que muy pronto las organizaciones criminales serán desmanteladas. La
bronca está en los alcaldes.
Finalmente, este gobierno expresa su compromiso inalterable con la
vigencia de la legalidad, la honestidad en el ejercicio del erario, las
libertades individuales, la soberanía nacional, la fortaleza de la
economía, la preservación del poder adquisitivo del salario y la
dignificación de la educación pública. No es nuestra culpa.
Twitter: @Navegaciones
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