Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa participan en una manifestación en Polanco. Foto: Xinhua
Por Marco Appel publicado: 8 febrero, 2016 Nacional

BRUSELAS (apro).- Una misión especial del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo realizará una gira de trabajo en México este 9 y 10 de febrero en la que considera reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y secretarios de Estado.
“Es muy claro: plantearse esta misión para simplemente señalar con el dedo no sirve de nada; pero tampoco solamente ir a explicar lo bien que nos llevamos y cómo seguiremos adelante con la renovación del acuerdo global”, señala a Apro la eurodiputada española Beatriz Becerra Basterrechea, quien junto con otros dos de sus colegas integra la misión que irá a México.
“El caso de México –prosigue la eurodiputada—es muy significativo y un precedente para el mundo porque es un socio estratégico de la Unión Europea (UE) y estamos en proceso de renovación del acuerdo bilateral, pero es también un país con una trayectoria y unas valoraciones muy bajas en materia de respeto a los derechos humanos, que deben primar por encima de todo lo demás”.
La entrevistada refiere que en la agenda de su viaje hay tres “temas prioritarios” a abordar con las autoridades peñanietistas: el estado de las averiguaciones en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014, así como los avances en la implementación del Mando Único en la policía mexicana; la violencia y los asesinatos contra las mujeres, y la deficiente protección de defensores de derechos humanos y periodistas en el país.
Becerra considera que el de Ayotzinapa es un “caso emblemático” en el que “se entrelazan la corrupción policial, institucional y judicial con la impunidad” existente en México.
Por otro lado, la eurodiputada explicó que la misión solicitará al gobierno mexicano información detallada sobre el número y la cartografía de agresiones contra las mujeres, datos que el anterior embajador ante la UE Juan José Gómez Camacho –quien desde enero se desempeña como representante de México en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York–, quedó de entregar y no lo hizo.
“En una carta de despedida que me mandó, el embajador reconoce que ese compromiso está pendiente” de cumplimiento, comenta la eurolegisladora española.
Según una versión no definitiva de su programa de trabajo, la misión será recibida por el presidente Peña Nieto la mañana del martes 9 de febrero, encuentro al que seguirá una reunión con la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas.
Por la tarde los eurodiputados tienen prevista una cita con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el día siguiente sostendrán una reunión enfocada en las investigaciones sobre Ayotzinapa con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario para Derechos Humanos de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) Emer Omar Betanzos.
La agenda incluye un encuentro en la sede de la delegación de la UE con organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.
“El objetivo de esta misión –precisa Becerra—es hacerle ver (al gobierno mexicano) que estamos juntos, pero que sabemos a qué nos tenemos que comprometer”.
–¿Ese compromiso es para el gobierno de México mejorar en derechos humanos?
–Así es.
Bloqueo del GIEI
El viaje a México de la misión del Subcomité de Derechos Humanos sirvió de argumento al grupo de eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) para impedir que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara el año pasado su reporte sobre Ayotzinapa en tal subcomité del Parlamento Europeo.
A finales de septiembre pasado los partidos políticos de esa subcomisión eurolegislativa se plantearon invitar al GIEI, pero el entonces embajador Gómez Camacho “aconsejó” no hacerlo en ese momento porque, alegó, ese grupo de expertos todavía no terminaba su trabajo y “no manejaba datos relevantes”, relata la eurodiputada Becerra.
El 7 de ese mes de septiembre el GIEI había presentado en un ambiente de gran expectativa un reporte que contenía el resultado de seis meses de investigaciones. Tal documento cuestionó la versión oficial de los hechos, según la cual los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en el basurero municipal de Cocula, en Guerrero.
El PPE siguió el “consejo” del diplomático mexicano y propuso postergar la presentación del reporte del GIEI hasta después de la visita de la misión del subcomité a México, propuesta a la que se alineó la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos (APSyD), a cuyo grupo político pertenece la presidenta del subcomité, la española Elena Valenciano.
Aunque se opuso el grupo de los verdes europeos –quienes habían establecido contacto desde septiembre con el español Carlos Beristáin, uno de los miembros del GIEI, para presentar el reporte–, populares y socialistas impusieron a finales de noviembre su posición al ser las fuerzas mayoritarias en el Parlamento Europeo.
De acuerdo con la eurodiputada Becerra, el subcomité ya decidió que el GIEI presente su informe en la sesión ordinaria de mediados de marzo entrante. En esa ocasión también se debe exponer el informe final de la visita de la misión a México, que será elaborado en conjunto por sus integrantes, los tres provenientes de agrupaciones de la derecha europarlamentaria.
Misión disminuida
La misión del Subcomité de Derechos Humanos actuará en un entorno que limitará su eficacia y visibilidad, siendo favorecido el gobierno de Peña Nieto.
Para comenzar, el presidente de la misión es el eurodiputado rumano Cristian Dan Preda, miembro del grupo del PPE, quien ha tomado la defensa de los últimos tres gobiernos mexicanos –los de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa y el actual—contra las críticas en materia de derechos humanos.
Preda declinó una entrevista solicitada por este corresponsal. Una de sus asistentes, quien gestionó la petición, dijo que el eurodiputado había considerado “más pertinente” efectuar la entrevista una vez que regresara de México.
El programa original de la misión incluía a cinco integrantes: además de Preda y Becerra, el búlgaro Andrey Kovatchev, del grupo del PPE; la portuguesa Liliana Rodrígues, de la APSyD, y el alemán Hans-Olaf Henkel, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. De ellos, sólo Becerra, que pertenece al grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), está familiarizada con la situación de México en su labor legislativa.
Los otros cuatro, incluyendo al jefe de misión, no pertenecen a ninguna de las delegaciones del Parlamento Europeo con países o regiones de Latinoamérica y tampoco se han interesado sobre México en las preguntas parlamentarias que han emitido durante la legislatura actual. Es más, la eurodiputada Rodrigues ni siquiera es titular –es suplente– del Subcomité de Derechos Humanos.
La mayoría además no habla español, por lo que en el programa original aparecían tres traductores que acompañarían a la misión.
Finalmente decidieron no viajar a México Kovatchev y Rodrigues. Algunas bancadas así lo hacen para poder tener un lugar en otras misiones o delegaciones que consideran más importantes. En todo caso, sin la eurodiputada portuguesa socialista –quien hasta este 2 de febrero no había sido reemplazada– la misión se quedó sin representación de la izquierda europea, en cuyas filas se encuentran algunos críticos del gobierno mexicano.
Además, la misión especial del Subcomité de derechos humanos realizará sus reuniones con Peña Nieto, Osorio Chong y Ruiz Massieu en conjunto con la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE que componen otros 10 eurodiputados, de acuerdo con una versión previa de su agenda.
A esa reunión anual entre legisladores de ambas partes asisten del lado europeo cuatro populares, un socialista (el español José Blanco López, exministro y portavoz del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), dos verdes y tres más de igual número de otros partidos minoritarios del Parlamento Europeo.
El encuentro con el mandatario mexicano durará 45 minutos. Becerra admite que tal “recepción” para 15 personas “será probablemente más protocolaria que otra cosa”.
Los viajes de trabajo a México de los eurodiputados de la Comisión Parlamentaria Mixta (y de los legisladores mexicanos cuando acuden cada dos años a Europa para la misma asamblea) tienen un componente turístico.
Después de las tareas formales celebradas en la Ciudad de México, generalmente se organiza un viaje de placer dentro de la agenda oficial que suele servir para el lucimiento de los gobernantes locales que reciben a los eurodiputados en sus entidades y para el esparcimiento de los mismos cuando son paseados o invitados de honor de cocteles y otros eventos sociales.
Este año, esa asamblea llevará a cabo una parte de sus trabajos en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuyas autoridades municipales programaron para los eurodiputados una cena en el palacio de gobierno, una “callejoneada” y un paseo por la Casa de Europa.
A diferencia de la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, Elena Valenciano, quien no viaja con la misión a México, la presidenta de la delegación europea para la Comisión Parlamentaria Mixta, la eurodiputada popular española, Teresa Jiménez-Becerril, sí lo hará.
Una integrante de esta delegación mixta es la eurodiputada Estefanía Torres, del partido español Podemos, que forma parte del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Verdes Nórdicos en el Parlamento Europeo.
Torres, quien recientemente residió dos años en México, comentó a esta agencia que no participará en los actos sociales de la delegación, con la que viaja por primera vez. Considera que la misión del Subcomité de Derechos Humanos, tal como está compuesta, “no reflejará la situación real que vive el país”.
Acusa, además, que México “está atravesando una situación alarmante de violaciones de derechos humanos” y “no se está llamando a las cosas por su nombre: se dice que la situación no es perfecta, que ha habido algunos avances, pero hay 26 mil desaparecidos en México, la mitad durante el mandato de Peña Nieto, y hay casos sin resolver como el de Ayotzinapa”.
Por eso, concluye: “No somos optimistas en cuanto a la postura de esa misión”, la del Subcomité de Derechos Humanos.