Compartir.
CIUDAD DE MÉXICO, (Proceso).- En los últimos 10 meses informes y
visitas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad
civil desnudaron las enormes carencias mexicanas en materia de respeto a
los derechos humanos, ejercicio de la libertad de prensa y combate a la
corrupción, con lo cual, aunque periódicamente se celebran elecciones,
que en general los observadores internacionales califican como
democráticas, el país incumple con elementos indispensables para
considerarlo de la misma manera.
El pasado miércoles 28 de enero se dieron a conocer los reportes de
Transparencia Internacional (TI) en materia de percepción de corrupción,
y de Freedom House (FH) en materia de libertades, libertad de prensa y
libertad en internet. Todos reprueban a México.
De acuerdo con informe de TI, el país apenas alcanza una calificación
de 35 puntos, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa “altamente
corrupto” y 100 “muy limpio”. Esto convirtió al país en el peor evaluado
de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
El comunicado de prensa enfatiza: “Los países en las primeras
posiciones presentan características comunes que son clave: altos
niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos
que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta;
altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, y un
poder judicial que no distingue entre ricos y pobres y que es
verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.”
Y, en contrapartida, al establecer las constantes en los países que
ocupan las últimas posiciones, además de las guerras y conflictos, “se
caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas
frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia
en los medios de comunicación”.
Para corroborar las razones por las que México se encuentra entre
estos últimos, el informe de FH ubica a México como un país
“parcialmente libre” en general y en libertad en internet, pero “no
libre” en relación con los medios de comunicación. Para respaldar esta
calificación en materia de libertad de prensa se hace referencia al
despido de Carmen Aristegui y todo su equipo de MVS Radio tras haber
revelado la historia de la Casa Blanca de Las Lomas, propiedad de la
esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera; y, desde
luego, al frecuente asesinato de periodistas, especialmente aquellos que
investigan temas policiacos, de tráfico de drogas y corrupción oficial.
Sin embargo, previamente habían sido la OEA y la ONU –organismos
internacionales de los que México forma parte– y sus convenciones en
materia de derechos humanos –que fueron firmadas por el Ejecutivo y
avaladas por el Senado mexicanos– las que habían emitido informes
alarmantes respecto a diversos temas vinculados con estos derechos
fundamentales.
En marzo del año pasado, Juan Méndez, relator especial de la ONU
contra la tortura, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos
Humanos de dicha organización el informe de una visita que realizó al
país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y en su primer párrafo
señaló: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a
la detención y antes de la presentación son generalizados en México y
ocurren en un contexto de impunidad”.
Posteriormente, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre del mismo
2015, durante la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, el grupo de trabajo que revisó los avances en la
implementación de las recomendaciones que dicha instancia hizo a México
en 2011 en cuanto a desapariciones forzadas avaló la afirmación del
Comité en la materia respecto a que “la información recibida por el
Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte
del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse
como desapariciones forzadas”.
También en octubre, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó lo impactante que
resulta el hecho de que en un país no inmerso en un conflicto bélico
hubiesen sido asesinadas 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y
agosto de 2015, y desaparecido al menos 26 mil desde 2007.
A su vez, Rose-Marie Belle Antoine, al dar a conocer el informe
preliminar tras la visita del pleno de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, estableció que estos problemas “son resultado de una
situación estructural que México padece desde hace décadas” (Proceso
2043).
Los politólogos identifican cinco dimensiones que cualquier
democracia debe cumplir para ser considerada como tal: elección
democrática de autoridades; sensibilidad y capacidad de respuesta de
éstas a las demandas ciudadanas; vigencia del estado de derecho;
mecanismos eficaces y eficientes de rendición de cuentas, y vigencia de
los derechos civiles, políticos y sociales.
Los informes citados en los párrafos precedentes evidencian que al
menos las tres últimas no rigen en México. Los informes de la OEA y la
ONU constatan la ausencia del estado de derecho al revelar un índice de
impunidad de los casos criminales de 98% y la generalización de las
prácticas de la tortura y la desaparición forzada por parte del mismo
Estado mexicano.
Si a estos documentos se agrega el de FH, queda claro que tampoco se
cumple con la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Y
el de TI revela la inexistencia de la rendición de cuentas en el país.
La mala evaluación del desempeño de los partidos políticos en general
y la mala calificación de los gobernantes de las distintas instancias
en todas las encuestas de opinión pública permiten suponer que tampoco
se atienden las demandas ciudadanas. De acuerdo con una encuesta de
septiembre de 2015 sobre la confianza en las instituciones realizada por
Consulta Mitofsky, los partidos políticos son los peor evaluados, con
una calificación de 4.9 puntos sobre 10. La encuesta de diciembre del
año pasado de Reforma indica que el 58% de los encuestados desaprueban
la actuación del presidente mexicano y únicamente 39% la aprueba; y de
los 21 miembros de su gabinete ampliado únicamente aprobó, con apenas 6
puntos sobre 10, el secretario de Marina.
Así que, en el mejor de los casos, de las cinco dimensiones
irreductibles de la democracia, en México únicamente se cumple con la
elección democrática de las autoridades. Esta es la realidad de la
tambaleante democracia mexicana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario