Por: Emma Martínez /
9 febrero, 2016
(09 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A finales del año
pasado, trascendió la noticia sobre la construcción de un confinamiento
de desechos industriales en San Luis Potosí, cuya ubicación sería en el
municipio de La Victoria, en el rancho Palula, dicho proyecto se había
propuesto ya desde 2014, cuando los habitantes dieron inicio a una serie
de movilizaciones, cuyo primer objetivo fue obtener el apoyo de las
autoridades locales y después las estatales, esperando que detuvieran el
proyecto.
Esto no sucedió, ya que finalmente -y de forma apresurada- Semarnat avaló
la construcción. Con ello, poco más de 10 comunidades de
aproximadamente 200 habitantes cada una, padecerán afectaciones debido a
que será inevitable no tener contacto con los tóxicos que ahí se
encuentren.
El ambientalista Rodrigo Torreblanca, quien forma parte del organismo
internacional Ecologistas en Acción, y desarrolla un estudio sobre el
crecimiento y la facilidad de los permisos para la construcción de los
basureros tóxicos en México, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO: “en
este país este tipo de sitios donde se confinan desechos tóxicos van
aumentando y la principal característica es que los construyen cerca de
comunidades indígenas y de aquellas con pobreza y pobreza extrema.
“La excusa es que buscan lugares alejados, sí, pero no sitios sin
población. La lejanía de las zonas sirve nada más para que los
pobladores que están alejados de las dependencias u organismos civiles
que no puedan demandar el cierre o detención del proyecto en su
totalidad. Paradójicamente son los gobiernos seudo ecologistas los que
promueven la muerte de estas poblaciones, por medio de las enfermedades
que pueden incluir desde cáncer hasta malformaciones”.
En el caso del basurero que se construye en Palula, explica que se ha
dado a conocer que será 2017 el momento en que comience a funcionar, ya
que aún con las constantes exigencias para que se detenga, la
construcción no se ha detenido ni un sólo día. Agrega, que grupos de
pobladores han presentado un largo listado de anomalías, que se han
llevado ante las autoridades correspondientes, “pero no han sido tomadas
en cuenta, el desarrollo va y no se detiene”, además de denunciar que
jamás fueron consultados.
Dicho basurero es un proyecto del empresario minero José Cerrillo Chowell,
quien ya en distintas ocasiones ha sido acusado de contaminar México,
así como exponer a sus trabajadores en las minas, al grado de llevar a
algunos a la muerte, pese a que activistas y población de San Luis
Potosí han exhibido estos hechos, las autoridades, a decir por
ambientalistas, le permiten al empresario reconocido internacionalmente,
seguir operando con total impunidad.
Dentro de las principales afectaciones que han denunciado los
habitantes, así como el Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”, es la
contaminación de sus tierras, puesto que debido a la cercanía del
basurero con las propiedades, al enterrar los desechos peligrosos,
dañará tanto los cultivos, como el agua, que llevaría a desarrollar
varias enfermedades y daños de salud mortales, como los mencionados por
el ambientalista.
El centro de Derechos Humanos ha denunciado que en 2015 cuando se
aprobó el proyecto, también se dio visto bueno al estudio de impacto
ambiental, aún cuando presentaba una serie de daños a flora, fauna y
población humana, por lo que la aceptación de manera irregular,
comenzando por la ubicación, ya que pese a la cercanía con las zonas de
cultivo y ciudadanos, Semarnat lo pasó por alto.
Omar Mazariegos, un poblador de las comunidades afectadas, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO
que la compra por medio de dádivas, comenzó desde antes de la
aprobación del proyecto; “como los primeros vendidos fueron los del
cabildo que iba saliendo, quienes lo hicieron de noche para que nadie
supiera de la aprobación, quisieron engañarnos desde antes a nosotros,
de pronto llegaron a repartir despensas, artículos electrodomésticos,
ropa, calzado y hasta computadoras, todo a nombre del
señor Cerrillo Chowell, fue ahí el primer indicio que nos iban a joder.
Nunca le interesó nuestra vida y nuestras necesidades a ese hombre
tan rico, nos podíamos morir en su cara y él ni en cuenta, pero como
estaba a punto de ser el que nos asesinara quiso ir preparando el
terreno, para después tener permiso fácil y sin problemas para envenenar
nuestras tierras”.
El Centro de Derechos Humanos y la población, recientemente ha
solicitado la colaboración de especialistas en materias del medio
ambiente de El Colegio de San Luis A.C., a fin de fundamentar su queja
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). A su vez han
buscado a otros organismos civiles y activistas ambientales para que se
unan a la causa, ya que aseguran se enfrentan al hombre más poderoso y
rico del Altiplano de San Luis Potosí.
Según la información de la Semarnat, dicha dependencia otorgó el
permiso al empresario José Cerrillo Chowell para construir un tiradero
de desechos industriales de 600 hectáreas y que anualmente recibirá 185
mil toneladas de tóxicos; “hemos tenido información que el empresario ya
está comenzando a promover su basurero con otros dueños de minas para
que compren un espacio y depositen sus desechos, para él nuestra lucha
ni existe, porque tiene el apoyo total de las autoridades más
importantes”, comenta Mazariegos.
“Lo más lamentable es que pese a las justificaciones que han dado las
mismas autoridades que buscan favorecer al empresario, es un hecho que
uno de los sitios más afectados será el área natural protegida
de Wirikuta.
Por lo que ya la comunidad huichol ha externado el apoyo en la lucha
en contra del basurero; es terrible que esta lucha sea en contra de las
autoridades, los argumentos para demostrar que no es viable el proyecto
están. En un Estado justo esto sería impensable, porque simplemente el
proyecto hubiera sido rechazado de inmediato, pero en el México
corrupto, las mismas dependencias encargadas de proteger el medio
ambiente, lo han abrazado.
Sin embargo el movimiento ha cobrado mayor fuerza, ya que en éste se
encuentran indígenas, académicos, sacerdotes, ambientalistas, activistas
sociales y grupos de ciudadanos de otras entidades quienes buscamos
pelear con el gigante de la corrupción”, asegura Torreblanca.
Académicos especialistas en el tema han expresado que desde un
inicio el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV
no cuenta con la experiencia necesaria para operar un proyecto como lo
es un basurero tóxico, y han puesto como ejemplo otros sitios del mismo
tipo, donde pese a las medidas de seguridad bien
aplicadas, algunas sustancias contaminantes se filtraron al subsuelo y
contaminaron los pozos de donde se obtiene agua para abastecer a los
habitantes del lugar, lo cual ha llevado a la radiactividad.
“De hacerse realidad este basurero, el norte será un basurero tóxico,
ya que el de General Cepeda, Coahuila sigue sin
detenerse, existe uno en Ramos Arizpe y otro en Mina, Nuevo León,
que tienen la capacidad de recibir hasta 700 mil toneladas de residuos
peligrosos al año, más éste, una gran parte de la población nacional
estaría rodeada de peligro y muerte, solapada por gobiernos estatales y
el federal”, agrega el ambientalista.
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