Subcontrata a trabajadoras, las despide y niega responsabilidad
El esquema laboral de subcontratación y negación de derechos, incluso en las dependencias gubernamentales de la Ciudad de México, es más que una realidad desde el inicio de la gestión de Miguel Ángel Mancera en 2012.
Con ello, aumentó el número de capitalinas empleadas en el sector servicios –principalmente limpieza– que carecen de contrato escrito, seguridad social y demás prestaciones de ley.
Los efectos negativos de esta modalidad de contratación para las trabajadoras son palpables: despidos injustificados, precarización del trabajo femenino y abusos laborales.
Paradójicamente, en 2014 Patricia Mercado –entonces secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y hoy secretaria de Gobierno– declaró que terminar con la subcontratación en la administración pública capitalina era una “prioridad” para el Jefe de Gobierno, y reconoció “la urgencia” de basificar al personal de limpieza, ya que mantiene la condición más vulnerable.
REALIDAD SUPERA AL DISCURSO
Hasta 2014 –según el Censo Económico del Inegi–, en la Ciudad de México se contabilizaron 295 mil 180 mujeres que trabajaban en “Servicios de apoyo a los negocios, manejo de residuos y desechos, y manejo de remediación”, que integra servicios de limpieza a inmuebles.
Todas ellas están concentradas en poco más de 10 mil empresas, pequeñas y grandes, dedicadas a proveer servicios en este sector.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi señala que del tercer trimestre de 2012 al tercer trimestre de 2015 aumentó casi al doble el número de trabajadoras capitalinas en el sector servicios y comercio, que no tienen acceso a la salud, al pasar de 22 mil 302 en el primer año a 41 mil 110 en el segundo.
En el mismo periodo aumentó el número de trabajadoras de actividades terciarias subordinadas que no tuvieron prestaciones laborales, así como las que no cuentan con guardería, caja de ahorro y otras garantías.
IMPUNIDAD
La tercerización del empleo es una práctica común en más de una dependencia gubernamental en la capital del país, entre ellas la STyFE y el Inmujeres-DF, instancias que celebran cada año –al menos desde 2013– convenios de hasta más de 3 millones de pesos anuales con empresas que a su vez subcontratan principalmente a mujeres para el servicio de intendencia en inmuebles de la administración pública, según los contratos públicos que aparecen en la Ventanilla de Transparencia del GDF.
Pese a este desmantelamiento de derechos, las autoridades capitalinas –beneficiarias directas de los servicios– se niegan a asumir alguna responsabilidad cuando la empresa subcontratante comete abusos laborales.
Un ejemplo son las trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), que en enero pasado denunciaron despidos injustificados por parte de la empresa Roc-Man –contratada por el GDF–, y acusaron “omisión” de las autoridades capitalinas.
Este grupo de 59 trabajadoras de intendencia (51 mujeres y ocho varones) fue despedido el 8 de enero luego de que exigieran derechos laborales, seguridad social y basificación. Denunciaron también que la empresa les niega vacaciones, cambia su lugar de trabajo, las llama “chismosas” por organizarse, y las obliga a trabajar en delegaciones y hospitales donde la empresa también mantiene contratos.
En busca de algún acuerdo, el 15 y 19 de enero pasado las trabajadoras argumentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que ellas prestaban servicios directamente al IEMS, y que se habían enterado del empleo por los carteles que se pegan afuera de los planteles educativos y no mediante alguna agencia.
A decir de las trabajadoras, durante estas reuniones –a las que incluso acudieron la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa– las autoridades del DF rechazaron que tuvieran responsabilidad para intervenir en la denuncia, toda vez que –afirmaron– la relación laboral era con la empresa y no con el Gobierno capitalino.
LAS TRABAJADORAS NO VALEN
La trabajadora despedida Blanca Carrillo Arellano dijo a Cimacnoticias que el IEMS ha practicado la subcontratación incluso años antes de que la Ley Federal del Trabajo la permitiera, pero que una vez que se dejaron a un lado los candados legales para ello y principalmente desde la llegada de Mancera al GDF, la institución se dedicó a contratar empresas –supuestamente diferentes– para renovar cada año el contrato del personal.
Con esta práctica, el IEMS evitó que ellas pudieran generar antigüedad, hizo contratos de hasta por seis meses, y propició que sus empleadores las amenazaran de no renovar su contrato el siguiente año si exigían sus derechos, o hacían algo que fuera en contra de los intereses de la empresa.
Carrillo explicó que la empresa Roc-Man ha cambiado varias veces de razón social y que ahora se llama Joad, lo que se ha comprobado porque durante las reuniones en la JLCyA se presenta la misma persona como representante legal de ambas empresas.
Se suma que durante las reuniones con las autoridades se ha presentado un supuesto representante sindical de las trabajadoras, que ellas desconocen pero que avala a la empresa. Ante la falta de resultados, las trabajadoras alistan una demanda colectiva ante la JLCyA.
A decir de Karla Hernández Antonio, encargada de Comunicación del Sindicato Único de Trabajadores del IEMS, esta situación forma parte de una política del GDF para ignorar a las trabajadoras más vulnerables, como el personal de limpieza, integrado principalmente por mujeres, adultas mayores y jefas de familia.
La activista señaló que el gobierno capitalino pretende también impedir la libre sindicalización del personal de limpieza, y recordó que desde años atrás las y los trabajadores del IEMS exigieron la basificación del personal médico, de quienes están por honorarios y del personal de intendencia.
La sindicalista cuestionó que la empresa Joad realmente haya ganado legalmente una licitación ante la administración capitalina, ya que –denunció– la subcontratación en el DF “se da a través de empresas fantasmas”, que se dan de baja, cambian de razón social, evaden impuestos, no pagan semanas cotizadas del personal, y atentan contra las personas con más necesidad de trabajar y menos oportunidades.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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