Por: Redacción Revolución
(06 de febrero, 2016).- ”Ningún maestro podría soñar con pensionarse
con 37 mil pesos, aunque haya ganado la Medalla Maestro Altamirano por
50 años de servicio. Ni siquiera puede llegar a tener 20 mil pesos de
pensión”, aseguró Rafael Enríquez, un profesor de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia ENAH, con 17 años de antigüedad.
El catedrático considera una burla para todos los pensionados los 37
mil pesos vitalicios que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) dará a Humberto Moreira, quien fue profesor frente a
grupo sólo durante tres años.
El argumento coincide con el de la presidenta de la Comisión de
Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián, quien
declara “es una ofensa al pueblo de México que este sindicato pague una
pensión así con recursos de todos los trabajadores, sobre todo a un
personaje acusado de tantas irregularidades”.
Dicha decisión y monto se dio a conocer poco después que Moreira
volviera de España, donde fue detenido por lavado de dinero y crimen
organizado. Al priista también se le acusa de haber elevado a 36 mil
millones de pesos la deuda pública de Coahuila mediante falsificación de
documentos, cuando fue Gobernador de la entidad, de 2005 a 2011.
La legisladora de Morena calcula que un pensionado del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
podría recibir 22 mil pesos por pensión como máximo. ”Es vergonzoso que
el SNTE dé estas cantidades, porque además hay una serie de adeudos con
grupos de pensionados a los que no se les paga”, agrega Damián.
Por su parte Jesús Amancio Núñez, director de Pensiones para
Trabajadores de la Educación de Coahuila, donde un hermano de Humberto
Moreira es Gobernador, justificó la pensión vitalicia, asegurando
que durante 27 años estuvo comisionado a funciones sin goce de sueldo.
El diputado Jorge Álvarez Máynez, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en la Cámara considero que este es un caso que refleja complicidad entre la SEP y el SNTE.
“Creo que la pensión a Moreira confirma algo que el Secretario de Educación Aurelio Nuño ha querido negar, el pacto de impunidad entre el Sindicato y el Gobierno mexicano sigue vigente”, declaró. Observó, además, que el caso revela un fenómeno más general.
“El caso Moreira es importante porque es altamente mediático y representativo; nosotros lo retomamos porque exhibe el cinismo, pero son cientos, miles de operadores políticos que con la misma impunidad son beneficiarios de recursos públicos no por méritos educativos, sino partidistas, oficialistas”, comentó Álvarez. ”Por eso el secretario Nuño habla de la ‘Escuela al centro’, porque no entiende que deberían de ser ‘los niños en el centro’; su pacto es con el sindicato, no con la educación”.
El diputado Jorge Álvarez Máynez, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en la Cámara considero que este es un caso que refleja complicidad entre la SEP y el SNTE.
“Creo que la pensión a Moreira confirma algo que el Secretario de Educación Aurelio Nuño ha querido negar, el pacto de impunidad entre el Sindicato y el Gobierno mexicano sigue vigente”, declaró. Observó, además, que el caso revela un fenómeno más general.
“El caso Moreira es importante porque es altamente mediático y representativo; nosotros lo retomamos porque exhibe el cinismo, pero son cientos, miles de operadores políticos que con la misma impunidad son beneficiarios de recursos públicos no por méritos educativos, sino partidistas, oficialistas”, comentó Álvarez. ”Por eso el secretario Nuño habla de la ‘Escuela al centro’, porque no entiende que deberían de ser ‘los niños en el centro’; su pacto es con el sindicato, no con la educación”.
A las voces se le sumó la de la legisladora Cecilia Romero, quien
dijo “Humberto Moreira, debería rendir cuentas ante los habitantes del
estado al que dejó endeudado, aunque por el momento, en México al
parecer no hay acusaciones formales en su contra”.
“Yo creo que hay una acusación, hay un expediente que sigue abierto,
no hay una exoneración, hay simplemente un procedimiento en un país en
el cual se detectaron una serie de irregularidades por probables
delitos y esto es un proceso que deberá seguirse y en su momento se
deberán tomar decisiones”, refrendó.
Humberto Moreira Valdés inició su carrera educativa en 1985, como
profesor frente a salón de clases en la secundaria técnica Abel Suárez
de León, donde estuvo por un periodo de tres años, después abandonó la
docencia y nunca más volvió a las aulas.
Se dedicó a tener cargos administrativos en la secretaría de
educación, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, y a partir de 2012 se
dedicó plenamente la vida política.
Mientras tanto en España, la Fiscalía Anticorrupción española ha
solicitado nuevas diligencias al Juzgado de la Audiencia Nacional que
investiga a Moreira por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e
integración en banda criminal, según señalan fuentes judiciales.
Las diligencias solicitadas por los fiscales españoles José Grinda y
Juan José Rosa son secretas y se producen días después que el juez
Santiago Pedraz, instructor de la causa, decretara la libertad
provisional del político priista.
La Fiscalía Anticorrupción no recurrió la puesta en libertad porque,
según fuentes judiciales, facilitaría que el investigado conozca otros
aspectos de la causa que siguen secretos y afectan a otras personas.
Según información de El País, el Gobierno de México ha preguntado a
la Justicia española cuanto tiempo puede durar el secreto de sumario y
la fase de instrucción de las diligencias previas.
La iniciativa ha causado sorpresa en medios judiciales españoles ya
que no es habitual que ningún país se interese de manera oficial por la
suerte y detalles de personas investigadas por presuntos delitos
criminales y sobre la que, además, no recae ninguna petición de
extradición. “En 20 años de trabajo solo recuerdo una petición semejante
y procedía de Rusia”, afirma una fuente judicial española.
La solicitud de información del Gobierno
de Peña Nieto se cursó hace varias semanas mediante un fax remitido por
la Embajada de México en Madrid al juez Pedraz, titular de Juzgado de
Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, el órgano judicial
español en el que se investigan los principales casos de terrorismo,
narcotráfico, blanqueo de capitales y crimen organizado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario