En mi experiencia como litigante de causas de derechos humanos durante los últimos tres sexenios, las más de las veces me ha tocado atestiguar un comportamiento bastante lejano al respeto de tales derechos por parte de las instancias de la administración federal.
A lo mejor por eso mi confianza esencialmente recae en el desempeño del Poder Judicial. De ahí también mi desilusión y frustración cada vez que los juzgados y tribunales se resisten a comportarse como garantes de derechos humanos. Lo cual además explica que buena parte de mi atención y contribución a la opinión pública se enfoque en la exigencia de rendición de cuentas por parte de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la alternancia de gobiernos no me ha permitido atestiguar su compromiso real con el respeto de los derechos, conservo esperanzas de que los tribunales del país pueden hacer una diferencia.
Con esos antecedentes, para aportar a la agenda de derechos humanos, que debiera ser el tema central de las campañas presidenciales, me interesa plantear una sexta interrogante que me encantaría fuera un tema, no de debates, sino de coincidencias entre todas las personas que aspiran a la Presidencia de México: ¿A qué personas incluirían en las ternas para integrar la Suprema Corte de Justicia?
Casi al inicio del siguiente sexenio gubernamental, deberán llevarse a cabo dos movimientos en la Suprema Corte. En diciembre de este año deja su cargo el ministro José Ramón Cossío Díaz y para febrero de 2019 la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. A la mitad de la administración, tocará el turno de buscar a la persona que sustituya al ministro José Fernando Franco González Salas. Esos cambios resultan fundamentales porque abren la posibilidad de incidir en los equilibrios de la Corte de cara a su misión como garante de derechos humanos.
El papel fundamental de la Suprema Corte para hacer de nuestro país un Estado constitucional y democrático de derecho, descansa en su rol de máxima intérprete y defensora de la Constitución. Pero como en México la función primordial de nuestra Constitución es la garantía de los derechos humanos –más que la organización de las instituciones de autoridad que debería siempre de orientarse a la mejor salvaguarda de nuestros derechos–, de ello es fácil concluir que la principal tarea, encomienda, responsabilidad y obligación de las personas que conforman la Corte, es la defensa de los derechos humanos de toda la población.
Siendo así las cosas, mi postura obvia es que a la Corte deben llegar las personas con mayor compromiso en la protección de los derechos humanos. Y como nadie debiera oponerse a que se mejore esa protección, esa es la razón de que piense que no debería existir mucho debate en cuanto a los perfiles de las personas que vayan a proponerse en las ternas para conducir los relevos en la Suprema Corte.
Hablando de esos perfiles, mucho dejaría ver si las propuestas se inclinan por personas con carrera política –ya se sabe, fulanita o fulanito tiene una trayectoria en el gobierno “intachable”, o lo ha hecho muy bien en tal o cual otra institución–. O bien, si las propuestas son de gente con carrera judicial –tal o cual persona lleva toda su vida comprometida con la impartición de justicia–. E igual pueden no faltar intentos descarados de nombramientos al estilo de una ministra o un ministro “carnal”. En cambio, el perfil que necesitamos, con la integración de la Corte que hoy tenemos y las tendencias de criterio que nos deja ver, es uno de personas que se hayan dedicado a defender derechos desde las comunidades o desde las organizaciones la mayor parte de su carrera. Que entre servir al gobierno y servir a la gente, su vida evidencie lo segundo. Con ello atendemos un aspecto vital de la agenda de derechos humanos: tener una Corte garantista, pero nunca partidista.
Sostengo además que este tema no debiera dejarse para después de las elecciones, cuando hayamos confiado en alguien para la Presidencia y hayamos votado para conformar al Senado, que es la otra instancia que participa de los nombramientos de la Corte. Estoy convencido que nos conviene saber la posición de cada aspirante y partido político de forma anticipada a las elecciones federales.
La Presidencia puede fallarnos, el Congreso también. Por eso necesitamos una Corte de nuestro lado, sin importar lo que suceda el día de las votaciones. Dicho eso, destaco una última cuestión. A la Corte no solamente deben llegar personas defensoras de derechos humanos, sino que los siguientes cinco nombramientos deben recaer en mujeres defensoras de derechos humanos –incluso los dos con los que iniciará el sexenio 2024-2030 cuando se retiren los ministros Aguilar y Zaldívar–.
Es un contrasentido con los mensajes de igualdad de género, que en la Corte haya una minoría de mujeres. La mayoría de la población debiera estar reflejada en la mayoría de su Pleno. Cualquiera, hombre o mujer, puede juzgar con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos. No se trata de eso, sino de otra cosa. Es simplemente tema de igualdad, al menos en mi mente.
Finalmente, para que no se entienda mal lo que escribo y opino. Las mujeres defensoras de derechos humanos que debieran ser propuestas tienen que ser eso, defensoras de derechos al cien. No funcionarias que andan por ahí de puesto en puesto en las áreas de atención de derechos humanos. Claro que alguna experiencia se puede tener en las instituciones gubernamentales, una especie de lapso para conocer las cosas desde dentro, pero que eso sea menor en una vida dedicada y comprometida con las causas impulsadas desde nuestra sociedad civil.