(apro).- La Comisión de Puntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad eliminar el fuero de
“todos” los funcionarios de Estado lo cual incluye al Presidente de la
República, y los integrantes de organismos autónomos. La reforma
alcanzaría a aplicarse a Enrique Peña Nieto pues éste dejará el cargo el
1 de diciembre.
En paralelo, la Junta de Coordinación Política aprobó someterla a
votación en la sesión de este día, de ahí será enviada al Senado de la
República para que se avale la próxima semana y después ser respaldada
por, al menos, 17 congresos locales por tratarse de una reforma
constitucional. Peña Nieto deberá entonces promulgarla y de inmediato
entrará en vigor pues así lo establece el primer artículo transitorio de
la nueva ley.
Daniel Ordoñez, diputado presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e integrante del PRD, explicó que con la reforma
acabará “la impunidad” y los funcionarios dejarán de escudarse en el
fuero constitucional para no ser investigados cuando sean acusados de
cometer algún delito.
El dictamen, que incluyó el análisis de 32 iniciativas de todos los
partidos políticos, no contemplaba desaforar al Presidente de la
República, sin embargo, por unanimidad se modificó alcanzando a la
máxima envestidura del país para quedar como sigue:
“Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político: el Presidente
de la República, los senadores y diputado al Congreso de la Unión, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros
de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el Fiscal General
de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el
consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal
Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos,
los directores generales y sus equivales de los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos”.
Esto implica que los actuales magistrados electorales y los miembros
del INE, que han sido cuestionados en sus últimas decisiones que inciden
directamente en el actual proceso electoral presidencial, los hará
sujetos a desafuero. Actualmente, magistrados y consejeros electorales
solo son sujetos de “juicio político” procesados en cámara de senadores y
diputados respectivamente y es difícil que proceda por la forma en que
están conformadas políticamente.
La reforma presenta un error que podría ser recurrido por los
magistrados, habla de magistrados miembros del tribunal electoral y
legalmente debe decir “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación”.
Para llevar a cabo el desafuero, será la cámara de Diputados luego de
acordarlo, la que haría la acusación ante el Senado de la república,
“previa declaración de la mayoría absoluta de los presentes” y “para el
caso del Presidente de la república se requerirá de mayoría calificada,
después de haber sustanciado el procedimiento respectivos y con
audiencia del inculpado.
Las reformas constitucionales entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La actual legislatura concluye el 31 de agosto para de inmediato,
entrar en funciones los nuevos diputados y senadores que sean electos el
próximo 1 de julio, en tanto, el Presidente de la República concluye su
periodo el 30 de noviembre.
Lo anterior significa que la nueva legislatura tiene tres meses, para
de acordarlo así por mayoría absoluta de los presentes en todos los
casos, con excepción del Presidente de la República que debe ser por
mayoría calificada. De acordarlo políticamente las nuevas fuerzas que
integren la LXLIV Legislatura federal, podría ser sometido a desafuero
Enrique Peña Nieto.
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