(Reportaje Especial)
Es la primera entrega de
la serie "Superissste ¿Qué demonios pasó aquí?", que detalla cómo el
gobierno federal aniquiló esta prestación para los trabajadores y la
convirtió en un esquema para desaparecer dinero y triangular compras
públicas.
Por: Ana Lilia Pérez
Las tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) eran emblemáticas por sus precios bajos,
carritos llenos, e interminables filas de familias que cada semana o
quincena surtían su despensa en estos supermercados que competían cara a
cara, etiqueta a etiqueta, con las grandes cadenas departamentales.
Las Superissste son una prestación social de los trabajadores
del Estado y su existencia se prevé en la Constitución para garantizar
el acceso a productos de calidad con buenos precios.
La primera sucursal abrió en 1953, pero llegaron a funcionar 336 tiendas y farmacias en las 32 entidades federativas.
A partir del terremoto de 1985 se abrieron a todos los mexicanos: tras
la emergencia se convirtieron en la panacea para aliviar la economía de
las familias damnificadas.
El recuerdo es nítido para algunos: ir a estas tiendas los
carros de supermercado llenos de mercancías, con familias enteras
haciendo sus compras, trasladándose de colonias cercanas y formadas por
largos periodos de tiempo para abastecer su alacena.
Sin embargo, entrar hoy a una de estas sucursales es
encontrarse con un panorama desolador: carritos de ruedas oxidadas por
la falta de uso. Es como estar en una bodega abandonada, donde los pocos productos que hay son de una sola marca, en un mismo tamaño, presentación y sabor.
Están alineados solamente en la parte frontal de los anaqueles,
sin que haya nada detrás, es decir, simulan exhibidores llenos con una
sola hilera de productos colocada a la vista.
A cualquier hora del día los clientes pueden contarse con los
dedos de una mano, el personal deambula por los establecimientos
cubriendo sus jornadas laborales con muy pocas actividades y la mayoría
de las cajas permanecen cerradas.
Menos del 3% de los derechohabientes del ISSSTE suele adquirir algunos de sus productos en estas tiendas; es decir, más del 97% de la clientela potencial no compra absolutamente nada. Sus ventas en el mercado detallista de todo el país representan sólo el 1%.
Lo que vende no le alcanza para mantener ni sus gastos de operación, por eso depende de los subsidios del ISSSTE.
Sus administradores y gerentes las convirtieron en blanco de malos manejos, saqueo y desvío de recursos.
Actualmente, ante la Secretaría de la Función Pública hay una denuncia
en contra de su actual director, Luis Alonso Reza Oliva, por el delito de peculado por un monto de 650 millones de pesos.
Peor aún, las tiendas destinadas a satisfacer las necesidades
de los trabajadores mexicanos se utilizan, desde el sexenio de Felipe
Calderón y el actual de Enrique Peña Nieto, para simular compras que involucran millones de pesos.
Números rojos
Según sus estados financieros, entre 2003 y 2017 el Superissste perdió 17 mil millones de pesos por sus costos de operación.
Fue en 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando
tuvo sus mayores pérdidas, correspondientes a mil 813 millones de pesos.
Es decir, además de que ni siquiera ingresan los recursos para
mantenerse, pierden por operar, así que dependen del subsidio. Entre
2003 y 2017, el Issste le transfirió 14 mil 916 millones de pesos para
sueldos y gastos de operación de las tiendas.
Durante 2017, cada día de funcionamiento de estas tiendas costó 2 millones de pesos al erario para pagar su luz, agua y nóminas.
Al ver que las tiendas eran un barril sin fondo, en 2013 el
gobierno planteó un esquema radical para sanear sus finanzas: cerrar 334
sucursales y dejar únicamente dos tiendas emblemáticas,
la ubicada en la avenida José María Vértiz, de la Ciudad de México, que
es la más grande del sistema, y la de Lomas Verdes, en el Estado de
México.
Los administradores consideraron que con esta medida bastaba
para dar cumplimiento al precepto constitucional de “tiendas económicas
para beneficio de los trabajadores y sus familiares”.
El plan fue impulsado por Sebastián Lerdo de Tejada nombrado
por Enrique Peña Nieto titular del ISSSTE, pero con su intempestiva
muerte (falleció el 22 de mayo de 2015 por un infarto al miocardio) el
proyecto se detuvo. Se habían cerrado ya 266 tiendas, aún quedaban 70 abiertas, mismas que continúan funcionando hasta el día de hoy.
A la muerte de Lerdo de Tejada, el presidente Peña Nieto nombró
como sustituto a José Reyes Baeza Terrazas, exgobernador de Chihuahua
(2004-2010), quien se desempeñaba en ese momento como director del Fondo
de la Vivienda del ISSSTE, y quien previo al arranque del actual
sexenio era secretario de organización del PRI.
En las tiendas las ventas siguieron desplomándose. La cadena no
tiene un plan ni de abasto ni de ventas, sino que ocasionalmente el
Subdirector de Abasto del organismo ordena la compra de algunos
productos. O bien, cada establecimiento individualmente adquiere
mercancía para colocarla al frente de sus anaqueles.
Fuentes consultadas para esta investigación periodística explicaron que en ocasiones se compran productos en otros supermercados para rellenar.
Por ejemplo, se puede ver anaqueles en pasillos con montañas y
montañas de agua, de una sola marca, latas de atún también de una sola
marca, papel higiénico, en hileras que no requieren mayor acomodo,
porque simplemente no hay clientes que los desacomoden, como utilería.
En las tiendas hay mercancía caduca, en mal estado, en descomposición y contaminada que vale más de diez millones de pesos, según un estado financiero.
Un parámetro de su condición es precisamente la tienda de Vértiz, la sucursal más grande e importante del sistema.
Lo primero que se advierte cuando se llega a esta instalación
es su estacionamiento vacío. A medida que se camina hacia la entrada de
la sucursal se observa una tienda como si estuviese atrapada en un
tiempo pasado: los carritos oxidados por falta de uso, en los anaqueles
de ofertas algunos productos básicos repetidos una y otra vez. El
departamento de hogar muestra un par de colchones, plásticos de baja
calidad y algunos utensilios de cocina.
La farmacia son anaqueles desnudos, salvo contadas cajas de
fármacos repetidos que el ISSSTE suministra a cuentagotas a sus
derechohabientes. La papelería ofrece una sola marca de lápices de
colores, sacapuntas y algunas piezas que requieren los infantes en nivel
de preescolar.
A medida que se camina en los pasillos de la tienda se miran
productos en hileras perfectas dado que nadie las mueve, porque
simplemente no hay clientes. Aristegui Noticias visitó
la tienda un fin de semana a mediodía, cuando los supermercados
normalmente están a reventar, pero esta tienda está tan vacía que los
clientes alcanzan a contarse con los dedos de una mano.
La panadería y tortillería son el retrato exacto: simplemente no funcionan.
En esta misma zona los carteles que penden del techo exhibiendo una
hormiga con una amplia sonrisa y la frase “Superissste tiene para ti
frutas y verduras de la mejor calidad”, pero en el refrigerador solo hay
algunas cajas de tomates verdes, chayotes y papas.
El caso de las papas también es emblemático: unas están verdes, otras simplemente están podridas. El 18 de marzo Aristegui Noticias visitó la sucursal de Vértiz y revisó un paquete de papas echadas a perder con tres etiquetas sobrepuestas.
El 6 de abril regresamos a la sucursal y compramos el mismo producto, totalmente inservible.
Para pagar y salir del supermercado no hay que hacer ninguna
fila, pues aunque solo funcionan dos de las 20 cajas habilitadas, no hay
ningún cliente formado. En realidad solo hay que alertar a la cajera que se distrae leyendo una revista.
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Indagan peculado por 650 millones
Las condiciones de las tiendas no coinciden con la inyección
de 650 millones de pesos que se hizo durante el periodo de José Reyes
Baeza al frente del ISSSTE y que ya mereció una denuncia por peculado contra Luis Alonso Reza Olivas, encargado del Superissste.
Reza Olivas asumió la dirección de Superissste el 19 de
noviembre de 2015. En su historia como funcionario público figura que
entre enero de 2001 y abril de 2002 fue coordinador de asesores de
Josefina Vázquez Mota en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Entre 2003 y 2005 estuvo como secretario técnico en el grupo
parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.
Apenas una semana después de su llegada a Superissste, el 28 de noviembre, Reza Olivas le solicitó a Reyes Baeza 500 millones de pesos (oficio 358/2015) como un “apoyo financiero”, que, dijo “es de suma importancia para el Superissste ya que no hay mercancía en las unidades de venta,
por lo tanto, los ingresos han disminuido sustancialmente. Esto se
generó por la falta de pago a proveedores de mercancías, así como a los
prestadores de servicios, lo cual produjo la falta de abastecimiento”.
El “apoyo” que solicita es para resurtir las tiendas y
regresarles la vida. Sin embargo, hay que destacar que las Superissste,
igual que cualquier supermercado, se rigen por el esquema de consignación; es decir, las tiendas reciben y exhiben producto, pero únicamente pagan a los proveedores lo que venden.
Si la venta de un producto no funciona se puede devolver sin
costo. Pero los administradores del Superisste no operan con una lógica
de mercado.
Los 500 millones salieron del fondo de prestaciones sociales
del ISSSTE y fueron depositados en una partida presupuestal destinada a
cubrir indemnizaciones por juicios.
Documentos de la Subdirección de Finanzas del Superissste,
obtenidos vía transparencia, indican que 397 millones se destinaron a
“pago a proveedores”, otros 100 millones a “pago a prestadores de
servicios” y 2 millones 164 mil pesos al pago a demandas”.
En abril de 2016, los funcionarios solicitaron otros 150 millones de pesos “para cubrir parte de los pasivos” y se transfirieron bajo la misma mecánica.
El 19 de enero de 2016, en un boletín emitido por el ISSSTE, el
titular de Superissste se refirió a un depósito de 500 millones de
pesos, con los cuales “se cubrió el 100 por ciento de adeudos a 212
proveedores y prestadores de servicios, que fue posible a través de
ahorros generados por el ISSSTE (…)”.
En ese mismo documento aseguraba que “la nueva reestructuración
de la cadena de tiendas se caracterizará por la modernidad y énfasis en
la transparencia, así como en la calidad y calidez en el trato a los
usuarios, siguiendo las políticas públicas del Gobierno de la
República”.
En agosto de 2017 se presentó una denuncia ante la Secretaría
de la Función Pública contra Luis Reza y otros funcionarios de
Superissste para investigar el presunto peculado de los 650 millones de
pesos.
La lógica de la denuncia es que los funcionarios deben gastar
el dinero público en la partida que fue autorizada por Hacienda, de lo
contrario proceden investigaciones por desvío o peculado.
¿Y dónde quedó la mercancía?
Los estados financieros del Superissste, obtenidos vía
transparencia, evidencian graves anomalías en los inventarios y pasivos
de las tiendas: la mercancía que se debe a proveedores es casi diez
veces más que la que se tiene físicamente en las tiendas.
La irregularidad es particularmente grave, porque la mercancía que hay en las tiendas está bajo el mecanismo de consignación.
El estado financiero a diciembre de 2017 indica una deuda a proveedores por 633 millones de pesos, pero la mercancía que se tiene en tiendas y farmacias suma sólo 69 millones. Esto indica una diferencia de 563 millones.
En el estado financiero se dice que hay mercancías por 117
millones “en poder de terceros”, sin que se especifique por qué terceros
tendrían en su poder esas mercancías que Superissste recibe a
consignación.
También se señalan faltantes en inventarios por 413 millones;
faltantes que involucran responsabilidades de funcionarios por 178
millones; y la existencia de “otros deudores” de mercancías por 139
millones.
Se confirma que hay un stock de productos en mal estado o nulo desplazamiento con valor de 10 millones de pesos.
Sin embargo, las mismas cifras aparecen en el estado financiero de
2016, lo que significa que en un año no se hizo nada por devolver la
mercancía a los proveedores.
Los documentos indican que aunque Superissste no tiene
personalidad jurídica propia, en 2017 adquirió “edificios no
habitacionales” por 729 millones.
Se registran también pasivos etiquetados como “cambios por errores contables” por mil 136 millones.
La gran conclusión de estos estados financieros es que las Superissste están quebradas:
deben 785 millones de mercancías, acreedores diversos, impuestos por
pagar y aguinaldos. En contraste las mercancías en sus inventarios valen
menos de 70 millones de pesos.
Ante la frialdad de los números y el vacío de las sucursales la gran interrogante es ¿por qué manter abiertas las tiendas que cada día cuesta 2 millones de pesos al erario solo por operar?
Una posible respuesta: aunque el Superissste no funciona como supermercado para los trabajadores, sí es útil como intermediario para evadir las licitaciones de dependencias públicas y, en el camino, perder la pista de recursos multimillonarios.
El tema lo trataremos en la siguiente parte de esta serie: Tiendas del ISSSTE, fachadas para el desvío y la triangulación
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