4/17/2018

Los periodistas pal café. . .


Saltó a escena el peso pesado de los empresarios: Carlos Slim Helú, el más rico de los mexicanos, alguna vez el más rico del mundo, siempre en la selecta lista de los máximos multimillonarios del orbe. Lo ha hecho para tratar de arrebatar a Andrés Manuel López Obrador, el adelantado candidato presidencial, la bandera en ascenso del rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
No fue un golpe suave o preventivo, acaso de precisión (como dijo haber hecho el gobierno estadunidense en el reciente caso sirio): Slim defendió el proceso de toma de decisiones, ejecución e impacto social de la obra que diseñó uno de sus yernos, el arquitecto Fernando Romero (casado con Soumaya Slim Domit), junto al británico Norman Foster. Pero, además, negó legitimidad a la pretensión de candidato presidencial alguno (sin mencionar por nombre y apellido a ya sabes quién) para impugnar la polemizada obra. En todo caso, y ante una pregunta que sí mencionaba expresamente al tabasqueño, Slim Helú respondió: no tendría por qué meterse. Él es un candidato. Esta es una decisión que se tomó desde hace cinco o seis años; ahorita no veo por qué se discute, y lo único que veo es que debe analizarlo más a fondo con los efectos nacionales y en la Ciudad de México.
La conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por otro de sus yernos, Arturo Elías Ayub (director de la Fundación Telmex, Alianzas Estratégicas de Telmex, el portal de información por Internet Uno TV y partícipe en el programa de televisión Shark Tank México), permitió al gran multimillonario rescatar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, del embrollo en que se metió al pactar con López Obrador una mesa de análisis técnico en la que participarían representantes de la actual administración federal, del CCE y de Morena o el lopezobradorismo, como si éste ya hubiera ganado las elecciones presidenciales.
Slim, al lanzarse abiertamente a la defensa del nuevo aeropuerto y de la presunta derrama económica para beneficio social que le acompañaría, empeña su voz en un proceso de alteración de escenarios rumbo al primer debate de candidatos presidenciales, a realizarse el próximo domingo. Nadie había podido hasta ahora enfrentar con cierta viabilidad de éxito la evolución del tema del NAICM, que en estos días había alcanzado el rango de virtual prueba apabullante de la corrupción generalizada de la administración peñista y sus aliados.
Slim, el gran beneficiado por la desincorporación salinista de Teléfonos de México (solía usarse la denominación de la cadena de restaurantes casuales Carlos’n Charlie’s para aludir a la supuesta asociación de aquellos Carlos en las nuevas aventuras telefónicas), se ha colocado ahora en posición de intentar la cohesión de los grupos e intereses que se sienten profundamente preocupados por la alta probabilidad de que López Obrador gane las próximas elecciones.
Con su asomo al foro donde se da un fuerte golpeteo político (con el nuevo aeropuerto como inmediata pista electoral), el ingeniero Slim da banderazo de salida a los empresarios e inversionistas que hasta ahora han mantenido sus severas críticas en privado. Con la vista plenamente instalada en las urnas por venir, Slim planteó: Me preocupa y me da miedo por lo que siga, porque si ese va a ser el precedente, va a haber malas decisiones de inversión.
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EN CÓMIC, PLAN DE AMLO PARA EL AEROPUERTO. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, publicó en las redes sociales el cómic Un aeropuerto que no debe aterrizar, en el que plantea que se revisarán y respetarán los contratos firmados para la nueva terminal, pero recalcó que las obras se realizarán en la base aérea de Santa LucíaFoto La Jornada
El dueño del poderoso Grupo Carso recibió por parte del candidato presidencial de Morena (ah, y también de los partidos Encuentro Social y del Trabajo) una respuesta relativamente comedida. López Obrador no contestó con pullas o burlas ni hubo un revire seco. Lo más fuerte que pronunció el tabasqueño fue que a Slim lo están utilizando para contrarrestar a su movimiento: Seguramente le pidieron que saliera a dar esa conferencia; seguramente Enrique Peña o Carlos Salinas. Pero no me preocupa mucho: no tengo problema con él ni con nadie, y es amor y paz. Además, en un giro extraño, planteó que si Slim cree que el aeropuerto es buen negocio, que lo haga con su dinero.
Los adversarios del tabasqueño, sin embargo, pretenden convertir el próximo debate entre candidatos presidenciales en un espectáculo nada amoroso ni pacífico. Aun cuando mantienen diferencias entre ellos (Margarita contra Anaya y El Bronco, y Meade y Anaya también confrontados), el contrincante a vencer será el puntero López Obrador. En particular, Meade y Anaya intentarán mostrarse con dominio técnico y propuestas sensatas frente a lo que califican de ocurrencias del abanderado de Morena.
En el ámbito priísta se cultiva la esperanza de que dicho debate proporcione al pentasecretario alguna dosis de ventaja, la cual ayude a sustentar la pretensión de que Meade estaría entrando en un proceso de crecimiento y despegue. El tema de la violencia será especialmente abordado por Meade en el citado debate por venir, para acusar a López Obrador de abonar a esa violencia y no ser capaz siquiera de deslindarse de ella. Ayer, en Jalisco, el cuasipriísta dijo que frente al tigre presuntamente a desatar si hay fraude electoral debe oponerse el puma comprometido con la paz y la tranquilidad. Inexperto en controlar sus emociones en público, Meade se ha visto molesto y con mayor agresividad en sus respuestas a partir de los hechos violentos de Oaxaca.
Y justamente de Oaxaca viene el amago de que el movimiento magisterial disidente tratará de continuar con sus protestas contra actos de Meade y de Anaya, al menos en las plazas donde ese movimiento tiene fuerza. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha hecho saber que un día antes del choque violento en Oaxaca había advertido al equipo de la campaña priísta del intento de boicotear los actos en esa entidad y que las consecuencias habrían sido mayores de no haberse tenido a tiempo esa información. ¡Hasta mañana!
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Hay un punto en el que, por distintas vías, están de acuerdo AMLO y Carlos Slim: el político dice que si Slim quiere hacer el aeropuerto, lo haga con su propio dinero. El empresario sostiene que debería ser una concesión (como Telmex o Telcel) y no una empresa de gobierno. Seguramente piensa que habría competido por la concesión, la habría ganado y con capital privado –propio y de sus socios– hubiera realizado la obra. Pero el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), responsable de construir y operar el puerto aéreo, fue constituido como una empresa de participación estatal mayoritaria. El próximo presidente tendrá facultades a través de distintas dependencias de gobierno para revisar contratos… incluso detener la obra, aunque resultara muy costoso hacerlo.
La visión de Slim
Slim salió a defender el proyecto del nuevo aeropuerto sobre el Lago de Texcoco ante los medios de comunicación. Ha sido cuestionado porque presenta problemas de tipo económico y técnico, tanto por López Obrador como por grupos de expertos como el formado por Fernando Córdova, Luis Zambrano, Helena Cottler y Omar Arellano. Slim cumplió 78 años en enero y, aunque ya no posee la memoria que retenía los números en la cabeza, tiene muy claro lo que quiere. (En algunas respuestas que requerían cifras lo auxilió Luis Frías Humphrey, director de Banca Corporativa de Inbursa). Enfrente de su mesa, en primera fila, estaban sus hijos Carlos y Marco Antonio, así también su yerno, Fernando Romero, el autor del proyecto en sociedad con el arquitecto británico Norman Foster. Una tercera parte de las preguntas que le hicieron los reporteros giraron en torno a la oposición de López Obrador y su proyecto alterno de Santa Lucía. El plan que esbozó Slim abarca más que un puerto aéreo: incluye el actual aeropuerto Benito Juárez y una ciudad satélite junto a la capital. Sólo que tiene un doble problema: el agua y el hundimiento de la zona. Mantenerlo en condiciones de uso implicará inversiones enormes.
No es un aeropuerto, es una ciudad
¿Qué dijo Carlos Slim en la reunión con los representantes de los medios de información que se prolongó por más de una hora y media?
1. El nuevo aeropuerto debió ser una concesión privada, no una empresa gubernamental. Estaría enfrentando menos problemas.
2. Se está hundiendo el nuevo aeropuerto, como se están hundiendo el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y el actual aeropuerto. El nuevo aeropuerto seguro que se va a hundir al igual que todo el valle de México, que fue zona acuífera. Lo que hay que hacer es dejar de sobrexplotar el acuífero, dijo.
3. Se requerirán inversiones adicionales para resolver o atenuar el problema del agua y el hundimiento.
4. ¿Le preocupa o le da miedo que López Obrador llegue a la Presidencia? Me preocuparía y me daría miedo por todo lo demás que siga, porque si ese va a ser el criterio (cancelar el aeropuerto), yo creo que van a ser criterios equivocados de inversión. Slim admitió que recibió apoyo tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno, en el comité del Centro Histórico que presidió.
5. Hay un gran proyecto inmobiliario para aprovechar los terrenos del actual aeropuerto. Dará albergue a comercios, universidades, etcétera. Quedará comunicado con el nuevo aeropuerto por un camino del tipo del Paseo de la Reforma.
6. En el entorno del nuevo aeropuerto ya viven actualmente 5 millones de personas. La obra llevará inversión y empleo, creará familias de la clase media.
7. Los pensionados de las Afore cuyo dinero se invirtió en el fondo Fibra E tienen garantizado un rendimiento de 10 por ciento real. Las empresas del Grupo Slim sólo participan con 8 por ciento del costo de la obra.
AMLO dice no
López Obrador no hizo esperar su respuesta. De gira por San Luis Río Colorado, Sonora, afirmó que las declaraciones de Slim forman parte de la estrategia para desacreditarlo de cara al primer debate. No descartó que el presidente de Grupo Carso haya respondido a un llamado del presidente Enrique Peña Nieto o del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Añadió que es natural que se oponga a la suspensión del nuevo aeropuerto porque es uno de los cuatro principales contratistas de ese proyecto.
En décadas recientes, tantas como tres, Transparencia Internacional ha dado cuenta del desastroso papel –por decirlo en términos cursis– del gobierno mexicano en materia de combate a la corrupción: cinco administraciones neoliberales al hilo –de la salinista a la actual– hundieron a México del escalón número 32 al 135, con lo que la nuestra está catalogada entre las naciones más corruptas del planeta.
Caída libre, pues, pero una de las organizaciones multilaterales que mayor afecto ha tenido en esos gobiernos neoliberales mexicanos (de hecho, su actual secretario general, José Ángel Gurría, fue secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en el sexenio zedillista) ha dado a conocer una evaluación aterradora.
La Jornada (Susana González) lo publicó así: “Ochenta y tres por ciento de mexicanos cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas, índice que además de superar los promedios –79 por ciento– de América Latina y –65 por ciento– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subió 8 puntos porcentuales en una década. Además, disminuyó la confianza de los mexicanos en la estabilidad política, la participación y la rendición de cuentas, así como en las instituciones públicas, ubicándose por debajo del promedio regional y de la propia organización”. Espeluznante.
Resulta que dicha organización, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea, divulgaron su informe Perspectivas económicas de América Latina 2018, que contiene la numeralia referida líneas arriba y subraya que en México la confianza en las instituciones ha disminuido en la década reciente. En 2015, apenas 28 por ciento de la población expresó confianza en el gobierno nacional y sólo 32 por ciento en el sistema judicial y los tribunales.
Por si fuera poco, “en participación y rendición de cuentas los indicadores de México fueron de menos 0.13 y menos 0.87 puntos, respectivamente, con lo que también se ubicó por debajo de los promedios de América Latina, que fueron de 0.18 y menos 0.09, y de la OCDE, que sumaron 1.12 y 0.54 puntos. En cuestiones económicas, el informe señala que la población vulnerable en México subió de 42 a 46 por ciento entre 2005 y 2014 respecto del total de habitantes del país, en contraste con 39 por ciento de América Latina. En cuanto a los acomodados, como los define el documento, en México permanecieron inalterados en 2 por ciento, pero en América Latina subieron de 2 a 3 por ciento respecto del total de la población regional”.
Lo mejor del caso es que en no pocas ocasiones los gobiernos neoliberales mexicanos han seguido, y siguen, al pie de la letra, las recomendaciones de la OCDE, misma organización que hoy aporta los elementos que los dejan en el suelo.
Por otra parte, el informe Perspectivas económicas de América Latina 2018 señala que América Latina y el Caribe han experimentado en años recientes una desconexión creciente entre los ciudadanos y las instituciones públicas. En efecto, los datos de la más reciente medición de la organización Latinobarómetro muestran que la población que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos nacionales representó 75 por ciento del total en 2017, aumento desde niveles de 55 por ciento en 2010.
La confianza en otras instituciones, como el sistema judicial o las elecciones, también se deterioró, al tiempo que ha crecido la insatisfacción con la calidad de los servicios públicos. La creciente desconexión entre ciudadanos e instituciones es también reflejo de una serie de desafíos socioeconómicos que persisten en la región. Destacan las grandes desigualdades relacionadas con el origen socioeconómico, el género o la localización geográfica, los bajos niveles de acceso a la educación y competencias, o el predominio de empleos informales y de mala calidad.
A pesar de los avances, aseguran. Veinticinco por ciento de latinoamericanos vive en pobreza, mientras alrededor de 40 por ciento escaparon de ella, pero muchos forman parte de un amplio grupo social, la clase vulnerable, que vive con numerosas incertidumbres y está constituido en su mayoría por trabajadores informales.
La desvinculación de la sociedad respecto de las instituciones en América Latina y el Caribe se debe a una combinación de mayores aspiraciones, exigencias insatisfechas y retos socioeconómicos persistentes y emergentes que erosionan la confianza y los cimientos del contrato social. La confianza es la piedra angular de la gobernanza pública y resulta decisiva para el éxito de las políticas públicas.
En el orden económico, los autores del informe aseguran que el ritmo de crecimiento del producto interno bruto regional se situó en 1.3 por ciento en 2017 y se prevé un crecimiento de entre 2 y 2.5 por ciento para 2018. Las perspectivas macroeconómicas sugieren la existencia de distintas Américas Latinas, con una heterogeneidad importante entre países.
Así, se espera una recuperación más fuerte en las naciones del Cono Sur que en los países andinos y México, con perspectivas más variables en América Central. Un comercio más dinámico, una moderada recuperación de los precios de las materias primas y la gradual normalización monetaria en las economías avanzadas, que aún favorece los flujos financieros, son los principales factores externos de la recuperación cíclica de la región.
Los riesgos a corto plazo parecen más estables, pero la incertidumbre creciente sobre el futuro de la globalización puede tener un impacto negativo sobre el comercio y los flujos de inversión extranjera directa. Además, se han intensificado una serie de megatendencias mundiales que afectan a América Latina y las demás economías. Entre ellas destacan los menores niveles de productividad, el cambio tecnológico, el envejecimiento poblacional, la urbanización y el cambio climático. Todas ellas amenazan el statu quo y exigen una acción política más audaz e innovadora para asumir y hacer realidad un futuro de mayor bienestar.
Al comienzo del sexenio, Enrique Peña Nieto nos prometió un crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano a 5 por ciento anual si se aprobaban las reformas constitucionales. Inicialmente, el gobierno se endeudaría para desarrollar grandes proyectos y, con el crecimiento esperado, los pasivos se pagarían solos. Sin embargo, esta buena intención no funcionó, ya que el crecimiento soñado por Videgaray se quedó en buen propósito.
En los hechos, la deuda pública creció en relación con el PIB y el gasto corriente también creció, pero la inversión productiva del gobierno se desplomó. Los gastos en imagen, publicidad y corrupción subieron como la espuma, pero la inversión del gobierno bajó en relación con la ejercida en sexenios anteriores.
La construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles y demás infraestructura fue muy limitada, debido a la ineficiencia en el manejo de los recursos y por el desvío del dinero a actividades improductivas. El gobierno que supuestamente sabía qué hacer, a final de cuentas resultó que no tenía la capacidad para administrar adecuadamente los recursos del país y para hacer valer el estado de derecho... y eso que contaba con doctores que estudiaron en las mejores universidades del mundo.


El domingo anterior los ciudadanos guatemaltecos fueron convocados a las urnas para participar en una consulta acerca del diferendo territorial entre su país y el vecino Belice. Los gobiernos de ambas naciones acordaron someter al referendo de sus respectivas sociedades si están de acuerdo en dirimir el antiguo conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No obstante que en el proceso imperó un alto índice de abstención, la gran mayoría de los votos fue por la aprobación de la propuesta. Las autoridades beliceñas, por su parte, deben decidir aún la fecha en la que llamarán a votar a sus ciudadanos.

Solicita a candidatos política de altura
Como plaga tantos ridículos mitotes y mentiras de los aspirantes.

En septiembre de 2014 el académico británico David Runciman escribió que la idea de un establishment fue popularizada a mediados de 1950 por el periodista Henry Fairlie, quien acuñó el término para describir cómo las redes de élite en la cima de la sociedad británica cerraban filas para protegerse a sí mismas. El término cobró fuerza internacional y fue adoptado para una multitud de estudios sociológicos, económicos y políticos, en muchos países del orbe. Después el termino caería en desuso, debido al vasto control de los grandes poderes económicos sobre los mass media.
El panista José Francisco Javier Landero Gutiérrez es un político completo. Tiene una notable experiencia partidaria, legislativa y en la administración pública.
Ha ocupado amplios espacios la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar la inclusión en la boleta electoral como candidato independiente a la Presidencia de la República al personaje conocido como El Bronco. Pese a las evidencias, abiertamente fraudulentas, que el INE recopiló y, con base en ellas, le había negado el registro.
Siempre pensé que Florence Cassez formaba parte de la banda de secuestradores en la que jugaba un rol destacado su novio, Israel Vallarta. ¿Por qué lo he pensado durante todo este tiempo? No por el burdo montaje que muestra que los medios están al servicio del poder; no por la verdad histórica presentada por los policías, jueces y políticos de alto nivel de los dos sexenios panistas. No por confianza en unas instituciones de administración de justicia corresponsables de los inauditos índices de impunidad. No en una policía que viola sistemáticamente los derechos humanos. No: he pensado todos esos años que Cassez y Vallarta son culpables porque escuché a las víctimas y leí sus testimonios.
El primero de marzo de este año, en un camino de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, el militante de Morena Aarón Varela fue emboscado y asesinado a balazos por desconocidos. Aarón era precandidato de su partido para contender por la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan. Integrante en un principio de Antorcha Campesina, rompió con esa organización en 2010 y desde entonces se había enfrentado a ella. Testimonios de la región retomados por algunos medios dicen que el antorchismo lo mandó matar (https://is.gd/GnxBLX). La investigación de la fiscalía poblana se encuentra en un punto muerto.
Las relaciones entre la ciencia y la sociedad son muy complejas y a lo largo de la historia se han producido tanto encuentros como desencuentros. En su libro Innovations and it’s enemies (Oxford University Press, 2016), Calestous Juma hace un recorrido a través de 600 años de historia de la tecnología y muestra cómo se han producido debates y enfrentamientos en diferentes épocas en torno a los avances científicos y tecnológicos, desde la introducción de la imprenta o la electricidad, hasta la edición de genes o la inteligencia artificial. Desde luego, los organismos genéticamente modificados no son la excepción, el debate sobre los transgénicos está vivo en todo el mundo y es en la actualidad uno de los más visibles e intensos en México.

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