La Montaña de Guerrero sufrió dos
desastres naturales en septiembre de 2013 –una tormenta tropical y un
huracán– que sumieron a la población local en una miseria más profunda
de la que ya padecían: 90% es pobre y la mitad enfrenta pobreza extrema.
Medio año después de las tragedias Rosario Robles, titular entonces de
la Sedesol, llegó a hacer promesas de reconstrucción, para la cual se
destinaron fondos federales por más de 40 mil millones de pesos. Pero
las promesas se quedaron en eso. La funcionaria nunca regresó y las
empresas contratadas para reconstruir dejaron todo a medias.
TLAPA DE COMONFORT, Gro. (Proceso).- Andrés Neri Ventura, delegado de
la cabecera municipal de Tlacoapa, en la región guerrerense de La
Montaña, señala un montón de láminas acanaladas tirado en el suelo,
junto a una obra que iba a ser un plantel preescolar pero que fue
abandonada hace cuatro años.
El hombre recuerda con amargura las promesas que hizo Rosario Robles
Berlanga en el auditorio del pueblo en abril de 2014. La entonces
secretaria de Desarrollo Social sostuvo que el plantel estaría terminado
para que los niños iniciaran “el próximo ciclo en aulas nuevas”.
“‘¡Que no se sientan solos, yo también estoy con ustedes!’, dijo.
Pero nomás vino a engañar: mira cómo nos dejó. Todo lo que comprometió
Rosario Robles, pues nada… Quizá tiró dinero ahí nada más, a las
oficinas de la Sedatu o no sé qué empresa. He visto en las noticias que
ahí, igual en México, no termina su palabra”, deplora.
Al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Robles
encabezó el Plan Nuevo Guerrero (PNG), que el presidente Enrique Peña
Nieto lanzó para reconstruir la entidad después de la devastación que
dejaron el huracán Manuel y la tormenta Ingrid en septiembre de 2013.
Una vivienda desgajada en Acatepec, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
En La Montaña, la región indígena más pobre de Guerrero, comunidades
enteras fueron devastadas por torrentes de lodo y piedras que arrasaron
cultivos, casas y escuelas. La población damnificada, ya pobre antes del
desastre, se hundió en la miseria.
En los meses posteriores al desastre –a raíz del cual murieron 101
personas y más de 16 mil viviendas quedaron destruidas–, la funcionaria
viajó a las comunidades de La Montaña, donde repartió despensas y
certificados para la construcción de casas.
Cuatro años y medio después, y pese a una inversión federal de más de
40 mil 247 millones de pesos, Tlacoapa y los demás pueblos de La
Montaña están llenos de construcciones abandonadas: viviendas sin techo,
puertas ni ventanas; hospitales y escuelas a medio construir y
carreteras con peligrosos socavones.
Algunas comunidades quedan incomunicadas durante los cuatro meses que
dura la temporada de lluvias porque sus puentes no fueron
reconstruidos; en varias de ellas los pobladores habilitaron aulas en
casas particulares, como constató Proceso en recorridos por la región.
Durante la temporada de lluvias la comunidad de Barranca Piña queda incomunicada. Foto: Miguel Dimayuga
El avance real del PNG apenas alcanza 43%. Más de la mitad de las 9
mil 332 viviendas prometidas en el estado sigue sin acabarse, y una
cantidad incalculable de fondos públicos destinados a la reconstrucción
terminó en los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos, como
lo documentó en septiembre pasado Ezequiel Flores, corresponsal de este
semanario en la entidad.
“Precisamente es lo que nosotros no entendemos: ¿Dónde están los
recursos que supuestamente se tenían que aplicar para todas estas
viviendas que nos iba a construir Sedesol?”, pregunta un habitante de
Malinaltepec.
En sus revisiones anuales de la cuenta pública, la Auditoría Superior
de la Federación detectó que por lo menos 5 mil 251 millones de pesos
de recursos públicos fueron desviados a través de empresas fantasma
durante las gestiones de Rosario Robles en la Sedesol y en la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dos dependencias
dedicadas al combate a la pobreza y el rezago social.
En respuesta a un cuestionario, la Sedatu reconoció que “durante el
periodo que Rosario Robles fue titular de la Sedesol fungió como enlace
del Gobierno de la República con el estado de Guerrero, y como tal fue
la responsable del proceso de reconstrucción”.
La dependencia sostuvo que los contratos de reconstrucción fueron
otorgados entre 2013 y 2014 –cuando el priista Jorge Carlos Ramírez
Marín estaba al frente de la Sedatu–, y que “al recibir esta
administración se inicia la revisión del programa y claramente se
observan atrasos y abandonos en obras por parte de las constructoras”.
“Actualmente hemos reasignado aproximadamente 75 contratos que han
permitido el repunte del avance físico (…) en la región Montaña se
continúa trabajando con las acciones que fueron posibles reasignar y
están detenidas aquellas que se encuentran en proceso legal”, añadió.
Una mujer en la comunidad de Unión de Peras en Malinaltepec en La Montaña de Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
En los 19 municipios de La Montaña, 90% de la población es pobre y la
mitad enfrenta pobreza extrema, siete de cada 10 habitantes perciben un
ingreso menor a 35 pesos diarios –la línea de bienestar mínimo– y 84%
no tienen servicios básicos en la vivienda, según los datos de pobreza
municipal 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).
De las 374 mil personas que habitan las comunidades, sólo 4 mil no
son pobres ni sufren carencia social; cuatro de cada 10 carecen de
“acceso a la alimentación” y, según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 19% de los niños de entre seis y 14 años no sabe leer ni
escribir.
En medio de las estampas de miseria que abundan en aquellos pueblos
polvorientos y aislados de la señal de telefonía celular, se elevan
reclamos y lamentos por el abandono en que las autoridades dejaron la
región. La dependencia de los subsidios y programas gubernamentales es
prácticamente total: nueve de cada 10 habitantes reciben apoyos del
Programa Prospera.
Todos los comuneros con los que platica Proceso
sostienen que su ingreso no alcanza para comprar lo básico –alimentos,
útiles escolares, zapatos o ropa para los niños– y mucho menos para
pagar las facturas de electricidad que, insisten varios, se
incrementaron a raíz de la reforma energética.
“Por parte del gobierno federal, La Montaña está olvidada. Está
abandonada. Literalmente está aislada de por sí… pero solamente cuando
hay presión el gobierno manda representación, a veces. Hasta ahí queda.
Nada más mandan a una persona a hacer compromiso. Y ese compromiso jamás
se cumple”, lamenta un comunero de Tlacoapa.
Pobladores
de Zontecomapa, municipio de Acatepec, conservan los folios que les
entregó la Sedatu hace cuatro años. Foto: Miguel Dimayuga
Los campamentos
Varios pueblos del municipio de Malinaltepec, ubicados en las partes
bajas de los cerros, fueron devastados por los deslaves que provocaron Ingrid y Manuel.
En la emergencia, sus pobladores se movieron a zonas altas, donde
construyeron casas con rejas, tablas de madera o carpas, a merced del
frío. La zona es conocida como “Los Campamentos”.
Unión de las Peras fue uno de ellos: una grieta se abrió en la
comunidad y amenazó con llevarse a la mitad del pueblo. El Centro
Nacional para la Prevención de Desastres dictaminó la necesidad de
desalojarlo de inmediato y no habitarlo de nuevo.
Las 136 familias damnificadas instalaron su campamento un kilómetro
más arriba, a la orilla de la carretera, y consiguieron tierras para
reubicar su pueblo. Ahí la Sedesol dejó 81 casas a medio construir y la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
entregó 24 viviendas.
Misael Bruno Arriaga muestra una de las viviendas inconclusas. Foto: Miguel Dimayuga
Misael Bruno Arriaga, profesor de primaria y excomisario del pueblo, no esconde su molestia. Insiste en enseñar a Proceso
cada una de las casas esparcidas en el cerro que la constructora
abandonó en diciembre de 2014, sin colocar los techos, armar la tubería o
poner la instalación eléctrica.
Entre las paredes ya cuarteadas de cemento gris de las viviendas
crece la maleza. Estas casas son, en las palabras del profesor, “las que
debe Rosario”.
Después del desastre, recuerda Bruno, “tuvimos la visita de muchos
funcionarios: Rosario Robles, la de la CDI, Nuvia Mayorga, así como de
funcionarios estatales (…) se firmaron minutas y acuerdos, y todo”.
Calcula que los funcionarios dejaron de venir hace aproximadamente
dos años. “Ahorita el gobierno ya no nos ha hecho caso. Por más que
nosotros le queramos buscar, no hay nada… no hay nadie a quién dirigirse
ya. Ya nos cansamos. Dijimos: pues ya cada quién que pueda y como pueda
solucionar los problemas”.
Más abajo se encuentra la primaria Adolfo López Mateos, “terminada”
en febrero de 2016. El edificio no se ocupa porque no tiene energía
eléctrica ni sanitarios. Los pobladores habilitaron una casa como
escuela, pero la Secretaría de Educación Pública no le entregó material.
Hace aproximadamente un mes una empresa inició la construcción del
plantel preescolar, ubicado debajo de la flamante e inútil primaria,
pero la abandonó prácticamente de inmediato. “Ni se despidieron”,
suspira Laurentina Bruno Candia, la comisaria actual. “Dicen que fue por
las elecciones, que no les dejan el recurso. Todos dicen esto”, lamenta
la mujer me’phaa.
Los cerca de 3 mil habitantes de la cabecera municipal de Tlacoapa
también están desesperados. En septiembre de 2013 un torrente furioso
arrasó dos puentes, se llevó a todas las parcelas y casas que se
encontraban a la orilla del río y provocó deslaves que dejaron
inservibles el hospital y la primaria. La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) reconstruyó un puente, pero ya se abrieron profundas
grietas en su base.
El puente recién entregado ya presenta grietas. Foto: Miguel Dimayuga
Para proteger el pueblo, tanto Robles como el exgobernador Ángel
Aguirre prometieron un muro de contención de un kilómetro de largo. Éste
fue abandonado a la mitad, dejando vulnerable una escuela recién
construida. La funcionaria se comprometió a pavimentar la carretera a
finales de 2015; la vía sigue siendo de terracería.
Otra promesa fue la reubicación del hospital. Lo que hay ahora es una
estructura de concreto, vacía y sin pintar, erigida cerca del centro de
la comunidad. Los cinco médicos –tres de servicio social– realizan las
consultas en un espacio improvisado dentro de la casa de bienes
comunales, donde a menudo faltan medicamentos.
“El hospital es una prioridad para nosotros, no sólo el edificio:
especialistas es lo que queremos aquí. Los médicos controlan a los
enfermos y valoran si hay que sacarlos a la ciudad de Tlapa, pero
estamos hablando de dos horas y media a tres horas, dependiendo de cómo
vaya el chofer”, dice Leobardo Cantú Bello, exdelegado del pueblo.
Pese a ello, los datos oficiales sugieren que el acceso a la salud es
un tema resuelto en Tlacoapa: según el Coneval la carencia por acceso a
los servicios de salud se redujo de 96.6% a 5.9% entre 2010 y 2015.
Frente a la primaria recién terminada –cuatro años después del paso
del huracán– hay estructuras prefabricadas a medio construir y montones
de materiales y estructuras de metal tirados en el piso.
El albergue Casa del Niño Indígena. Obra negra. Foto: Miguel Dimayuga
Se trata del albergue Casa del Niño Indígena, que la empresa
contratada por la CDI abandonó. En sustitución, los pobladores
habilitaron un espacio del antiguo Colegio de Bachilleres, donde
alrededor de 60 niños de las comunidades más aisladas se amontonan de a
22 en cada pequeño dormitorio.
“Nosotros fuimos a las dependencias federales como la Secretaría de
Gobernación en la Ciudad de México, fuimos al despacho de la maestra
Rosario Robles para plantearle todas las anomalías que no se han podido
cumplir, por ahí de agosto de 2015”, insiste Cantú.
“Como siempre, cuando uno les plantea la necesidad que hay aquí,
ponen una fecha para que ese trabajo se concluya. A principios de 2016,
dijeron ellos. Pero al final de cuentas son verbos nada más (…) A
Rosario Robles ya no la hemos visto aquí. Ya no bajó más”, añade.
En el camino que lleva a la localidad de Zontecomapa, municipio de
Acatepec, se pueden observar pequeños sembradíos de amapola en las
cañadas, regados por el río que corre a su lado. El cultivo ilegal de
esta planta representa una de las únicas fuentes de ingreso de la zona.
Paisaje con amapolas en Zontecomapa, municipio de Acatepec. Foto: Miguel Dimayuga
Ahí, decenas de habitantes conservan con cautela las tarjetas rosas y
verdes que funcionarios de la Sedesol y la Sedatu les entregaron
semanas después del desastre. Todavía tienen la esperanza de que con
ellas obtendrán las casas que se les prometieron.
La colonia Isla Escondida, donde vivían 70 familias, fue reubicada en
las alturas del pueblo, sobre terrenos que la comunidad regaló a los
damnificados. De nuevo, sólo cinco de las 26 casas prometidas son
habitables y, aun así, la empresa no amplió los sistemas de agua y luz,
por lo que los propios habitantes jalaron mangueras y se conectaron a un
cable lejano. Las demás casas no tienen techo, puertas ni ventanas.
“La última vez vinieron en octubre, pusieron unas ventanas y se
fueron”, dice Marcelino Santiago Natalio, secretario municipal. En un
español precario, el me’phaa exige: “Que se hagan sus casas, que estén
completas. Prometieron que sí. Ya tienen el folio, que se va a construir
su vivienda. Quedaron contentos porque creyeron que sí se iba a haber”.
Varias localidades de Acatepec son víctimas de las promesas
incumplidas del gobierno federal. Este municipio es uno de los más
marginados de la región: siete de cada 10 habitantes sufre pobreza
extrema, y 87% ingresa menos de la línea de bienestar mínimo.
Un ejemplo: durante la temporada de lluvias, Barranca Piña queda
incomunicada porque las autoridades dejaron inconcluso el puente, su
única conexión hacia la cabecera municipal.
Un caballo en Unión de las Peras. Foto: Miguel Dimayuga
Carreteras y puentes
En marzo de 2014, Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, realizó
la entrega del puente de Lomas de Chapultepec y anunció que ello
marcaba la conclusión del 99% de las obras de reconstrucción del PNG.
Las carreteras y los puentes fueron un elemento central del plan: la
SCT invirtió 17 mil 248 millones de pesos en ellas, según los datos
oficiales disponibles en el portal de datos abiertos del gobierno
federal.
Según Ruiz Esparza, el PNG resultó tan exitoso que la SCT le
incorporó más obras. Entre ellas, destacó el polémico Paso Exprés de la
carretera México–Cuernavaca, cuya construcción fue marcada por actos de
corrupción. En julio pasado, apenas tres meses después que Peña Nieto
inaugurara esta obra, se abrió un socavón en el que fallecieron un padre
y su hijo.
Las carreteras de La Montaña evidencian más irregularidades. La SCT
otorgó los contratos de tramos carreteros a distintas empresas y pocas
cumplieron. Los vehículos transitan a veces en tramos pavimentados,
otras veces en caminos agrietados, cubiertos por una capa gruesa de
arena y piedras que dificulta el paso.
Peor: además de los baches que obligan los conductores a manejar en
zigzag y frenar de manera brusca para no dañar su vehículo, en varios
puntos de las carreteras se abrieron socavones que representan un
peligro mortal.
A la altura de un lugar conocido como “Costilla del Diablo”, cerca de
la comunidad de Lomazóyatl, un hoyo de cinco metros de ancho y 15 de
largo se abrió hace cuatro años en la carretera que une Tlapa de
Comonfort a Metlatónoc. El hoyo, que se encuentra en una curva y ocupa
todo un carril, da directamente sobre el precipicio.
La carretera que une Tlapa de Comonfort a Metlatónoc. Foto: Miguel Dimayuga
Asaltos a Prospera
Sólo después de un largo recorrido por esta carretera se puede llegar
a la localidad de Valle Hermoso. Previo a los huracanes, este pequeño
pueblo de Metlatónoc, pegado al estado de Oaxaca, vivía de sus cultivos
sembrados en la orilla del río.
Pero hace cuatro años y medio, el agua descendió de los cerros con
una violencia extrema, devastó las parcelas y dejó en su lugar un valle
de piedras, que permanecerá estéril hasta que el tiempo y el río
recompongan el suelo.
“Nuestro único sustento era sembrar maíz y frijol. Pero ahora ya no
podemos, ya no tenemos ingreso. Lo poquito que tenemos es para comer, de
sobrevivencia. Ya no tenemos para vender”, dice Antonio Moreno Vázquez.
El único acceso vehicular al pueblo es un puente. Las piedras
elevaron el nivel del río, por lo que en temporada de lluvias, la obra
queda debajo del agua. Pasar al otro lado implica caminar tres
kilómetros y cruzar un puente colgante a pie. Los 600 habitantes se
quedan a menudo sin sal ni chile. Sus repetidas solicitudes para
reconstruir un puente quedaron ignoradas.
Un anuncio de Prospera en Valle Hermoso. Foto: Miguel Dimayuga
Proceso acudió a esa comunidad el 5 de abril. Si
bien las autoridades tenían un gran interés en denunciar la precariedad
de su vida, no pudieron recibir al reportero y el fotógrafo.
La razón: en ese momento, interrogaban a un hombre que, el día
anterior, asaltó el convoy que transportaba el pago de cuatro meses del
programa Prospera a la zona. Para muchos, ése representa su único
ingreso. El ataque fracasó y los asaltantes se refugiaron en el bosque;
los comuneros de ocho pueblos aledaños provocaron un incendio para
obligarlos a salir, y así detuvieron a uno.
Los habitantes de Valle Hermoso no sólo aquejan su aislamiento por el
puente: también piden que se reubique la telesecundaria, que está
abandonada desde 2013, debido a un violento conflicto agrario que opone
el pueblo a la comunidad de Jicayán de Tovar, ubicada unos kilómetros
más abajo.
En 2006 se desató una disputa por 400 hectáreas de tierras agrícolas,
que poco a poco derivó en una espiral de odio en la que se perdieron
cinco vidas. Los pobladores sostienen que sus vecinos se colocan en los
cerros aledaños y les disparan de manera aleatoria. Una tarde,
ametrallaron de lejos a la escuela; en su puerta de metal permanece el
hoyo de una bala. Desde ese día, los niños toman clase en la comisaría.
En Valle Hermoso, los pobladores no tienen para comprar jitomates. La
única marca de riqueza en el pueblo son unas ametralladoras –modelo
cuerno de chivo y AR-15– y unas escopetas oxidadas. Las sacan cuando
salen hacia los cerros, para replegar una eventual agresión de los
pobladores de Jicayán.
En esta comunidad vecina, las condiciones de vida no son mejores: el
92% de la población vive en la pobreza, y seis de cada diez personas
carecen de acceso a la alimentación.
Pobladores de Valle Hermoso. Foto: Miguel Dimayuga
Reportaje especial publicado en Proceso 2163, ya en circulación
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