Guillermo Almeyra
La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) establece que los gobiernos están
obligados a consultar a los pueblos indígenas sobre toda medida que
pudiera afectarlos. Esa consulta –dice el Convenio 169 de 1989 firmado
también por México– debe realizarse previamente, por medio de las
instituciones de los habitantes e informándolos ampliamente sobre el
tema y deben ser los pueblos quienes fijen las prioridades y decidan.
No se puede llamar consultas a supuestos referendos realizados cuando
ya todo ha sido previamente resuelto por pocas personas y empresas que
sólo piensan en ganar dinero. No puede decidirse nada sin previo acuerdo
de los afectados, y solamente de ellos, y esa aceptación debe
expresarse en las formas propias de las comunidades y tras un periodo
adecuado para la información pormenorizada y la discusión al respecto
para que los interesados puedan enmendar los proyectos, rechazarlos o
proponer una alternativa.
Cuando –para tratar de imponer un proyecto prácticamente cocinado– se
alega que se realizaron ya grandes inversiones pero que se hará un
referéndum 15 días después (el 23-24 de febrero) como en el caso del
Proyecto Integral Morelos que busca construir una termoeléctrica en
Cuautla y tender un gasoducto en la falda del volcán Popocatéplet, esa
supuesta consulta no sirve para nada, es un gasto inútil del dinero
público y una insultante falta de respeto a la capacidad de pensar de
las comunidades.
El gobierno tiene por supuesto el derecho de elaborar proyectos o de
considerar favorablemente proyectos de las grandes empresas pero, puesto
que el dinero que se invertirá es de los contribuyentes, los pueblos y
comunidades de las regiones donde se realizarán esos proyectos tienen el
derecho de conocerlos previamente, de discutirlos, enmendarlos,
proponer otros o no cambiar nada.
López Obrador dijo en Cuautla en 2014 que ese proyecto en la tierra
de Zapata equivalía a instalar una planta nuclear en Jerusalén y que se
opondría al mismo. Ahora, en cambio, quiere construir la termoeléctrica
en Cuautla a pesar de que los morelenses se oponen desde hace años a ese
intento y de que los datos ofrecidos por los ecologistas demuestran que
una instalación para captar la energía solar ahorraría el agua
necesaria para la agricultura, no la contaminaría, no causaría daños al
ambiente y, además, permitiría ahorrar casi un tercio de los 22 mil
millones de pesos que costará la termoeléctrica. Los vulcanólogos y los
ambientalistas en general critican también duramente la construcción de
un gasoducto en una zona con constantes terremotos y junto a un gran
volcán que podría explotar en cualquier momento. Pero López Obrador
descarta de un manotazo todas las críticas y los críticos y los acusa a
todos, como un nuevo senador McCarthy, de ultraizquierdistas
atribuyéndose de paso la autoridad para decidir hasta dónde llega la
izquierda razonable y tolerable y dónde empieza el límite entre ella y
los condenados al fuego eterno por el nuevo Júpiter. Para colmo,
organiza además su seudovotación sobre el proyecto en Cuautla para
dentro de apenas dos semanas y quiere ahogar a los afectados por la
termoeléctrica con los votos de los desinformados habitantes de grandes
ciudades como Puebla o Cuernavaca. Como admirador de Madero debería
recordar sin embargo que éste virtualmente se suicidó al romper con
Zapata y los morelenses y recurrir a Huerta, su futuro asesino, para
reprimir a los pueblos que ya entonces defendían su agua…
El proyecto de promoción turística bautizado Tren Maya es también
peligroso y dañino desde el punto de vista ecológico, social y cultural,
y no ha sido previamente discutido en todos sus aspectos por los
habitantes de los territorios que se verían gravemente afectados. Tratar
de cubrir eso con un referéndum a toro pasado no es más que una
maniobra de prestidigitador político. En cuanto al Istmo de Tehuantepec,
la modernización de los puertos de Coatzalcoalcos y Salinas Cruz y de
la comunicación ferroviaria y vial facilitaría la comunicación entre
ambos océanos, lo cual es positivo. Pero el plan incluye la creación de
Zonas Económicas Especiales (ZEE) y proyectos eólicos y forestales
antiecológicos rechazados por las comunidades indígenas que no fueron
previamente consultadas. En esas ZEE la idea central consiste en
urbanizar y crear industrias para explotar a los desocupados producidos
por la falta de apoyo estatal a los campesinos, el crecimiento
demográfico en las comunidades y la baja productividad de las zonas
rurales con el objetivo de fijar en la zona a los trabajadores migrantes
centroamericanos y a los guerrerenses, oaxaqueños y chiapanecos que hoy
emigran hacia el norte.
Superar implica conservar lo necesario y cambiar radicalmente. Como
la oruga que se transforma en mariposa. El anticapitalismo implica
conservar los recursos aún salvables para hacer menos penosa la
reconstrucción ambiental, económica y social. Mantener este sistema de
explotación de la gente y de la naturaleza, no es transformar, es
conservar y repintar el burdel, la cárcel.
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