Desaparecidos: otra luz de esperanza

La Jornada 

En la terminología que describe en términos jurídicos los atentados cometidos contra la integridad y la libertad de las personas, la palabra desaparecido ocupa un lastimoso lugar de privilegio. Fue Jorge Rafael Videla, un militar argentino de quien se guarda funesta memoria, que en 1979 definió públicamente esa calidad: Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X. Si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener un trato especial. No tiene entidad. No está muerto. No está vivo. Está desaparecido.

La tétrica fórmula fue rápidamente asumida en muchos países, no sólo de América Latina sino de otras regiones del mundo, y las víctimas de la atroz práctica de secuestrar personas, asesinarlas la mayoría de las veces y ocultar sus restos pasaron a ser eufemísticamente llamadas desaparecidas, como si la gente pudiera repentinamente dejar de ser y de estar sin que quede ningún testimonio físico de su existencia.

En México, el fenómeno de las desapariciones tiene, como es sabido, una larga y penosa historia, pese a lo cual fue apenas a finales de 2017 cuando se promulgó una ley sobre la materia y su correlato obligado: la búsqueda de los desaparecidos. Pero a 16 meses de creada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (tal es su nombre completo), un registro oficial da cuenta de que en el territorio nacional más de 40 mil personas figuran como desaparecidas, aun cuando las cifras de las organizaciones de familiares de las mismas superan, aunque no concuerden entre sí, ampliamente ese número.

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) fue formalmente instalado en octubre pasado con el propósito explícito de armonizar recursos del Estado para ubicar a los desaparecidos, establecer medidas para prevenir y evitar las desapariciones, posibilitar la justicia y reparar los daños. Sus integrantes dispondrían de un programa nacional de búsqueda y localización diseñado para esos fines. Pero en la práctica el programa, si de veras existió, nunca fue dado a conocer masivamente y el propio sistema permaneció como un sello más, mientras miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país continuaban su peregrinaje por distintas instancias gubernamentales, con la esperanza de encontrar a padres, hijos, hermanos, parientes o amigos ausentes cuyos nombres engrosan las extensas listas (oficiales y no) de los desaparecidos en México.

Frente al panorama descrito, resultó por lo menos alentador que el nuevo gobierno decidiera relanzar (lo que en este caso viene a significar poner efectivamente en marcha) el SNBP y darle impulso a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la que desde su creación le asignaron más funciones que recursos y no obtuvo resultados apreciables. En este contexto, el exhorto que la nueva titular de este organismo, Karla Quintana, hizo a los gobernadores de los estados para que conjuntamente con el gobierno federal garanticen que el sistema de investigación funcione de una buena vez despierta una nueva expectativa para quienes, luchando contra la burocracia, la indiferencia y el olvido, caminan el país en busca de sus desaparecidos.