Piden OSC alerta de género
Por Sandra Torres Pastrana
México DF 7 mayo 09 (CIMAC).-
El día de mañana podría ser aprobada por el Congreso estatal de Guanajuato la Iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) que modifica el Artículo primero de la Constitución local para proteger la vida desde concepción, la cual criminaliza la interrupción legal del embarazo (ILE), aun en caso de violación a niñas, con lo cual se viola el derecho a decidir sobre sus cuerpos de las mujeres guanajuatenses, las criminaliza y las obliga a verse como meros instrumentos de reproducción.
Así lo afirmó para Cimacnoticias la presidenta del Centro de Derecho Humanos Victoria Diez, Ángeles López García, quien dijo que ayer dicha iniciativa fue aprobada en comisiones y mañana subirá a la tribuna del Congreso local.Para López de aprobarse dicha modificación no solo implica que las y los legisladores de Guanajuato han hecho poco caso a las investigaciones científicas, sino además irían en contra de la Constitución Federal y estarían contraponiéndose a la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó en el Distrito Federal.Asimismo, la presidenta del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez destacó que de aprobarse dicha modificación de ley se tendrían peores consecuencias para las mujeres de Guanajuato, debido a que aunque el Código Penal considera que en caso de violación el aborto es punible, se tiene documentado que muchas mujeres y niñas no han podido acceder a la interrupción.
Todo lo contrario, aseguró López, las autoridades en vez de darles la información correcta e integral a las mujeres y niñas que han sido victimas de violación, les dicen que si abortan estarán incurriendo en un delito o en un pecado.Ejemplo de lo anterior, manifestó, fue el caso de una menor de 12 años de Salamanca, quien fue violada por su padrastro y se le negó el acceso no solo a la información sino a su derecho para interrumpir el embarazo; más aún, después de esto no se le dio la protección necesaria.
El caso de esta niña de Salamanca dio origen a que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, el 10 de octubre de 2008, emitiera una recomendación a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, la cual se comprometió a brindar apoyo jurídico y sicológico a la menor, dar información a las víctimas de violación y desarrollar mecanismos de normatividad para las mujeres y niñas que sean víctimas de violencia sexual, y a la fecha no hay avances al respecto, aseguró.
ALERTA DE GÉNERO
Por otro lado, manifestó que ayer las OSC presentaron un Agravio Comparado al Instituto Nacional de las Mujeres, primero a nivel nacional, avalado por organizaciones y redes de derechos humanos de Guanajuato, con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma.En el documento entregado piden se declare la alerta de violencia de género por Agravio Comparado contra las mujeres en el estado de Guanajuato, por la vigencia de un cuerpo normativo que transgrede los derechos humanos de las mujeres, en comparación con la normatividad vigente en el Distrito Federal.
En el boletín de prensa distribuido para dar a conocer la petitoria del Agravio Comparado al Instituto Nacional de las Mujeres, considera en Guanajuato hay una falta de mecanismos e instrumentos normativos para que se pueda practicar el aborto legal, dejando a las mujeres del estado en condiciones de desprotección, pues no basta con establecer la posibilidad de abortar en ciertos casos, sino que se requiere también de los mecanismos para exigir el acceso al aborto legal.
De aprobarse la modificación de ley el día de mañana en el Congreso Local, señala el documento, las mujeres del estado serían criminalizadas y obligadas a vivir un embarazo forzado lo cual es violatorio a los convenios y tratados internacionales; como en el caso de la reciente denuncia pública de una joven guanajuatense, que fue violada y que al solicitar a la Secretaría de Salud la interrupción legal del embarazo, fue amenazada con la cárcel por la Procuraduría General de Justicia del estado.El boletín indica que las recientes publicaciones de las organizaciones Human Rights Watch y Las Libres documentaron que en el estado de Guanajuato, del año 2000 a la fecha, más de 130 mujeres han sido procesadas por aborto. Lo que deja claro, sostiene, es que el Gobierno de Guanajuato, en lugar de brindar protección a las mujeres que solicitaron atención médica de urgencia, violó su derecho a la vida, a su seguridad y a su salud; además de criminalizarlas y denunciarlas por sospecha de aborto.
Por otro lado, manifiesta que a pesar de que el aborto por violación está permitido en Guanajuato y que la Norma Oficial Mexicana de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) existe para proteger el acceso integral a la salud de las mujeres víctimas de violencia sexual en todo el país, el gobierno de Guanajuato amenaza, intimida y engaña a las mujeres, diciéndoles que estarían incurriendo en un delito, para que no recurran a este derecho.
Por lo anterior, las organizaciones solicitan al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres que, en virtud de que en Guanajuato existe una restricción, en comparación con el Distrito Federal, para el tratamiento del aborto, se solicita la reforma del Código Penal de Guanajuato en el capítulo de aborto para homologarlo con el correlativo del Código Penal del Distrito Federal en donde se reconoce el derecho de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las primeras 12 semanas de gestación.
Piden también que cese la negativa y posterior investigación, persecución y encarcelamiento de las mujeres que solicitan o se realizan un aborto en Guanajuato, pues son consideradas delincuentes y no ciudadanas con derechos.
También, reformas, adecuaciones o creación de programas y servicios que se requieren en el Sector Salud para atender la salud sexual y reproductiva así como la ILE, de manera prioritaria, con servicios gratuitos y de calidad, independientemente de si las mujeres solicitantes cuentan o no con algún servicio público o privado. Y que se garantice el principio de progresividad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato, tomando como acción gubernamental de emergencia la cancelación de cualquier iniciativa que sea contraria al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Finalmente, la presidenta del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez dijo a este medio se hace un llamado a todas las mujeres y organizaciones de Guanajuato para que el día de mañana manifiesten su rechazo a las afueras del Congreso Local por esta modificación de ley, que viola sus derechos fundamentales.
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