MÉXICO, D.F., 14 de febrero (Proceso).- Una nueva embestida del gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) que buscaría abrir por completo la participación de trasnacionales a la exploración, explotación y producción de hidrocarburos mediante novedosos contratos reavivó la discusión en la Cámara de Diputados en torno al riesgo de privatización de este sector, y de pasó dividió a legisladores del PRI y del PRD.
Para frenar este supuesto plan, los diputados del Partido del Trabajo promovieron una controversia constitucional cuyo objetivo es frenar las “disposiciones administrativas de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas (exploración, explotación y producción de hidrocarburos) de Pemex y organismos subsidiarios” que aprobó el Consejo de Administración de Pemex y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero.
La propuesta dividió al PRI y al PRD, pues mientras algunos sectores de estos partidos respaldan al diputado del PT Jaime Cárdenas (entre ellos el coordinador y el vicecoordinador de la fracción priista, Francisco Rojas y Carlos Ramírez Marín), otros legisladores de esos mismos partidos (como los diputados afines al senador Manlio Fabio Beltrones y algunos miembros de Nueva Izquierda), acompañados por el Partido Acción Nacional, la rechazan.
El plazo para que la Cámara de Diputados presente esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vence el jueves 18. El lunes 8, Pemex envió a dos de sus consejeros independientes a la Cámara de Diputados: Fluvio Ruiz Alarcón se reunió con diputados del PRD, y Rogelio Gasca Neri con los del PRI. Su trabajo era convencer a los legisladores de que las nuevas normas de Pemex no violentan la Constitución. Ambos consiguieron ampliar la discusión hasta este lunes 15, en tanto logran ponerse de acuerdo al interior de las fracciones del PRI y PRD. En el PAN, el vicecoordinador Roberto Gil Zuarth se pronunció por que la Cámara de Diputados tome “una decisión jurídica y no política”, y rechazó que se pretende “dar la vuelta a la reforma energética por la vía administrativa”.
En entrevista, el diputado del PT Jaime Cárdenas detalló que las nuevas reglas aprobadas por el Consejo de Administración y avaladas por los cuatro consejeros independientes (entre los que están Fluvio Ruiz Alarcón, propuesto por el PRD, y Rogelio Gasca Nery, propuesto por el PRI) son anticonstitucionales y abren en su totalidad el sector energético a las trasnacionales extranjeras.
Por su parte, el exlegislador, exsecretario de Estado y uno de los priistas más críticos a las reformas de Pemex, Manuel Bartlett Díaz, resumió la acción del Consejo de Administración de la paraestatal como el “capítulo II de la simulación de la reforma energética” para permitir la privatización del sector.
En tanto, el especialista del llamado Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, Alfonso Gikman Sandoval, advirtió que las nuevas disposiciones de Pemex se traducirán en contratos de riesgo, y permitirán compartir la renta petrolera con las empresas privadas y trasladar a éstas las facultades que tiene Pemex de planeación, dirección, organización y control de los contratos.
El consejero Ruiz Alarcón rechazó que existan violaciones a la Constitución y aseguró que de ninguna manera implica la privatización, aunque no negó que “pueda haber la intención” de configurar contratos de riesgo. “Pero para evitarlo y vigilar, estamos los consejeros independientes”, dijo.
Violaciones a la Constitución
El pasado 6 de enero, Pemex publicó en el Diario Oficial de la Federación 82 artículos que fijan los “lineamientos” para los nuevos contratos que la paraestatal establezca con empresas privadas en materia de servicios por exploración, explotación y producción de los hidrocarburos. Estos cambios aprobados por el Consejo de Administración son parte de las obligaciones que se derivan de la reforma energética aprobada en octubre de 2008 y la cual creó la nueva Ley de Pemex, cuyo artículo 19 faculta al consejo a definir los citados lineamientos.
La Ley de Pemex no fue controvertida. Sin embargo, aclara el diputado Jaime Cárdenas, la controversia que promueve el PT no cuestiona la validez de la ley, sino que intenta demostrar que lo aprobado por el Consejo de Administración viola los artículos 25, 27, 28, 49, 73 y 134 de la Constitución.
“Sostenemos en la controversia que se violenta la Constitución porque todo el desarrollo de la industria petrolera le corresponde al Estado y, según la resolución del Consejo de Administración, Pemex y sus subsidiarias pueden contratarlo todo con empresas particulares o a terceros extranjeros.”
De hecho, dice, la atribución que se le dio al Consejo de Administración de Pemex es inconstitucional de origen porque no puede contratar algo que le corresponde explorar al Estado y porque el artículo 134 de la Constitución establece que, en materia de adquisiciones, las regulaciones “deben estar contenidas en ley”. En este caso, se fijaron con base en una norma administrativa que determinó un consejo. En otras palabras, precisa, las nuevas formas de contratación que pretende Pemex no están regidas por leyes, “sino por un simple lineamiento” que “viola el principio de ‘reserva de ley’”.
Alfonso Gikman Sandoval, ingeniero jubilado con más de 23 años de trabajo en Pemex e integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, coincide en que las nuevas disposiciones establecen esquemas de contratación que abren a la iniciativa privada todas las actividades sustantivas de carácter productivo.
La nueva norma prevé “aspectos de planeación, dirección, organización y control de los trabajos”, a diferencia del esquema anterior, en el que los contratistas y proveedores “sólo participaban en el proceso de ejecución coadyuvando a Pemex”.
Pero además, “está orientado a la participación de compañías petroleras extranjeras mediante contratos de riesgo que van a estar ligados en sus incentivos a los volúmenes de producción”, explica el ingeniero.
La controversia constitucional promovida por el PT es también una reacción a la reunión privada de Felipe Calderón con los directivos de las trasnacionales British Petroleum, Royal Dutch Schell, Statoil, la francesa Total y la italiana Enei, el 29 de enero en Davos, Suiza. Ahí, según un comunicado de la Presidencia de la República, les habló de las bondades de la reforma energética de 2008. Los empresarios también se reunieron con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien informó a la agencia Notimex que “se lanzará un nuevo esquema de licitaciones”.
En la misma reunión de Davos, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, reveló que las principales petroleras tuvieron una “participación activa” para “lograr esos contratos marco” que presentará Pemex, y añadió que seguramente esas empresas se sumarán pronto en la exploración y perforación de pozos en el país. Complacido, contó que las trasnacionales “felicitaron” a la paraestatal.
Sin embargo, el consejero Ruiz Alarcón negó que las trasnacionales hayan participado en la elaboración de los lineamientos que fijó Pemex o que estén participando en los primeros contratos marco o modelo que se diseñan.
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