A Rogelio Naranjo, caricaturista excepcional y amigo generoso
Lo dijo Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la sexagésima sexta reunión, llevada a cabo en México: da escalofrío que los asesinatos de periodistas, aquí, sean 106 desde 1987; 42 en los últimos cuatro años y 11 en 2010. No mencionó, seguramente, el de Carlos Guajardo Romero, quien falleció en el tiroteo no aclarado –dos versiones oficiales– donde cayó Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta.
Para algunos veteranos informadores, el reportero de la publicación Expreso no supo que en una balacera hay que tener más cuidado, pues existen muchos lugares donde se dispara. Antes se decía que los reporteros caían por andar de borrachos, enamorados y trasnochadores. Pero, circunstancias aparte y consejos acertados o no, el hecho es que sigue la impunidad en la larga matanza de compañeros.
Para la Federación Latinoamericana de Periodistas, en realidad los últimos años hemos padecido 115 asesinatos y 12 desapariciones. Incluso hacen una división en la primera cifra: 109 periodistas y seis trabajadores.
Agregan que hay 79 bajas trágicas entre nosotros y 15 desapariciones de 10 años a la fecha. Y para no alargar y abrumar con las cifras, la organización documenta 49 homicidios en 47 meses de la administración calderonista.
Seguramente por esas diferencias, agrupaciones internacionales dicen que no existe una numeralia correcta, acertada para saber exactamente cómo está el problema, aunque todas las instituciones, sin excepción, coinciden en algo: la impunidad en nuestro país es de pavor.
Frente a ello y el reclamo de Gerardo Rodríguez, tecleador de El Diario de Ciudad Juárez, que señaló que “en México no se ha solucionado ningún caso de periodistas asesinados”, Felipe dijo que se hacen esfuerzos increíbles para atrapar a los que liquidaron, el 13 de noviembre de 2008, a Armando Rodríguez, el Choco; incluso, mencionó, hay ya un presunto responsable en chirona.
Aprovechando el foro de la SIP, Calderón dijo que la prensa no debe hacerle el juego mediático a las organizaciones criminales; dar noticias que hagan apología del crimen y balancear la información convenientemente. Asuntos que ya había señalado hace tiempo, aunque su administración no ha citado a ninguna reunión para tomar las medidas adecuadas, en conjunto, con el fin de establecer códigos de ética, principios generales, estrategias adecuadas.
Es más, hace poco se dio a conocer algo raro: la colaboración de la Secretaría de Gobernación con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para, según dicen, tratar de proteger la integridad de los periodistas. A las mencionadas dependencias se agrega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debería hacerlo por sí sola, aunque ya sabemos que a últimas fechas la Comisión parece más un apéndice oficial que una defensoría de los ciudadanos.
Curiosamente, dicha alianza no tendrá oficinas ni presupuesto ni burócratas que la atiendan. La saliva y la incomprensión serán la característica. Lo primero, ya que permanecerá operando la ineficaz y casi inexistente Fiscalía que (des) protege a los informadores, y lo segundo, a que los titulares de la PGR, SRE y SSP ni siquiera estuvieron en el anuncio que hizo Francisco Blake; bueno, Genaro García Luna ni cámaras mandó para la ocasión.
Este espectáculo mediático se dio porque existen muchas reclamaciones de organizaciones y compañeros ante el aumento de los homicidios entre los comunicadores y, obviamente, la falta de resultados. Incluso hubo encuentros de la burocracia con personajes que luchan por la defensa del gremio. Resultado: una tomadura de pelo que, desgraciadamente, no ha sido rechazada abierta y categóricamente por todos aquellos que han buscado las vías civiles y legales para encauzar los problemas.
Y no estamos por saltarnos las trancas, pero ante una ofensa de la autoridad tan evidente, no queda más que decir ¡basta! Es indispensable retomar en serio un asunto que ha conmocionado a la opinión nacional e internacional: en México, hay más periodistas caídos que en Irak.
Por otra parte, Felipe Calderón dijo que en nuestro país no existe censura del poder público. Incluso tenemos una apertura al grado que su persona es llevada hasta el escarnio.
Pero hace años se encontraron otras formas de limitar la expresión. Las modernas son a través de la falta de publicidad a diferentes medios. Ya hemos referido aquí que informativos, como Proceso, Contralínea, Forum, A.M, La Jornada y otros, han señalado, insistentemente, que se les cortó de tajo la propaganda gubernamental. Mientras, al duopolio televisivo se le da el 75 por ciento de lo que se destina a anuncios oficiales.
Según las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, la ausencia de publicidad trae como resultado una “censura estructural”. Por ello recomiendan que exista un organismo –puede ser el Congreso– encargado de proveer los recursos correspondientes.
En Rayuela, el conocido espacio de La Jornada, el martes 9 de noviembre se publicó lo siguiente: “Sí existe acoso a los medios non gratos para el poder. Ese acoso se mide cotidianamente en líneas ágatas. ¡Que se dejen de cuentos!”. Más claro, ni la prosa de Julio Cortázar.
Por estos días hay un congreso de radios comunitarias en Argentina, informó el especialista Gabriel Sosa Plata. El número de estaciones que difunden libre y sin anuncios comerciales aumentó en el orbe a 4 mil. Hay una variedad rica e importante que ayuda sin lucro a la gente.
Desgraciadamente, en México recientemente se cerraron dos de ellas: Tierra y Libertad, en Nuevo León, e incluso su director Héctor Camero fue sentenciado a dos años de prisión; y Radio Proletaria, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una prueba más que la ley no es igual para todos y sirve a unos cuantos.
*Periodista
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