México pide otra prórroga para informar sobre fallecimientos
México, DF, 20 jun 12 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil (OSC) denunciaron que el Estado mexicano obstaculiza la admisión del caso Pasta de Conchos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de prórrogas con las que evita responder por la violación a los DH de los mineros de la región carbonífera de Coahuila.
En un comunicado, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, informaron que la CIDH les notificó el pasado 15 de junio sobre la segunda prórroga que concedió a las autoridades del país.
“Al respecto, cumplo en informarles que la Comisión ha concedido en el día de la fecha una prórroga de dos meses solicitada por el gobierno, para responder a la información aportada por ustedes (las OSC) con fecha 19 de enero de 2012”, dijo la CIDH a las agrupaciones civiles.
En febrero de 2010 las organizaciones presentaron el caso ante la CIDH con la finalidad de que este organismo revise “a fondo” las violaciones a los DH cometidas contra los 63 mineros que en 2006 fallecieron en una explosión en la mina Pasta de Conchos, y cuyos restos a la fecha no han sido rescatados.
El caso también fue presentado por las violaciones a los DH de las viudas y familiares de los trabajadores caídos, quienes desde la tragedia demandaron el rescate de sus seres queridos y el esclarecimiento de los hechos, sin ser escuchadas por las autoridades del país.
Las OSC manifestaron que la solicitud de prórroga del gobierno de Felipe Calderón es “una estrategia para alargar el proceso y retardar lo más posible el pronunciamiento de la CIDH sobre la admisibilidad del caso y el inicio del litigio sobre la responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los DH de los mineros”.
Señalaron que la nueva petición indica que el Estado “no cuenta con una sólida argumentación ante las evidencias presentadas por las familias” de los 63 trabajadores del carbón.
Las OSC dijeron que temen que con esta actitud México pretenda frenar el litigio del caso ante el Sistema Interamericano, mientras dure la administración de Felipe Calderón.
La obstaculización del proceso de admisibilidad del caso Pasta de Conchos ante la CIDH no les sorprende –explicaron–, toda vez que hace dos semanas el gobierno mexicano, junto con representantes empresariales, detuvo la discusión sobre las violaciones laborales en la región carbonífera en Coahuila, durante la 101 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo.
Mientras el Estado mexicano se niega a discutir la problemática y obstaculiza su revisión en organismos internacionales, se han registrado 77 decesos más de mineros en esa zona de Coahuila tras la explosión en Pasta de Conchos.
Este hecho muestra que las medidas de seguridad e higiene no se respetan, pues los decesos continúan a pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aumentó de 11 a 26 su número de inspectores desde 2006 a la fecha.
Las inspecciones no se llevan a cabo por la omisión del gobierno federal, pero también “porque el patrón se niega a ser inspeccionado”, aseguraron las organizaciones. Según la última información de la Dirección Federal de Inspección de la STPS, nueve empresas en Coahuila rechazaron a ser inspeccionadas, denunciaron las OSC
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