Rápido y furioso: opacidad y costo político

En el contexto de las investigaciones realizadas por un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el operativo Rápido y Furioso –por medio del cual el gobierno de Washington permitió el ingreso ilegal de miles de armas a México–, el presidente de ese país, Barack Obama, invocó ayer su privilegio ejecutivo para impedir la entrega de información confidencial en poder del Departamento de Justicia, que es considerada clave para esclarecer quién ordenó o estuvo al tanto de la fallida operación secreta, y deslindar responsabilidades dentro de la actual administración.

En días previos, el citado comité legislativo, que encabeza el republicano Darrell Issa, había amagado con procesar por desacato al titular del Departamento de Justicia, Eric Holder, en caso de que éste no le entregara la totalidad de los referidos documentos confidenciales. Ayer, en respuesta a la determinación de la Casa Blanca, esa instancia legislativa avaló, por mayoría, una moción de censura contra el procurador estadunidense, que habrá de ser discutida y votada la semana entrante y que constituye un abierto desafío al titular del Ejecutivo de ese país a menos de seis meses de las elecciones presidenciales.
Sin soslayar el inocultable trasfondo político-electoral que reviste la medida impulsada por los legisladores de la oposición –medida que fue calificada como parte de una cacería de brujas por la minoría demócrata en la cámara baja del Capitolio–, es claro que deriva del comportamiento poco transparente de la administración Obama frente a la presumible responsabilidad política y legal en que pudieron haber incurrido algunos de sus funcionarios durante la realización de Rápido y Furioso, operación que, cabe recordar, exhibió al gobierno de Washington como proveedor de armas para los cárteles de la droga que operan en nuestro país.
Desde el inicio de las pesquisas legislativas encabezadas por Issa pudo conocerse que los más altos mandos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego recibían informes semanales del desarrollo del referido operativo y que en éste participaron, también, funcionarios de la FBI y de la DEA. A la luz de tales precedentes, resulta poco verosímil que otros encumbrados integrantes de la administración federal estadunidense, empezando por el propio Eric Holder, no hayan estado al tanto de la participación de tres dependencias policiales y de seguridad tan importantes de Washington en el fallido plan de trasiego y rastreo de armas, como ha insistido sistemáticamente el mandatario estadunidense.

Ahora, la afirmación del propio Eric Holder de que cualquier acusación de que el Departamento de Justicia no ha respondido a las peticiones de información es falsa contrasta con la pretensión de su jefe de mantener en secreto esa misma información. Semejante actitud no sólo gravita en contra de la credibilidad de la actual administración estadunidense ante sus ciudadanos y ante la opinión pública mundial, sino que la coloca, además, en el umbral de una confrontación institucional y política que podría tener un alto costo para el actual mandatario y minar sus pretensiones de relegirse.
Por lo demás, es significativo y preocupante que mientras las pesquisas referidas generan un gran revuelo político y mediático en Washington y abren la perspectiva de un juicio por desacato en contra de uno de los más altos funcionarios de ese gobierno, en México el asunto no haya generado hasta ahora mayor ruido, a pesar de los indicios de que funcionarios mexicanos también tuvieron conocimiento de Rápido y Furioso desde tiempo antes de su salida a la luz pública.
La circunstancia descrita constituye, en suma, una razón adicional para que el próximo gobierno del país emplee todos los recursos a su alcance para llegar al fondo del asunto, y analice seriamente la pertinencia de continuar con una estrategia de seguridad promovida por Estados Unidos que no sólo ha sido ineficaz en su objetivo y ha generado efectos contraproducentes para el país; también ha implicado claudicaciones inaceptables a la soberanía nacional y ha puesto de manifiesto el doble discurso de Washington en su supuesto compromiso por combatir al narco y erradicar la violencia