No
debe ser fortuito que a medida que se acerca el fin del “gobierno” de
Felipe Calderón arrecien los hechos de violencia inexplicable
No debe ser fortuito que a medida que se
acerca el fin del “gobierno” de Felipe Calderón arrecien los hechos de
violencia inexplicable. Se trata de una vieja táctica fascista orientada
a crear miedo en la población con el fin de inmovilizarla, evitar que
se organice para luchar por sus derechos más elementales, mismos que son
conculcados por el grupo en el poder. En las últimas semanas son cada
vez más frecuentes esos ataques absurdos, que se trata de justificar
diciendo que los perpetra la delincuencia organizada.
Cabe preguntar, ¿qué se ganan los delincuentes con eso? La respuesta es obvia: absolutamente nada, al contrario, hacen que las autoridades pongan más atención a esas organizaciones, que tradicionalmente operan en las sombras para evitarse confrontaciones con las fuerzas policiales. (Los Zetas obedecen a la dinámica de la descomposición del régimen político, de ahí su foraleza.) El jueves hubo ataques similares en los estados de Guanajuato, Jalisco y Guerrero, contra instalaciones y vehículos de corporaciones de seguridad estatal. ¿De qué se trata realmente?
Esos grupos, evidentemente delictivos, surgen aprovechando las condiciones de descomposición, no actúan por su cuenta. Es evidente que hay toda una estrategia detrás de estos hechos, que alarman y preocupan a una sociedad deseosa de que haya paz. Los poderes fácticos se encargan de echar gasolina al fuego, engañando a la población al decir que la delincuencia organizada forma parte de los grupos “sediciosos” que no quieren que México viva con estabilidad, los mismos que buscan que nuestro país se inserte en el grupo de naciones “comunistas” enemigas de la religión y la familia, quienes quieren despojar de sus escasos bienes a la población más pobre.
Es absurdo tal razonamiento, pero desgraciadamente hay gente que cae en el garlito. Ya sólo falta que Josefina Vázquez Mota diga abiertamente que Andrés Manuel López Obrador quiere acabar con el país de la mano de la delincuencia organizada. No lo ha hecho porque tendría que demostrarlo, y se pondría en evidencia que quienes han favorecido la presencia de grupos delictivos en el país han sido los gobiernos panistas, de los cuales ella quiere ser “diferente”. ¿No ha sido en el actual sexenio que la violencia en el país alcanzó niveles inéditos, inimaginables en el pasado?
Todos los especialistas en el tema de la violencia han coincidido en que la estrategia seguida por Calderón en su “guerra” contra la delincuencia organizada, ha sido equivocada en todas y cada una de sus fases. Los resultados a finales de sexenio así lo patentizan. Según el inquilino de Los Pinos, los índices de violencia han descendido 12 por ciento en los últimos meses, como lo aseguró a un diario estadounidense. Sin embargo, la realidad lo desmiente, pues ahora el fenómeno es mucho más grave, porque se realiza con más saña y con armas más mortíferas, con una finalidad que impacte más a la opinión pública..
Ahora Enrique Peña Nieto contrató al general colombiano Óscar Naranjo, como asesor externo en seguridad pública, quien llevó a cabo una importante labor policíaca en su país, asesorado por elementos estadounidenses. Cree el abanderado priísta que con ello podrá convencer a los poderes fácticos de que así va a terminar con el problema de la violencia. Vale decir que se equivoca, que ese no es el camino, al menos no el único. El militar colombiano habrá realizado una tarea muy eficaz en su país, pero porque se dieron las condiciones luego de treinta años de combatir a los cárteles del narcotráfico, con un apoyo estadounidense que lesionó la soberanía de Colombia. Aquí sería muy diferente, porque la raíz del problema no es de índole policial, sino de una profunda descomposición del tejido social.
Es muy claro que el binomio PRI-PAN no tiene más proyecto que el de apuntalar los privilegios de la oligarquía, y si para ello es necesario que haya un clima de violencia exacerbada, pues no queda de otra que contemporizar con organizaciones delictivas como Los Zetas. Eso es lo que harían, seguramente, tanto Peña Nieto como Vázquez Mota, en tanto que tal forma de vida es parte consustancial del modelo neoliberal, como está plenamente demostrado en el mundo. Es el ejemplo más claro del dicho que dice: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Mientras más zozobra hay en una sociedad, mejores condiciones existen para que se hagan grandes negocios, siempre en beneficio de quien tiene más recursos.
No debe sorprender que sea Veracruz la entidad federativa que tiene el primer lugar en el número de asesinato de periodistas, pues es donde coexiste una mafia delictiva con el poder político, como ha sido denunciado ampliamente. Mientras subsista tal realidad, sale sobrando que se contrate incluso a un “súper héroe” como asesor, pues nada podría hacer si desde las más altas esferas del poder se protege a grupos delictivos porque así se obtienen mejores beneficios mutuos. ¿Acaso se necesita alguna explicación para saber por qué se quedan impunes esos crímenes?
Cabe preguntar, ¿qué se ganan los delincuentes con eso? La respuesta es obvia: absolutamente nada, al contrario, hacen que las autoridades pongan más atención a esas organizaciones, que tradicionalmente operan en las sombras para evitarse confrontaciones con las fuerzas policiales. (Los Zetas obedecen a la dinámica de la descomposición del régimen político, de ahí su foraleza.) El jueves hubo ataques similares en los estados de Guanajuato, Jalisco y Guerrero, contra instalaciones y vehículos de corporaciones de seguridad estatal. ¿De qué se trata realmente?
Esos grupos, evidentemente delictivos, surgen aprovechando las condiciones de descomposición, no actúan por su cuenta. Es evidente que hay toda una estrategia detrás de estos hechos, que alarman y preocupan a una sociedad deseosa de que haya paz. Los poderes fácticos se encargan de echar gasolina al fuego, engañando a la población al decir que la delincuencia organizada forma parte de los grupos “sediciosos” que no quieren que México viva con estabilidad, los mismos que buscan que nuestro país se inserte en el grupo de naciones “comunistas” enemigas de la religión y la familia, quienes quieren despojar de sus escasos bienes a la población más pobre.
Es absurdo tal razonamiento, pero desgraciadamente hay gente que cae en el garlito. Ya sólo falta que Josefina Vázquez Mota diga abiertamente que Andrés Manuel López Obrador quiere acabar con el país de la mano de la delincuencia organizada. No lo ha hecho porque tendría que demostrarlo, y se pondría en evidencia que quienes han favorecido la presencia de grupos delictivos en el país han sido los gobiernos panistas, de los cuales ella quiere ser “diferente”. ¿No ha sido en el actual sexenio que la violencia en el país alcanzó niveles inéditos, inimaginables en el pasado?
Todos los especialistas en el tema de la violencia han coincidido en que la estrategia seguida por Calderón en su “guerra” contra la delincuencia organizada, ha sido equivocada en todas y cada una de sus fases. Los resultados a finales de sexenio así lo patentizan. Según el inquilino de Los Pinos, los índices de violencia han descendido 12 por ciento en los últimos meses, como lo aseguró a un diario estadounidense. Sin embargo, la realidad lo desmiente, pues ahora el fenómeno es mucho más grave, porque se realiza con más saña y con armas más mortíferas, con una finalidad que impacte más a la opinión pública..
Ahora Enrique Peña Nieto contrató al general colombiano Óscar Naranjo, como asesor externo en seguridad pública, quien llevó a cabo una importante labor policíaca en su país, asesorado por elementos estadounidenses. Cree el abanderado priísta que con ello podrá convencer a los poderes fácticos de que así va a terminar con el problema de la violencia. Vale decir que se equivoca, que ese no es el camino, al menos no el único. El militar colombiano habrá realizado una tarea muy eficaz en su país, pero porque se dieron las condiciones luego de treinta años de combatir a los cárteles del narcotráfico, con un apoyo estadounidense que lesionó la soberanía de Colombia. Aquí sería muy diferente, porque la raíz del problema no es de índole policial, sino de una profunda descomposición del tejido social.
Es muy claro que el binomio PRI-PAN no tiene más proyecto que el de apuntalar los privilegios de la oligarquía, y si para ello es necesario que haya un clima de violencia exacerbada, pues no queda de otra que contemporizar con organizaciones delictivas como Los Zetas. Eso es lo que harían, seguramente, tanto Peña Nieto como Vázquez Mota, en tanto que tal forma de vida es parte consustancial del modelo neoliberal, como está plenamente demostrado en el mundo. Es el ejemplo más claro del dicho que dice: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Mientras más zozobra hay en una sociedad, mejores condiciones existen para que se hagan grandes negocios, siempre en beneficio de quien tiene más recursos.
No debe sorprender que sea Veracruz la entidad federativa que tiene el primer lugar en el número de asesinato de periodistas, pues es donde coexiste una mafia delictiva con el poder político, como ha sido denunciado ampliamente. Mientras subsista tal realidad, sale sobrando que se contrate incluso a un “súper héroe” como asesor, pues nada podría hacer si desde las más altas esferas del poder se protege a grupos delictivos porque así se obtienen mejores beneficios mutuos. ¿Acaso se necesita alguna explicación para saber por qué se quedan impunes esos crímenes?
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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