El pasado 9 de enero, la SCT y la OCDE firmaron el “acuerdo para el fomento de la integridad y la transparencia para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, al que se sumó el proyecto del nuevo tren. Sin embargo, el acuerdo no es público.
Una
cláusula de confidencialidad impide conocer el acuerdo entre el
gobierno mexicano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), para vigilar las licitaciones del nuevo aeropuerto
de la Ciudad de México y el tren de alta velocidad México-Querétaro.
Este miércoles 14 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) lanzó por segunda ocasión la licitación para el tren
México-Querétaro, después de que fue revocada en noviembre pasado a un
consorcio integrado por China Railway Construction Corporation y Grupo
Higa, entre otras empresas.
El pasado 9 de enero, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y
el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría,
firmaron el “acuerdo para el fomento de la integridad y la
transparencia para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México”.
A petición de Ruiz Esparza, el acuerdo también incluirá vigilar la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro: “Me
permito solicitarle a usted que este acuerdo pueda extenderse a la
licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuyas prebases
se publicarán el próximo día 14 de enero”.
José Ángel Gurría aceptó la solicitud del secretario: “Señor secretario, aceptamos. Vamos a trabajar en el México-Querétaro también”.
Este martes 13 de enero, Noticias MVS primera emisión solicitó a la OCDE una copia del acuerdo.
La respuesta, enviada vía correo electrónico, por la oficina de prensa de ese organismo, fue:
“Desafortunadamente no puedo compartir con ustedes el acuerdo de la
OCDE con la SCT, debido a que el mismo tiene una cláusula que me impide
hacerlo, ya que para hacerlo público requiero del acuerdo por escrito
de ambas partes…”.
Aunque no hizo público el documento, la OCDE emitió un comunicado,
en el que señalaba los ejes de asesoramiento en la licitación de la
construcción del nuevo Aeropuerto.
La SCT también publicó un comunicado en su sitio de internet, con
los puntos más importantes de ese acuerdo, pero no transparentó el
documento.
El doctor Mauricio Merino, experto en rendición de cuentas en el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), consideró que el
gobierno mexicano no tendría que depender de acuerdos de este tipo y,
en cambio, debería apostar por mecanismos permanentes que impidan la
corrupción:
“El hecho de que se firme un convenio con la OCDE para ese
propósito, en dos contrataciones específicas, no hace más que confirmar
la ausencia de mecanismos institucionales confiables, sólidos y
correctamente establecidos que hay en México, en general, para la
contratación de obras públicas”.
Merino cuestionó que el acuerdo entre la OCDE y la SCT tenga una
cláusula de confidencialidad que impide conocer públicamente su
contenido y la metodología.
“Desde luego se tiene que hacer público el convenio, se tiene que
hacer pública la metodología, sería un contrasentido que no supiéramos
con el más absoluto de los detalles, en qué va a consistir la
transparencia que va a vigilar la ocde, porque se trata justamente de
hacer visible, transparente, accesible y público todas las decisiones
relacionadas con esas grandes contrataciones, eso es a todas luces
obvio…”, comentó.
Haydee Pérez, coordinadora del centro de análisis e investigación
Fundar, consideró que la OCDE podrá dar cuenta de que las licitaciones
se realicen de forma legal, pero cuestionó que un acuerdo que pretende
impulsar la transparencia no sea abierto al público.
“Sería irracional e
inconsistente que un acuerdo que efectivamente intenta abonar al
proceso de transparencia en la construcción del aeropuerto no pueda ser
conocido por la ciudadanía…”, dijo.
“De no ser así me parece que empezamos con el pie izquierdo y que no
se estaría mostrando de ninguno de las dos partes los compromisos con
los principios que finalmente se van a revisar en el proceso…”, agregó
El primer consorcio que ganó la licitación del tren México-Querétaro
estaba integrado por Grupo Higa, la empresa que construyó y es dueña
legal de la llamada “casa blanca”, que fue hecha a gusto del presidente
Enrique Peña Nieto y de su esposa, Angélica Rivera, como reveló una
investigación periodística del sitio Aristegui Noticias.
El reportaje demostró que Grupo Higa, el cual preside el empresario
Juan Armando Hinojosa Cantú, construyó y financió la “casa blanca” al
mismo tiempo que tenía contratos con el gobierno de Peña Nieto en el
Estado de México.
La versión de Angélica Rivera y de Los Pinos es que se trata de un
contrato privado y rechazan que exista un conflicto de interés.
Aunque la empresa China Railway confirmó que volverá a participar en
la nueva licitación, hasta ahora Grupo Higa no ha informado si volverá
a registrarse en el proceso.
La paraestatal china y Grupo Higa, entre otras empresas, integraron
el único consorcio que presentó una propuesta para la obra, lo que
generó señalamientos de legisladores y especialistas de falta de
competencia y transparencia, por lo que el gobierno justificó la
revocación del fallo que había favorecido a ese consorcio.
Tras la cancelación, el testigo social, Humberto Santillana Díaz,
consideró en su reporte final que los competidores que se quejaron del
proceso de licitación -como Siemens y Alstom- tenían razón al pedir más
tiempo para entregar sus proyectos, pues se trata de una obra que
incluye las especialidades de construcción, operación y equipo rodante.
El secretario Ruiz Esparza aseguró hace unas semanas que Grupo Higa ya no podría participar: “Creo
que en el caso de la empresa higa, en este momento existe una
imposibilidad, quizás para debate legal, pero no me queda duda que está
imposibilitada desde el punto de vista de opinión, de debate político y
de simple y sencillamente de cuestionamiento público. Entonces, no me
queda duda de que la empresa no va a volver a participar en este tipo
de licitaciones, así lo han manifestado públicamente; también las otras
dos empresas no quieren de ninguna manera participar”.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública aseguró que no hay
impedimento legal para que Grupo Higa concurse por la construcción del
tren México-Querétaro:
“Nada más le digo de las resoluciones que emite la Secretaría de
la Función Pública y los órganos internos de control, que somos los
competentes para predicar la ley de obras públicas y la ley federal
anticorrupción en contrataciones públicas…
-¿Entonces Higa podría participar?
“Si no están en el diario oficial (de la federación), cualquier
empresa puede participar siempre y cuando cumpla con los requisitos
técnicos y de experiencia que en su momento se señalen en las bases de
licitación”.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (Ifai) dijo a Noticias MVS que aunque la comisionada presidente,
Ximena Puente, fue testigo del acuerdo firmado entre la OCDE y la SCT,
no cuentan con una copia de dicho documento.
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no
respondió a una solicitud para conocer el acuerdo completo con la OCDE,
con el que se pretende vigilar dos de las licitaciones más importantes
del sexenio de Enrique Peña Nieto: el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México y el tren México-Querétaro.
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