El lunes pasado un
grupo de líderes de opinión encabezados por el senador Javier Corral y
el padre Alejandro Solalinde convocaron a la sociedad mexicana a
efectuar un ejercicio ciudadano destinado a buscar la revocación del
cargo de presidente de la República otorgado (de manera cuestionable) al
ciudadano Enrique Peña Nieto en virtud de las razones siguientes:
A poco más de dos años, la actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que no fueron imaginadas ni en el peor de los escenarios ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho han sido hechos constantes del actual gobierno. La corrupción política navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país...
Me uno y celebro la presentación de esta convocatoria plural y
ciudadana que refleja puntualmente el sentir y el pensar de la
ciudadanía.
Nos queda clara la importancia del actual proceso electoral,
destinado a renovar esencialmente la Cámara de Diputados y algunas
gubernaturas estatales, y al igual que los convocantes pienso que sería
un trágico error dejar de votar o anular nuestro voto, lo cual sería
permitir que el grupo en el poder siga destruyendo el país, en virtud
del triunfo que se le estaría otorgando al PRI, lo cual constituiría, de facto,
un voto de confianza para continuar su labor de depredación. Por ello
aplaudo esta magnífica alternativa de agregar a cada voto una papeleta,
indicando la petición de que el Presidente renuncie o sea retirado de su
cargo, por el bienestar del país.
La iniciativa, además de sencilla de instrumentar, tendrá como efecto
secundario que gran número de ciudadanos se sume a una acción
específica de lucha social en contra de la corrupción y la impunidad
imperantes, haciéndoles ver a quienes gobiernan que no cuentan con el
apoyo ni la simpatía de la población.
Sin embargo, es necesario pensar en qué sigue, ya que, por un lado,
aun con la separación de Peña Nieto del cargo muy poco sería lo que
cambie; él ha sido sólo un instrumento creado por una red de intereses y
de individuos que fueron capaces de llevarlo a la Presidencia
conociendo sus enormes limitaciones intelectuales, su total
desconocimiento del país, su falta de visión, sus complejos e
inseguridades, su evidente incapacidad para gobernar y, aun así,
conspiraron a espaldas de la nación para lograr su objetivo, lo cual
hace necesario deshacernos también de todos ellos de una vez por todas.
Pero en un escenario contrario, en el que el referendo fuera
boicoteado por las autoridades y pasara inadvertido por la sociedad y a
escala internacional, se generaría un nuevo efecto de frustración en la
población, al ver que estas iniciativas no logran nada, como fue el caso
de los varios millones de personas a las que se pidió su firma,
recogidas todas con gran esfuerzo, sólo para que los señores de la
Suprema Corte de Justicia lo declararan improcedente en cuestión de
minutos, no obstante la relevancia de los temas y su inocultable
importancia para el futuro de la nación.
Considerando estos dos posibles escenarios, resulta fundamental desde ahora hacer las consideraciones siguientes:
1. Que adicionalmente a la revocación de mandato del señor Peña Nieto
debemos prepararnos para exigir la instauración de un gobierno
interino, cuya única función sea convocar a un Congreso Constituyente de
cuyas discusiones surjan el nuevo esquema de gobierno que el país
requiere, así como la convocatoria a elecciones para los puestos
definidos en ese nuevo esquema de gobierno.
2. Que el Congreso Constituyente debe sustituir al Congreso que será
elegido precisamente en el actual proceso electoral, en virtud de que
los actuales comicios carecen de legitimidad en cuanto han estado
sujetos a todo tipo de irregularidades y delitos electorales al igual
que los de 2012, por lo que no proporcionan seguridad alguna de que los
diputados electos enarbolen las aspiraciones y opiniones de la sociedad
que supuestamente representan.
3. Que dadas las múltiples modificaciones hechas por los últimos
gobiernos a la Constitución actual, sólo para el beneficio de individuos
y corporaciones ajenas a los intereses de la nación, será necesario que
previamente a la instauración de ese Congreso Constituyente sea
realizada una consulta nacional que permita conocer la opinión de las
mayorías en relación con los objetivos y características mínimas que la
nueva Carta Magna deba contemplar.
Aunque muchos lectores han manifestado apoyo a una consulta nacional
que he propuesto en artículos anteriores, sé que todo esto puede parecer
un sueño imposible de realizar; sin embargo, instrumentar los cambios
que el país requiere para salir del atolladero al que la sucesión de
gobiernos ineptos, corruptos e irresponsables (que han pasado los
límites de lo que se puede considerar como traición a la patria),
incluyendo al actual, lo han conducido, requiere de un esfuerzo de esta
dimensión, como única alternativa para la transformación pacífica del
país.
Por ello me permito plantear al senador Corral, al padre Solalinde y a
los demás personajes que han planteado este proyecto de referendo
utilizando el actual proceso electoral, que piensen en un plan B, que
consiste en realizar, con la participación de la sociedad misma, una
primera consulta nacional, para mostrar que la propuesta de revocación
de mandato cuenta con el apoyo de la sociedad toda y que un proceso de
este tipo es hoy totalmente realizable con el apoyo de la tecnología.
Una convocatoria de este grupo para realizar una consulta nacional
podría permitir su organización y realización en unos cuantos meses;
valdría la pena pensar en el 26 de septiembre próximo para recordarnos a
todos a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Existe la experiencia de 1994, coordinada por Alianza Cívica, en la
que pudimos convocar y organizar a 28 mil ciudadanos de todo el país en
un lapso de cuatro meses, para observar las elecciones y realizar un
conteo rápido de los comicios de ese año, en respuesta al enojo y la
desconfianza causados por el gobierno de Salinas, por ello convocar
ahora a más de 200 mil ciudadanos para organizar una consulta nacional
es totalmente viable, dado el nivel de enojo y hartazgo de la
ciudadanía.
Twitter: @ecalderonalzat1
Facebook: Reflexiones en la Educación por Enrique Calderón
No hay comentarios.:
Publicar un comentario