Acciones insuficientes para garantizar derechos a las mujeres
A
tres años de su emisión, el Estado mexicano sigue sin cumplir las
recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés), para abatir el feminicidio, los embarazos en
adolescentes, la muerte materna (MM), y la violencia contra las
periodistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), así como para
garantizar los derechos políticos de las mexicanas.
Así lo aseguraron defensoras de DH, periodistas, funcionarias,
académicas y activistas, quienes coincidieron en Ciudad Universitaria de
la UNAM en el X Encuentro Anual de la Cátedra UNESCO de Derechos
Humanos: 2015 un paradigma hacia la Agenda Global de Desarrollo Post
2015. De la Plataforma de Acción de Beijing a CEDAW 2016, para hacer un
balance del cumplimiento de las recomendaciones de 2012 al Estado
mexicano.
Durante su participación, Martha Tagle, integrante de la Red Mujeres en
Plural, destacó que en materia de derechos políticos el Comité de la
CEDAW recomendó hacer efectivas todas las medidas necesarias para que
las mujeres pudieran acceder a puestos de decisión y liderazgo, y si
bien han existido adelantos en materia legislativa, aún persisten
simulaciones para cumplir este mandato.
Tagle expuso cómo a raíz de una reforma constitucional en materia
político-electoral, en las más recientes elecciones los partidos se
vieron obligados a postular a más mujeres y de acuerdo con la
información preliminar de los resultados electorales, la Cámara de
Diputados quedaría conformada por 42 por ciento de mujeres, lo que
representa un incremento de 5 por ciento con respecto a la Legislatura
anterior.
Sin embargo, acotó, los partidos encontraron la forma de “simular” el
cumplimiento del mandato constitucional, pues postularon a mujeres en
distritos electorales “perdedores”, y en aquellos casos en los que ellas
presentaron impugnaciones y promovieron juicios para hacer cumplir la
paridad, finalmente las fuerzas políticas decidían “castigar” a quienes
promovieron el juicio y poner en la candidatura a mujeres que “ellos
creen que pueden controlar".
A esto se sumó que el presupuesto etiquetado en los partidos para el
fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres se gastó en
la compra de material y recursos que nada tienen que ver con el
empoderamiento de las mujeres.
Marusia López Cruz, directora regional de Asociadas por lo Justo (JASS,
por sus siglas en inglés), habló de las recomendaciones en materia de
protección a defensoras y periodistas, y enfatizó que el sólo hecho de
que “se deban tomar medidas para proteger a quienes defienden los
Derechos Humanos es un signo de debilidad democrática muy fuerte”.
Recordó que mucho del avance en materia de DH es un trabajo que se ha
realizado desde las y los defensores, y ahora cada vez en el país hay
más riesgos a la integridad y la vida de las personas y más atentados
contra la libertad de expresión.
Y es que el Comité de la CEDAW recomendó que se garantizara la
aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, y que el Mecanismo de Protección tuviera
perspectiva de género, no sólo en el texto, sino en la práctica, y que
se investigaran y se hiciera justicia en los casos de violencia contra
periodistas y defensoras.
Sin embargo, desde su creación, el Mecanismo no ha contado con personal
suficiente, capacitado y sensibilizado en perspectiva de género, ni
tampoco con los recursos necesarios para su funcionamiento.
Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de
la Mujer (CIMAC), advirtió que “no es casual” que tanto las defensoras
como las periodistas sean dos grupos constantemente atacados por la
labor que realizan. Informó que el 56 por ciento de quienes atentan
contra las periodistas son funcionarios.
Señaló que además de la violencia y agresiones de tipo directo, las
periodistas también se enfrentan al no reconocimiento de su derecho a
libertad de expresión, toda vez que las mujeres son minoría como fuentes
de información en las noticias, a lo que se suma que ellas representan
tan sólo el 24 por ciento de las noticias que se transmiten en el mundo.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de
violencia son los grandes desafíos del gobierno mexicano en materia de
recomendaciones internacionales, ya que el Estado mexicano no ha hecho
nada por garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de
expresión de las mujeres.
En materia de las recomendaciones emitidas para garantizar la salud,
especialmente sexual y reproductiva de las mujeres, Silvia Loggia,
integrante de Ipas-México, recalcó que de manera inicial las
observaciones eran limitadas en algunos aspectos y no abordan la
complejidad de los retos que enfrentan las mexicanas, sin embargo
sentaron las bases para hacer exigibles algunos derechos.
La especialista señaló que muchos de los avances logrados no son
suficientes, pues no resuelven los problemas estructurales que tiene el
sistema de salud, lo que se traduce en que el panorama de violaciones a
DH y mala calidad de atención no se haya modificado sustancialmente.
Anualmente se registran 900 muertes maternas (casi la totalidad
relacionada con violaciones a DH), lo que deja a 3 mil niñas o niños
huérfanos debido a las pérdida de sus madres, y de los 2.1 millones de
nacimientos que se registran cada año, cerca de 250 mil a 300 mil
mujeres tienen complicaciones en el parto.
Foto: Cátedra UNESCO , Por: Anaiz Zamora Márquez, Cimacnoticias | México, DF.-
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