Preocupa a Comité severas violaciones a DH de la infancia
El
Estado mexicano debe implementar medidas concretas para detener las
desapariciones de menores de edad, el feminicidio en niñas y
adolescentes, así como hacer reformas legislativas a fin de castigar de
manera adecuada la violencia sexual, y permitir el aborto legal en caso
de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la menor de
edad.
Estas medidas son parte de las recomendaciones del Informe Final del
Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), que
recientemente evaluó la forma en la que México acata la Convención de
los Derechos del Niño de la ONU, así como la manera en la que resuelve
las agresiones que enfrenta la infancia.
Este miércoles 10 de junio el CRC hizo públicas sus observaciones
finales –documento disponible en inglés–, en las que manifiesta su
preocupación por las diferentes circunstancias violatorias a Derechos
Humanos (DH) que enfrentan las y los niños en el país.
Los pasados 19 y 20 de mayo, una delegación oficial mexicana acudió a
Ginebra, Suiza, a presentar su informe periódico sobre el cumplimiento
de la Convención y los protocolos facultativos en la materia.
Aunque los representantes del gobierno presumieron la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en diciembre de
2014, recibieron severos cuestionamientos por parte del Comité sobre la
forma en que el Estado protege a la infancia mexicana.
En sus observaciones finales, el CRC mandató a México a asegurar que el
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel
estatal y municipal, se adopte en tiempo y forma, que cubra todas las
áreas de la convención (incluida la perspectiva de género), y que se
provean los suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para
hacer efectiva su implementación.
Al mismo tiempo se deben adoptar las medidas para asegurar el monitoreo y evaluación de la ejecución del programa.
Como parte de sus conclusiones, el CRC expresó su “profunda
consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y
estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, y
que resultan en una extremada violencia contra ellas, por lo que urgió
al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.
A través de la información presentada por el Estado mexicano y grupos
civiles defensores de la infancia, el Comité pudo observar que el
mandato de procurar “el interés superior” de la niñez no es considerado
en las decisiones legislativas, administrativas y judiciales, por lo que
urgió a que este mandato sea respetado por todos los órdenes de
gobierno.
Tras evaluar a México, las y los integrantes del CRC manifestaron su
preocupación por el hecho de que la situación de la violencia armada, el
tráfico de drogas y las pugnas entre las bandas del crimen organizado
“resulta en asesinatos de menores de edad”.
Al mismo tiempo que este contexto deriva en un alto número de
desapariciones de niñas desde los 10 años de edad, y un incremento en el
número de casos de feminicidio, situación que se agrava ante la falta
de datos oficiales desagregados por sexo y la impunidad prevaleciente.
Apelando a que México también ha ratificado el Convenio para la
Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el CRC
urgió a México a crear una Ley General de Desaparición Forzada para
tipificar este delito, y que esta norma incluya medidas específicas para
detener la desaparición de menores de edad, especialmente niñas.
También llamó a simplificar y armonizar los protocolos existentes para
la activación de la Alerta Amber, mecanismo de búsqueda de niñas y niños
desaparecidos.
Al igual que lo recomendó el Comité de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), la CRC recomendó a México armonizar
el tipo penal de feminicidio en todo el país de acuerdo con los
estándares internacionales.
También recomendó recolectar y desagregar datos de asesinatos de menores
de edad, incluidos los casos de feminicidio y desapariciones de
menores, así como de las madres y padres que han sido asesinados, y que
han dejado a hijas e hijos sin protección.
Al advertir sobre las altas tasas de violencia sexual, el Comité urgió a
reformar el Código Penal Federal, así como los códigos penales locales,
para asegurar que la violación será penalizada con base en estándares
internacionales, y al mismo tiempo remover figuras legales que pueden
ser utilizadas como excusas por los perpetradores de abuso sexual
infantil (como el estupro).
De acuerdo con el CRC, uno de los objetivos del Estado debe ser reducir
la muerte materna en las adolescentes, por lo que mandató que se asegure
la adecuada implementación del Programa de Prevención del Embarazo
Adolescente, y brindar servicios y educación sexual adecuada.
Además se deben armonizar las leyes locales y federales para garantizar
el acceso al aborto legal en los casos de violación, incesto o peligro
para la vida y la salud de las niñas, así como asegurar el acceso a
servicios post aborto “independientemente de si el aborto es legal o
no”.
Por: Anaiz Zamora Márquez, Cimacnoticias | México, DF.-
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