Entregan activistas carta a autoridades de Chihuahua
Integrantes de organizaciones civiles que integran la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir se manifestaron hoy frente a la Representación del Gobierno del estado de Chihuahua en esta capital, para exigir que se retiren los cargos penales contra dos jóvenes que fueron detenidas y exhibidas en medios de comunicación locales por interrumpir su embarazo.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) y otros organismos que integran la Campaña Nacional protestaron con consignas y pancartas, luego de que el pasado 4 de junio la Fiscalía General del Estado de Chihuahua exhibió ante medios locales a dos mujeres que habían sido detenidas, una por haber abortado y la otra por ayudar a practicar el legrado.
El artículo 145 del Código Penal de la entidad estipula de seis a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otra persona la haga abortar; mientras que el artículo 143 impone la misma pena para quien haga abortar a una mujer con su consentimiento.
Las activistas fueron recibidas por el representante del Gobierno de Chihuahua, Octavio Legarreta Guerrero, a quien entregaron una misiva dirigida al gobernador del estado, César Duarte Jáquez.
En la carta recibida se asienta que haber presentado a ambas mujeres ante los medios de comunicación sin que hayan pasado por un juicio violó su derecho al debido proceso y a las garantías de la presunción de inocencia, la vida privada, la intimidad, la reputación de las personas detenidas y la honra.
Por ello, las activistas exigieron al gobierno del estado la liberación inmediata de las jóvenes, les retire los cargos en su contra y les brinde una disculpa pública.
Asimismo, exigieron a la administración de Duarte Jáquez que asuma con seriedad los compromisos institucionales en materia de equidad de género y de derechos sexuales y reproductivos.
También demandaron acciones gubernamentales para garantizar una educación sexual laica y científica, que se doten de métodos anticonceptivos a toda la población, se implementen políticas con enfoque transversal de género, y se despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Elsa Conde, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, dijo en breve entrevista que el personal de la Fiscalía actúo sin ética y no respetó los protocolos internacionales y nacionales en materia de presentación de personas acusadas de cometer un delito, los cuales se siguen incluso cuando se trata de narcotraficantes.
Dijo que al entrevistarse con el representante del Gobierno de Chihuahua en esta capital, las activistas cuestionaron por qué el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –en el gobierno estatal– está permitiendo que se realicen este tipo de prácticas propias de la agenda del Partido Acción Nacional (PAN).
Conde detalló que en el país hay más de 700 mujeres que fueron criminalizadas por abortar tras las reformas a 16 constituciones estatales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.
No obstante, en el estado de Chihuahua (sancionado ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de feminicidio) este es el primer caso en el que se procesa a una mujer por el delito de aborto, por lo cual preocupa que se repitan los mismos patrones que en otras entidades del país, donde ya hay una “cacería de brujas”.
Las activistas observaron que lo que se está criminalizando es la pobreza y la falta de métodos anticonceptivos, ya que ambas mujeres son trabajadoras de una maquila en la que ganaban 700 pesos semanales.
Luego de la manifestación, las activistas dijeron que irían al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a solicitar que se capacite en perspectiva de género a todo el personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
A la par de esta movilización, en Chihuahua organizaciones civiles presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado en torno a este caso.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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