Estos préstamos representan el 30% de la deuda pública externa del país que, por lo tanto, se paga con los impuestos de los mexicanos.
Los datos de los préstamos que obtiene el gobierno federal de Organismos Financieros Internacionales no se transparentan, pese a que se trata de recursos públicos y una fuente importante de ingresos de la administración pública federal.
Estos préstamos representan actualmente el 30% de la deuda pública externa del país
que, por lo tanto, se paga con los impuestos de los mexicanos. Sin
embargo, el detalle de cómo se usan los recursos, en qué se invierten o
los resultados de su ejercicio no está disponible para los ciudadanos,
determinó Fundar. Centro de Análisis de Investigación tras realizar un diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo de México.
El Centro de Estudios se enfocó en 29 préstamos: 14 del Banco Mundial (BM) y 15 del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y realizó 147 solicitudes de información pública dirigidas la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a las secretarías a
cargo de implementar los recursos de los préstamos.
De esas
solicitudes sólo se obtuvo respuesta satisfactoria en 3.4% de los casos,
es decir, en cinco requerimientos de información. En el 51.7% se
remitió a los sitios web de los organismos financieros internacionales,
pero ahí no se encontraron los datos.
El resto declararon
inexistencia de información o que no había injerencia en los préstamos,
pese a que se solicitó los datos a las instancias ejecutoras de los
recursos.
“A pesar de que el marco normativo que rige dichos
préstamos es claro y completo, el gobierno no lo está cumpliendo
cabalmente. La información que brinda la SHCP es insuficiente, por lo
que no es posible conocer datos oportunos y veraces sobre la actuación gubernamental en este tema, sobre cómo gestiona los recursos públicos y el impacto de las decisiones que el gobierno toma”, concluye Fundar.
Actualmente México ocupa el segundo lugar de los prestatarios del BID, pues de los préstamos que realiza ese organismo, el 15% o 30 mil millones de dólares son para el país. En el caso del Banco Mundial, está en el tercer sitio con el 9.2% de los préstamos o 12 mil millones de dólares.
En
ninguno de los casos existe información pública completa sobre cómo se
utilizan los recursos o los cambios que implica para el desarrollo del
país su ejercicio a través de distintos proyectos, programas o políticas
públicas.
Los recursos que el gobierno mexicano obtiene de
organismos financieros internacionales, detalla Fundar, forman parte de
los ingresos públicos y por lo tanto son parte del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) que, en un debido ejercicio de
transparencia, se somete a revisión de la ciudadanía sobre su ejercicio.
Pero
además, el gobierno mexicano debe preparar reportes sobre la
implementación, seguimiento y evaluación de estos recursos que son
entregados a esos organismos y a los que debería tener acceso la
ciudadanía.
“El marco normativo claramente establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de negociar, autorizar y contratar los préstamos con los organismos financieros internacionales.
Por un lado, la SHCP es la responsable de supervisar y mantener el
registro de los recursos y de concentrar y publicar la información que
las secretarías a cargo de ejecutar los préstamos le deben brindar
periódicamente. Por otro lado, las secretarías responsables de la
ejecución deben informar a la SHCP sobre el ejercicio de estos recursos.
Por lo que, tanto la SHCP, como cada una de las secretarías a cargo de
los proyectos con financiamiento proveniente de OFIs, tienen la
obligación de transparentar dicha información”.
A lo anterior se suma que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo no están cumpliendo sus Políticas de Acceso a la Información, pues ellos mismos no tienen disponible información completa sobre los préstamos a México.
Fundar
realizó 28 solicitudes de información al BM y 45 más al BID y se
encontró con que no respetan los plazos establecidos para entregar datos
(por ejemplo, el BM demoró hasta 80 días hábiles en responder cuando su
política establece un máximo de 20) o sólo los tienen disponibles en
inglés (sólo el 47% estaba en español).
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