Una vez más logran que se regrese la propuesta a la mesa de consulta para nueva redacción
Aprueban legisladores que el Gobierno
capitalino, junto con el Congreso local, regule los cambios de uso de
suelo en casos de alto impacto
Descartan crear banca de desarrollo
Periódico La Jornada
Con la abierta oposición de los diputados de PRI,
PAN y los designados por el Ejecutivo federal a otorgar a los habitantes
de la capital el derecho a un ingreso básico universal, la Comisión de
Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática de la Asamblea
Constituyente no llegó a un acuerdo sobre dicho precepto y lo turnó a la
mesa de consulta, integrada por los coordinadores de los grupos
parlamentarios, para que elabore una nueva propuesta de redacción.
El tema, previsto en el artículo 22 del apartado Política social del
proyecto de constitución local, quedó pendiente también en la discusión
de Carta de derechos, donde los diputados opositores perdieron la
votación para suprimirlo del capítulo Derecho a una vida digna, artículo
14, Ciudad Solidaria, pero lograron devolver la propuesta a la
dictaminadora.
Los diputados designados Claudia Pastor y Fernando Lerdo de Tejada,
así como la legisladora del PRI María Fernanda Bayado y el panista
nombrado por el Senado Ernesto Cordero ratificaron su postura en contra
del precepto. Al no estar resuelto aún el dictamen de Carta de derechos,
el presidente de la comisión, Enrique Provencio, del PRD, propuso
mandar el punto a la mesa de consulta.
En la reunión que sostuvieron ayer los diputados de la comisión para
revisar más de 70 reservas planteadas a los artículos 22, 23, 24 y 25,
antes de su discusión en el pleno el próximo lunes, se aprobó incluir
una propuesta del diputado Andrés Millán, de Encuentro Social, para
prohibir a autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones
el uso de las políticas y programas sociales con fines lucrativos y
partidistas.
En la discusión del apartado De la política económica tampoco se logró un acuerdo para que la ciudad cuente
con una banca de desarrollo e infraestructuracon el fin de financiar obra pública, empresas sociales, culturales y de innovación, vivienda y proyectos productivos de diversos sectores.
Cordero advirtió que de crear una banca de desarrollo del gobierno de
la ciudad, no sólo acabaría defraudando a sus cuentahabientes, sino en
un rescate como el Fobaproa, a lo que la diputada de Morena Margarita
Valdéz recordó que ese fondo
no salvó a banquitos ni a cooperativas, sino a grandes instituciones crediticias como Banamex, en tanto que Ifigenia Martínez, del PRD, resaltó la capacidad financiera de la ciudad para intervenir en ese ámbito.
Limitan concesiones de transporte público
Tras enfrascarse el pleno de la Asamblea Constituyente en
una discusión de procedimiento, que se prolongó más de dos horas, la
mesa directiva dio por aprobado en la madrugada de ayer, en lo general y
particular, el dictamen del artículo 21 del proyecto de constitución
local, el cual señala que corresponde al gobierno de la ciudad regular
los cambios de uso de suelo con la participación del Congreso local en
casos de alto impacto.
Tras la revisión a que fue sometido el dictamen, discutido en el
pleno con la depuración de las reservas, se adicionó al texto
constitucional que serán motivo de sanciones penales el otorgamiento de
permisos, licencias o autorizaciones que violen las leyes o programas de
ordenamiento territorial, así como destinar en forma dolosa un inmueble
con un uso distinto al permitido.
La discusión del artículo se desahogó en la medianoche del sábado.
Antes de que el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas,
hiciera la declaratoria correspondiente, la pretensión del diputado del
PAN Roberto Gil de revivir las reservas que no le fueron aprobadas en la
revisión del órgano dictaminador generó un debate que llevó a concluir
la sesión alrededor de las tres horas de ayer, lo que impidió someter a
votación en lo general el artículo 22, antes de declarar un nuevo
receso, como había ocurrido en días previos.
El artículo, que contiene la prohibición de privatizar los servicios
de agua potable y drenaje, así como la recolección de basura, tiene
pendiente, en el apartado de regulación del suelo, definir si las
acciones de compensación y mitigación de los desarrollos inmobiliarios
se aplicarán exclusivamente en la zona en las que se realizan las obras o
si se trasladarán a áreas de alta marginación.
Dentro del rubro de Movilidad y accesibilidad, se definió que las
autorizaciones o concesiones para el transporte público colectivo podrán
otorgarse sólo a empresas sociales y particulares, pero dejando a salvo
el derecho de quienes obtuvieron títulos para la prestación del
servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la constitución
local.
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