Gabriela Rodríguez
La Jornada
El ritmo de la constitución
que estamos construyendo en la Ciudad de México es un juego político de
figuras, pausas y movimientos improvisados, como un tango: caminamos,
luego viene un corte y en seguida la quebrada. Al llegar al paso del
quiebre, como que nos soltaron más de la cuenta; hoy está costando mucho
esfuerzo el poder reincorporarnos.
El ejercicio ha sido muy productivo, los logros hasta ahora no son
nada despreciables, porque en cuanto a los principales derechos
sociales, económicos y culturales, vamos caminando al ritmo Morena, PRD y
Movimiento Ciudadano. El problema ahora es que el PRI y el PAN, junto
con su séquito del partido Verde, del PES y del Panal, quieren quebrar
el avance; están como asustados: eso de que las izquierdas vayan juntas,
que crezca la imagen de una ciudad donde ha gobernado la oposición, que
la nueva constitución brille demasiado frente a la Constitución federal
–que acusa tantos retrocesos reformistas– y además, que el líder de
Morena se apuntale tan alto en las encuestas, no les conviene para nada,
tampoco al PRD; pareciera que no quieren abonar en tales direcciones.
Desde el principio hubo oposición en aquellos asuntos que ponen en
riesgo intereses financieros de las élites políticas y empresariales,
que empoderen demasiado a las mujeres o a la ciudadanía.
El paso de avance de esta semana fue garantizar el agua, considerando varios rubros estratégicos en el artículo 14:
El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Clara Brugada, de Morena, lo explicó muy bien: “El agua no es una mercancía ni puede ser un negocio, la gestión incluye todo el proceso para la obtención y distribución del agua, pública y sin fines de lucro; se trata de un logro lo que se obtuvo en comisiones, pero una minoría que se convirtió en mayoría artificial –se refiere a diputados de PRI y PAN– trataron de quitar la no privatización del servicio del agua, pero más de dos tercios de diputados logramos impedirlo”.
Con una cadencia triste en este baile, se desdibujó el papel de las
organizaciones de la sociedad civil en el artículo 22. Venía bien en el
proyecto original
El diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se realizarán con la participación de las y los habitantes y sus organizaciones en el nivel territorial que corresponda, caminaba bien, pero vino el corte en la última revisión, y quedó:
Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se realizarán con la participación de sus habitantes, de acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución. Nos sorprendió que el PRD y los diputados constituyentes aprobaran esta última redacción, que elimina a las
organizaciones; quedaron borradas, y también quitaron la precisión de su papel en el diseño, ejecución y evaluación de políticas y programas; no es cosa menor. El compañero Raúl Bautista, de Morena, lo dijo fuerte:
es muy fácil y cómodo satanizar a las organizaciones sociales, las descalifican de corruptas, que se aprovechan de los programas, siempre tratan de ver el lado oscuro, desconocen todos los aportes que han hecho para mejorar esta ciudad, personalmente me ofende esta omisión, porque dirijo una organización civil, y me consta que lo único que hacemos es colaborar con el Estado para que no se caiga a pedazos este pobre país, pero no confundamos: son los políticos sin escrúpulos que a veces crean organizaciones o inventan empresas fantasmas para robar. Mayela Delgadillo también argumentó bien su voto contra la última redacción:
la ciudadanía está cambiando, ahora participa y contribuye directamente en mejorar y evaluar las políticas públicas.
El tema del ingreso básico universal sigue atorado; a las
derechas les horroriza que hasta los miserables cuenten con un ingreso y
vivan sin hambre. ¿Luego quién les comprará por $1000 pesos un voto? Un
trabajo clave al respecto es el del economista Pablo Yanes. Señala que
la experiencia de Renta Dignidad, que existe en Bolivia, así como la de
la Pensión universal de adultos mayores que se creó en el Distrito
Federal bajo la jefatura de López Obrador, arrojan coincidencias y
convergencias muy importantes, como antecedentes para impulsar este
derecho, que implica la universalidad y su carácter individual
vitalicio, no a los hogares, y el de no sujetarse al cumplimiento de
condicionalidades, como otras transferencias condicionadas (Pablo Yanes,
La renta básica como derecho emergente, México Social, primero
de diciembre 2016). Otros temas en quiebre con las derechas es el voto a
los 16 años; bien señaló la compañera Patricia Ortiz Couturier:
abonaría a la justicia intergeneracional, y en cuanto al plebiscito y el
fortalecimiento de las alcaldías, parece que hay apoyo del PAN. Qué
bueno, porque es necesario para fortalecer la democracia directa.
En fin, con un ritmo inarmónico, el grupo de constituyentes sigue los
pasos de un nuevo tango que, como decía Alicia Dujovne, visto de frente
es como un monstruo de dos cabezas y cuatro patas, lánguido o vivaz,
que vive lo que dura una canción. Esperamos que esta constitución no
muera en el último compás.
Twitter: @Gabrielarodr108
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