Alzas, una violación a los derechos humanos, coinciden ONG
Se afecta el Seguro Popular y los recursos para pensiones, advierten
Periódico La Jornada
El incremento en los precios de alimentos, transporte público y servicios, causado por el gasolinazo,
hará que los sectores más empobrecidos tengan más dificultades para
acceder a condiciones de vida dignas, lo cual también puede considerarse
como una violación de sus derechos humanos más elementales, advirtieron
organizaciones civiles.
Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que para entender las
implicaciones del aumento en los combustibles, primero se debe tomar en
cuenta que en México el salario mínimo ha perdido 81 por ciento de su
poder adquisitivo en los pasados 30 años.
De igual forma, 56 por ciento de la población económicamente activa
labora en la informalidad y 46 por ciento de los mexicanos viven en
condiciones de pobreza, de los cuales 9.5 por ciento está en pobreza
extrema.
“Este es el contexto del gasolinazo, y si la situación es de
por sí mala, se está volviendo insostenible para una gran cantidad de
personas que ya no buscan una vida digna, sino nada más la
sobrevivencia. Todo ello implica violaciones al derecho al empleo, a la
educación, a la salud, a una vivienda digna y, por supuesto, a la
alimentación”, subrayó la activista.
Pese a la gran importancia de estos factores, “el aumento tan
exacerbado de la violencia en el país, con la tortura, las
desapariciones forzadas o las ejecuciones, llama la atención de la
mayoría de las personas, lo cual hace menos visible la violación de
estos derechos económicos, que no son vistos como tales por muchos
estados, sino únicamente como ‘aspiraciones sociales’”.
Ben Cokelet, director ejecutivo de la organización civil Poder,
coincidió en que el aumento en el precio de las gasolinas viola los
derechos humanos de toda la población, pero sobre todo los de los
sectores más precarizados, en la medida en que obstaculiza su capacidad
de trabajar y de obtener los satisfactores básicos.
Entre todas las afectaciones, el especialista consideró que una de
las más graves es la que se refiere al derecho de las comunidades a
proteger sus recursos naturales, ya que el gobierno puede tomar como
pretexto el alza de las gasolinas para obligar a muchos pueblos a ceder
sus tierras con tal de acceder a los combustibles a un precio menos
alto.
Con el argumento del alza,
podrían decirle a las comunidades indígenas o rurales más apartadas que si quieren tener costos más económicos, permitan la entrada de gasoductos en su territorio, y esa sería otra manera de empobrecer y alienar a los pueblos que están en pie de lucha contra la reforma energética, consideró.
En este contexto, Antonio Vital Galicia, de la Alianza de
Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, afirmó que debido al
incremento en el precio de la gasolina se dejó de contratar personal
para el Seguro Popular en la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y
Jalisco.
En entrevista, subrayó que aunque las autoridades justificaron el gasolinazo con la permanencia de dicho programa social, a final cuentas éste ya resultó afectado.
La primera semana de enero
a miles de trabajadores del Seguro Popular se les debía renovar el contrato, pero no fue así, aseveró Vital. En Guerrero, unos 2 mil empleados se beneficiarían de
un movimiento de escalafón y por fin les darían una plaza. Y no sólo no se las dieron, sino que además no los recontrataron, aseveró.
En Veracruz hay otros 300 afectados, y
aunque no tenemos la cifra exacta, en la Ciudad de México y Jalisco, ocurre lo mismo. En algunas localidades suspendieron el pago de una prestación económica integrada al salario, indicó.
Asimismo, denunció que la caída del peso frente al dólar está
repercutiendo en el costo de los insumos médicos, pues muchos de ellos
se importan y su valor está tasado en la moneda estadunidense que esta
semana rebasó los 22 pesos.
Además,
debido a la crisis económica, los recursos para pagar las pensiones se verán afectados. Desde hace seis años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha realizado la actualización anual y
a un millón de jubilados les debe retribuciones de 150 pesos mensuales.
Por ello, Vital anunció el surgimiento de la Asamblea de la
Indignación, integrada por trabajadores activos y jubilados, así como
por estudiantes. Esta semana sus miembros acudirán a hospitales y
universidades para informar sobre los efectos del gasolinazo, y el próximo martes 31 se unirán a la jornada nacional de protesta.
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