Jesús Martín del Campo
La Jornada
Este 10 de junio se cumplen 46 años de la masacre perpetrada por los Halcones,
grupo paramilitar patrocinado y cobijado por el gobierno de Luis
Echeverría. Más de 100 estudiantes muertos, centenares de heridos,
periodistas golpeados y un ambiente de terror se vivió la tarde de aquel
jueves en San Cosme y los alrededores de la Normal.
Pasaron poco más de 30 años para que se iniciaran investigaciones
sobre el caso. De acuerdo con las pruebas acumuladas para entonces y a
la jerarquía de sus funciones, la principal responsabilidad de la
planeación y orden de ejecución del Halconazo recae en Luis Echeverría Álvarez, presidente de México en 1971.
La Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
(Femospp) fue la instancia encargada de la investigación y de impulsar
los juicios de responsabilidad de los ex funcionarios implicados en los
crímenes del 2 de octubre y del 10 de junio. Pero cuando todo apuntaba a
que vendría la condena de los, a todas luces, responsables de tan
atroces delitos, una magistrada exoneró a Luis Echeverría.
En efecto, la magistrada Herlinda Velasco, en un documento de sentencia sobre el Halconazo, que tiene cerca de 800 páginas, reconoce primero la existencia de los Halcones;
que eran entrenados por personal del Ejército mexicano; que se les
distribuyeron armas como ametralladoras y rifles con las que asumieron
en la marcha posiciones de disparo; que fueron trasladados al lugar de
los hechos en camiones grises esperando órdenes para proceder al ataque
contra los estudiantes; a quienes siguieron tanto en los hospitales como
en los lugares donde se escondían para seguir atacándolos; también dice
que intervinieron grupos de granaderos y policías que bloquearon la
marcha y que ayudaron y dieron apoyo logístico al grupo de los Halcones para la realización de su cometido, resultando de todo ello una emboscada; que el grupo de los Halcones
dependía del Estado, siendo su jefe común el militar Manuel Díaz
Escobar Figueroa, subdirector de Servicios Generales del Distrito
Federal; que el gobierno utilizó a dicho grupo para que interviniera en
la manifestación estudiantil del 10 de junio y que agredieron a las
personas que pretendían manifestarse pacíficamente en el lugar de los
hechos, privando de la vida a algunas personas.
Todo lo anterior son elementos que hablan de un crimen de Estado,
pero la magistrada dio un giro antijurídico, frívolo y aberrante al
exonerar a Luis Echeverría. Al cerrarse las puertas de la justicia en
México, al aliarse el aparato gubernamental actual y los jueces de
consigna con los autores de las masacres, hay negación de justicia. Por
ello recurrimos a las instancias internacionales. Los del Comité 68
promovimos una queja por denegación de justicia por el caso del 10 de
junio de 1971 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma
que ha pedido al gobierno mexicano que le remita los expedientes del
caso. Daremos los pasos necesarios para que así suceda. El caso no está
cerrado. En otros países, como Argentina, Chile y Guatemala, se ha
logrado reabrir los procesos de crímenes semejantes con el consecuente
enjuiciamiento y castigo de quienes los cometieron.
No cejar en el empeño de acabar con la impunidad de quienes
cometen crímenes de Estado es muy importante. Lo que sucedió con los
estudiantes de Ayotzinapa nos estremeció y nos vuelve a mostrar de lo
que es capaz un gobierno autoritario. La obstrucción de la investigación
y el cinismo para hacerlo son la repetición de lo hecho con el 68, el
71 y la guerra sucia.
Mientras que en la sociedad mexicana se avanza en la idea de ampliar
los derechos humanos y de convertirlos en la base de todos los demás
derechos, los funcionarios del gobierno mexicano pregonan que los
defienden y se obstinan en violarlos. Así ha sucedido con los maestros,
los estudiantes de las normales rurales y tantos otros. La
criminalización de la protesta lleva al encarcelamiento de muchos que
participan en manifestaciones pacíficas y con demandas legítimas. Exigir
la liberación de los presos por luchar es una consigna vigente.
Ahora nos encontramos ante un peligro mayor, el gobierno y sus
aliados en el Congreso quieren que se aprueben leyes de seguridad
interior que nos llevarían a un retroceso y convertirían al Ejército en
el instrumento principal para controlar y reprimir a la población. Como
recordamos muchos, el Ejército fue utilizado para reprimir al
estudiantado en 1968 y 1971, teniendo como resultado las masacres del 2
de octubre en Tlatelolco y del 10 de junio en San Cosme. No debemos
permitir que se consume ese atentado. Ojalá que haya el número
suficiente de legisladores dispuestos a frenarlo.
La obstrucción del gobierno mexicano para reabrir la investigación
sobre el 10 de junio de 1971 convierte a Luis Echeverría en la
personificación emblemática de la impunidad cínica y sistémica del
Estado mexicano. Tenemos que acabar con ello y pugnar porque México sea
parte de la jurisdicción universal de la justicia.
En la manifestación de este 46 aniversario del Halconazo la consigna seguirá siendo: Por la memoria, por la verdad y la justicia, ¡Diez de junio, no se olvida!
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